COP30 | REDESCA urge a situar la justicia fiscal en el centro de la financiación climática con enfoque de derechos humanos

14 de noviembre de 2025

Washington, DC—La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por la insuficiente respuesta financiera frente a la emergencia climática y llama a los Estados a acordar compromisos ambiciosos, verificables y con enfoque de derechos en la COP30 de Belém. La REDESCA ha reconocido que el cambio climático es una de las mayores amenazas al goce de derechos en las Américas. La región ya enfrenta pérdidas humanas y económicas significativas por eventos extremos, lo que exige acelerar la acción climática con justicia social.

La REDESCA toma nota de los avances de la COP29 -incluido el aumento de las contribuciones de los países desarrollados-; sin embargo, los flujos de financiación climática siguen siendo insuficientes y distribuidos de manera inequitativa, lo que obstaculiza las políticas de transición en los países y comunidades que más sufren los impactos y carecen de recursos para financiarlas, mientras que quienes tienen mayor responsabilidad histórica por las emisiones han cumplido de forma insuficiente sus obligaciones de financiación. En particular, los aportes iniciales al Fondo de Pérdidas y Daños están muy por debajo de las pérdidas anuales estimadas; cerrar esta brecha exige recursos nuevos y adicionales -preferentemente en forma de donaciones y otros instrumentos no generadores de deuda- y una asignación equitativa acorde con responsabilidades históricas y capacidades para no agravar la carga de las naciones más vulnerables. La COP30 y la Hoja de ruta de Bakú a Belém deben dar lugar plan creíble y verificable que elimine barreras de acceso y priorice financiación pública predecible, adicional e innovadora.

En consonancia con la Opinión Consultica 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de cooperación abarca todas las medidas necesarias para responder integralmente a la emergencia climática -incluida la atención de pérdidas y daños- y debe ejercerse de buena fe, considerando las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas. En ese marco, los Estados desarrollados deben liderar la provisión de recursos financieros y promover un sistema económico internacional abierto y propicio que permita a los países en desarrollo implementar medidas de mitigación, adaptación y respuesta a pérdidas y daños, de acuerdo con sus obligaciones bajo el régimen climático y los estándares interamericanos.

Para garantizar coherencia fiscal–climática, la REDESCA llama a coordinar los resultados de la COP30 en Belém con las negociaciones que simultaneamente se están desarrollando en Nairobi para una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional. Este proceso puede frenar los flujos financieros ilícitos, ampliar la transparencia y el intercambio automático de información, y abrir la puerta a fuentes innovadoras de ingresos públicos –por ejemplo, gravámenes a ganancias extraordinarias de combustibles fósiles o a las emisiones del transporte internacional, y eliminación gradual de subsidios fósiles–, canalizando esos recursos a una transición justa. La REDESCA enfatiza que la justicia climática y la justicia fiscal son dimensiones inseparables de un mismo esfuerzo y deben avanzar de manera coordinada.

En el plano interno, los Estados deben incorporar la perspectiva de justicia fiscal en sus políticas climáticas mediante marcos tributarios y presupuestarios progresivos que redistribuyan recursos hacia la resiliencia comunitaria, garanticen transparencia y rendición de cuentas y aseguren participación informada y efectiva. Ello exige el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales -incluida la consulta libre, previa e informada-, así como de mujeres, juventudes y otros grupos en situación de vulnerabilidad; la realización de evaluaciones de impacto ambiental, climático y de derechos humanos; y la adopción de salvaguardas de integridad. En consecuencia, los Estados deben garantizar entornos seguros para la participación de las personas titulares de derechos y prevenir la influencia indebida de actores económicos vinculados a la cadena de valor de los combustibles fósiles, así como de cualquier otro interés privado que pueda generar conflictos de interés en la formulación e implementación de políticas.

La REDESCA reitera su disposición para asistir a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones climáticas y para monitorear que los resultados de la COP30 se traduzcan en políticas públicas con enfoque de derechos humanos y justicia fiscal.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. RD230/25

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