CIDH: Los Estados deben asegurar el desarrollo con enfoque de género para todas las mujeres, niñas y adolescentes

26 de noviembre de 2025

Washington, D.C. – En ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), llaman a los Estados a redoblar esfuerzos para reducir la pobreza multidimensional y las brechas de género en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres.

Según datos de la CEPAL, el 27,4% de las mujeres vive en situación de pobreza multidimensional en América Latina y el Caribe y, en 2023, por cada 100 hombres en hogares en situación de pobreza había 121 mujeres. Esto es lo que se conoce como feminización de la pobreza y está vinculada con la falta de acceso y control de recursos, la discriminación en el ejercicio de derechos – como la salud, educación y el trabajo-, y la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, factores que incrementan su exposición a la violencia de género.

En América del Norte, las mujeres también presentan niveles más altos de pobreza y de menores ingresos que los hombres, en particular, las mujeres, niñas y adolescentes de grupos históricamente marginados y discriminados, evidenciando brechas estructurales persistentes y déficits en la medición multidimensional desagregada. Estas brechas se amplían cuando los desastres naturales, como los huracanes, devastan la infraestructura y afectan los medios de vida.

No obstante, algunos Estados registran avances normativos. Al menos ocho Estados han aprobado leyes que crean sistemas o políticas nacionales de cuidados orientadas a reducir estas responsabilidades feminizadas. Asimismo, se destacan marcos integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, la ampliación del acceso a la educación y, en algunos países, el aumento de la participación de las mujeres en la política.

Por su parte, la Corte Interamericana ha subrayado que la distribución desigual del trabajo de cuidados basada en estereotipos negativos y patrones socioculturales constituye un obstáculo estructural para el ejercicio en igualdad de los derechos al trabajo, la seguridad social y la educación

La autonomía física, económica y reproductiva de las mujeres es esencial para el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Sin embargo, la pobreza, la discriminación y la violencia de género limitan gravemente su autonomía y su desarrollo.

La Convención de Belem do Pará reconoce que eliminar la violencia contra las mujeres es una condición indispensable para su desarrollo individual y social y su participación igualitaria en todas las esferas de la vida. En ese sentido, los Estados deben eliminar las barreras que impiden el desarrollo de sus capacidades y la realización de sus proyectos de vida.

La CIDH y la REDESCA urgen a los Estados a diseñar e implementar políticas públicas integrales y sostenibles en materia económica, social, cultural y ambiental que produzcan mejoras reales en la vida de las mujeres. Estas políticas deben incorporar un enfoque de igualdad, interseccional e intercultural, que responda a los desafíos diferenciados que enfrentan las mujeres en toda su diversidad. Asimismo, instan a reforzar las medidas de prevención de la discriminación y la violencia, garantizando la autonomía y el derecho a una vida digna. Además, la cooperación internacional es necesaria para abordar los efectos de los desastres naturales, los cuales tienen un impacto diferenciado en razón del género en las mujeres, niñas y adolescentes, incluyendo un mayor riesgo de violencia sexual y la pérdida de empleo.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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