La CIDH expresa su preocupación por el aumento de la violencia y la agudización de la crisis humanitaria en Haití

17 de abril de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por el aumento de la violencia y el deterioro de la situación humanitaria en Haití, y especialmente en la capital del país, Puerto Príncipe. La Comisión condena la reciente serie de ataques de bandas, que han generado numerosas muertes, desplazamientos masivos de población y violaciones generalizadas de los derechos humanos.

Según informes de Naciones Unidas, entre enero y marzo, más de 260 personas murieron y 66 resultaron heridas en ataques de bandas en los distritos de Kenscoff y Carrefour de Puerto Príncipe. Esos ataques generaron el desplazamiento de más de 3.000 habitantes de esas zonas, así como la destrucción de aproximadamente 190 hogares. En abril, las bandas irrumpieron en un centro penitenciario de la ciudad de Mirebalais y soltaron a más de 500 presos, mientras cientos de habitantes de la ciudad huían de sus hogares. Estas cifras se suman a las 5.600 personas que murieron como consecuencia de la violencia de las bandas en 2024, según datos publicados por Naciones Unidas en diversos informes. La Comisión está especialmente alarmada por los relatos de graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas perpetrada por los grupos armados.

El 2 de abril de 2025, miles de personas haitianas salieron a las calles para denunciar la escalada de la violencia de las bandas y para exigir al Gobierno medidas eficaces contra ella. Las manifestaciones, que inicialmente fueron pacíficas, incluyeron más tarde enfrentamientos violentos y disparos cerca de instalaciones gubernamentales, lo cual reflejó la frustración de la población ante la aparente inacción de las autoridades. En respuesta a la crisis, el presidente del Consejo Presidencial de Transición haitiano anunció planes de destacar a agentes de la Brigada de Vigilancia de las Zonas Protegidas (BSAP) en apoyo de la policía. Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación sobre la eficacia de esas medidas y han señalado su temor a que generen más violaciones de los derechos humanos, además de destacar la necesidad de una reforma integral en el ámbito de la seguridad.

A la Comisión le preocupan también distintos informes que apuntan a que la debilidad del control fronterizo ha facilitado el ingreso de armas de fuego en Haití y que eso ha incrementado la capacidad de las bandas para perpetrar actos de violencia. Naciones Unidas ha subrayado que las fuerzas policiales y aduaneras tienen escasez de personal y malos sueldos y que están mal preparadas para monitorear y controlar la llegada de armas al país.

Dada la magnitud de esta crisis, el Estado es el principal organismo responsable de tomar medidas de seguridad eficaces para restablecer el orden público, facilitar la libre circulación de personas y bienes y proteger a la población de la violencia relacionada con las bandas. Es esencial que cualquier operativo de seguridad que se lleve a cabo en este contexto respete estrictamente los estándares internacionales de derechos humanos y que evite cualquier uso excesivo de la fuerza y cualquier abuso. El Estado también debe reforzar su propia capacidad institucional de impedir el tráfico ilegal de armas de fuego y otros tipos de contrabando, para interrumpir el flujo de armas que alimenta la violencia de las bandas.

Dado el carácter transfronterizo del tráfico ilegal de armas, la Comisión destaca también la importancia de establecer mecanismos de cooperación internacional para el intercambio de información pertinente sobre transferencias de armas y sobre cómo prevenir actividades delictivas relacionadas con ellas. En ese sentido, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego (CIFTA) insiste en la obligación de los Estados de las Américas de cooperar a nivel bilateral, regional e internacional para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Por último, dadas las dimensiones humanitaria y transnacional de esta crisis, la CIDH insta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a brindar a Haití ayuda concreta y robusta. La Comisión solicita a los Estados Miembros de la OEA que apoyen a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de la ONU para Haití, mediante cooperación directa, mediante la movilización de recursos humanos, materiales y financieros, y mediante la distribución oportuna de asistencia humanitaria a las personas afectadas. Al mismo tiempo, la CIDH destaca que la resolución de la crisis en Haití requiere un diálogo inclusivo y participativo. El Estado debe generar espacios de interacción significativa con partidos políticos, sociedad civil, líderes de la comunidad y otras partes interesadas pertinentes, de cara a desarrollar respuestas integrales sostenibles que aborden las causas estructurales de la violencia y de la fragilidad institucional.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

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