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Comunicado de Prensa
Relatoria Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
Washington, DC—La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la persistente ausencia o débil incorporación de un enfoque de derechos humanos en los marcos de reparación y salida responsable adoptados en el contexto de proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. En particular, la Relatoría observa con inquietud que muchas de estas políticas y prácticas, promovidas por diversos actores —incluyendo instituciones financieras de desarrollo que operan en la región— no garantizan de forma adecuada la reparación integral de los daños causados ni aseguran procesos de consulta amplios, significativos y culturalmente apropiados con las comunidades afectadas.
La Relatoría Especial considera indispensable que los Estados garanticen que cualquier instrumento o política de desarrollo en sus territorios —contemplando aquellos financiados por terceros actores— se encuentre plenamente alineado con los principios de reparación integral, participación significativa y no discriminación, conforme al corpus iuris del sistema interamericano e internacional de derechos humanos. En este sentido, la REDESCA recuerda que, tal como fue desarrollado en su informe temático Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos, los Estados tienen la obligación de prevenir y remediar las afectaciones a los derechos humanos derivadas de actividades empresariales, así como de asegurar mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación, aun cuando se trate de proyectos financiados por instituciones financieras internacionales. Estos estándares destacan la responsabilidad indelegable de los Estados de garantizar que el desarrollo económico no ocurra a expensas de la dignidad y los derechos de las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
Asimismo, la REDESCA subraya que el derecho a la reparación integral debe ser el cimiento de toda política de salida responsable. Si bien reconoce avances en la adopción de nuevas salvaguardias y marcos socioambientales por parte de diversos actores, la Relatoría Especial observa que persisten brechas significativas que deben ser subsanadas para asegurar la protección de las comunidades afectadas y prevenir la impunidad frente a eventuales abusos o violaciones de derechos humanos.
En este contexto, la Relatoría Especial valora los esfuerzos orientados al desarrollo de un Marco de Remedio y de Principios de Salida Responsable, impulsados por la Corporación Financiera Internacional —brazo del sector privado del Banco Mundial— como un paso relevante hacia la construcción de estándares más sólidos de rendición de cuentas. No obstante, advierte que persisten vacíos sustantivos en la integración efectiva de un enfoque de derechos humanos en dichos marcos regulatorios y en su aplicación práctica. En ese sentido, la REDESCA resalta la importancia de que estos procesos se desarrollen en diálogo constructivo y coordinado con los mandatos de los sistemas de protección internacional y regional de derechos humanos, a fin de asegurar que las políticas e instrumentos adoptados sean coherentes con las obligaciones jurídicas que vinculan a los Estados y respondan efectivamente a las realidades y necesidades de las comunidades afectadas.
Por otra parte, la responsabilidad en la salida de proyectos —entendida como una desvinculación planificada, transparente y con participación de las comunidades afectadas, que garantice la reparación de los daños causados— exige procedimientos claros y mecanismos efectivos de consulta y seguimiento. La REDESCA observa con preocupación que, en diversos casos, las desinversiones o terminaciones anticipadas de financiamiento han ocurrido sin informar debidamente a las comunidades ni garantizar el cumplimiento de compromisos pendientes, dejándolas en situación de mayor vulnerabilidad. Para revertir esta práctica, resulta necesario establecer planes de salida responsable construidos en consulta estrecha con las partes interesadas locales y los mecanismos independientes de reclamación, incluyendo cronogramas de cumplimiento, seguimiento de impactos y disposiciones específicas para la atención y reparación de los daños identificados.
En el contexto de proyectos de desarrollo, las personas defensoras de derechos humanos enfrentan riesgos significativos, tales como amenazas, intimidaciones y violencia. La REDESCA destaca la importancia de prevenir y combatir las represalias contra personas defensoras de derechos humanos y liderazgos comunitarios en el contexto de proyectos de desarrollo. En la actualidad, toda estrategia de salida responsable o proceso de reparación debe incorporar un análisis específico de riesgos de represalias, así como establecer medidas eficaces de protección para quienes expresan críticas, presentan quejas o participan activamente en la defensa de sus derechos. Estas acciones deben estar en plena conformidad con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos y con las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Escazú.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
No. RD062/25
11:45 AM