CIDH publica informe sobre derechos humanos en Guatemala

1 de diciembre de 2025

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala”, resultado de la visita in loco, realizada entre el 22 y el 26 de julio de 2024. Este documento analiza los desafíos estructurales que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos en este país. En especial, aquellos vinculados con el proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país, a partir de la última visita realizada en el 2017, con actualizaciones hasta el 2025.

La CIDH concluye que Guatemala enfrenta serias amenazas a la gobernabilidad y el Estado democrático de derecho, debido al control de algunas instituciones estatales por parte de actores externos, políticos y económicos, articulados en torno a intereses que buscan perpetuar privilegios y asegurar la impunidad.

El informe da cuenta de cómo el Ministerio Público se ha apartado de su mandato constitucional y legal de ejercer la acción penal de forma independiente, autónoma y objetiva, en defensa del interés general de la población. Esta institución fue cooptada y desmantelada para operar como un instrumento de persecución selectiva. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que lideró procesos emblemáticos de combate a la impunidad ahora actúa para blindar al statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan. Ello fue evidenciado en las acciones impulsadas por la Fiscalía General y respaldada por algunos operadores de justicia que pusieron en entredicho los resultados de las elecciones generales de 2023 y que continúan intentando socavar el mandato democrático y la legitimidad del gobierno.

Desde 2017, la criminalización fue dirigida como represalia contra personas operadoras de justicia y exfuncionarias de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que habían intentado investigar los intereses de grupos y élites comprometidas en hechos de corrupción; de modo que la criminalización tiene el claro objetivo de mantener la impunidad y los privilegios de ciertos sectores. No obstante, la CIDH corrobora en su informe que la instrumentalización del derecho penal se ha extendido a las personas que ejercen la defensa legal de personas criminalizadas, comunidades indígenas, campesinas y sindicales, periodistas, estudiantes y personal académico, funcionarios públicos, incluyendo operadores de justicia, el exprocurador de derechos humanos, hasta al Presidente y la Vicepresidenta de la República. Esta práctica tiene un efecto disuasivo y colectivo, que ha fomentado la autocensura en el espacio cívico, tanto en el entorno físico como digital.

Esta situación ha sido posible además por la connivencia de intereses particulares con el Ministerio Público y sectores del Poder Judicial que, bajo una apariencia de legalidad, han contribuido a legitimar procesos de persecución penal selectiva sin las debidas garantías y mediante la privación arbitraria de la libertad. Simultáneamente, las personas operadoras de justicia que han actuado conforme a derecho han enfrentado hostigamiento, estigmatización, amenazas, traslados arbitrarios y procesos penales infundados, lo que ha forzado a muchas de ellas al exilio.

En este contexto, la impunidad, particularmente en casos de corrupción a gran escala y por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno se ha profundizado. Durante la visita, la CIDH constató un patrón de obstaculización, archivo y estancamiento de los procesos de justicia transicional, decisiones judiciales contrarias a las obligaciones internacionales, así como la amenaza permanente de iniciativas para establecer leyes de amnistía. Sumado a ello, el desmantelamiento de la institucionalidad derivada de los Acuerdos de Paz ha comprometido la capacidad del Estado para responder a las demandas de las víctimas y cumplir con sus compromisos internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La CIDH reafirma la urgencia de avanzar en reformas estructurales del sistema de justicia que garanticen la independencia judicial, establezcan procesos de selección y nombramiento de autoridades conforme a estándares internacionales de mérito, objetividad y transparencia, así como mecanismos para la rendición de cuentas frente al uso arbitrario del derecho penal. En este sentido, los próximos procesos para la renovación de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General de la República constituyen una oportunidad para recuperar la legitimidad del sistema judicial y fortalecer la institucionalidad democrática.

En su informe la CIDH además concluye que en Guatemala persisten desafíos significativos para combatir la pobreza y la desigualdad, así como para garantizar el pleno ejercicio de los DESCA. Entre ellos, la concentración del poder económico, una estructura estatal débil con escasa capacidad de recaudación fiscal, altos niveles de corrupción, y un contexto de discriminación, violencia, racismo y exclusión de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y rurales. A su vez, persisten severas restricciones en el acceso a derechos como el agua y saneamiento, la salud, la educación, la alimentación, el trabajo, la seguridad social y el derecho a un medio ambiente sano.

Los pueblos indígenas viven en condiciones extremadamente desfavorables en comparación con el resto de la población, con limitaciones al acceso a servicios básicos, energía eléctrica, falta de condiciones dignas de vivienda, limitadas oportunidades laborales y productivas, y obstáculos para el acceso a la justicia. La falta de certeza jurídica y el accionar coordinado de empresas privadas con el Poder Judicial y el Ministerio Público ha resultado en la apropiación y desalojo forzado de sus tierras ancestrales. Esta situación refleja la prevalencia de las relaciones económicas, culturales y sociales excluyentes que dieron lugar al conflicto armado interno. A su vez, se agrava por el impacto de desastres naturales y el cambio climático, la perpetuación de la pobreza y altas tasas de migración.

Por otra parte, la labor de personas defensoras sigue siendo una actividad de alto riesgo en el país debido a graves patrones de violencia y el abuso del derecho penal como mecanismo de hostigamiento, intimidación y obstaculización; en particular contra comunidades indígenas, campesinas y personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Del mismo modo, las mujeres defensoras enfrentan violencia por razones de género y patrones de la criminalización que las afectan de manera diferenciada. En este escenario, la CIDH reconoce algunos avances institucionales recientes para su protección, dentro de los cuales la implementación efectiva de la política de protección para las personas defensoras, conforme la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2014, constituye una prioridad.

Asimismo, el informe da cuenta de la situación de las personas indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad humana y las privadas de libertad, quienes experimentan condiciones de vida marcadas por la desigualdad, la exclusión y la violencia. Si bien se reconocen iniciativas que atienden sus necesidades específicas, se mantienen desafíos para garantizar la protección de sus derechos en condiciones de igualdad.

La CIDH formula un conjunto de 43 recomendaciones al Estado en todos estos temas. En este contexto, reitera su compromiso de acompañar a Guatemala en la restauración de la institucionalidad democrática basada en la protección y garantía de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, así como en la memoria histórica, la reparación integral de las víctimas, el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de Paz, y en políticas efectivas para revertir la desigualdad. La CIDH subraya que este proceso requiere una voluntad política de los tres poderes del Estado, que trascienda a los gobiernos en turno, así como la participación de la sociedad civil guatemalteca y el respaldo decidido de la comunidad internacional.

La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia

No. 245/25

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