La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha abordado la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran las personas con discapacidad en las Américas a través de su sistema de peticiones y casos, medidas cautelares, audiencias generales e informes de país. La Comisión ha advertido sobre los múltiples desafíos que enfrentan las personas con discapacidad para el reconocimiento y garantía de sus derechos, especialmente en el  ejercicio de su capacidad jurídica; acceso a la justicia; modos de vida independiente; acceso a la salud, seguridad social, habilitación y rehabilitación  ajustes razonables;  educación inclusiva ; acceso y permanencia en el trabajo; accesibilidad y diseño universal; derechos sexuales y reproductivos; participación y representatividad; violencia y discriminación.

En el Plan Estratégico 2017-2021, la CIDH identificó la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad como uno de sus temas prioritarios para dicho período. Como consecuencia, se creó una Unidad sobre el tema en marzo de 2017, que en febrero de 2019 se convirtió en Relatoría Temática sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con la priorización del tema se apunta a la generación de capacidad técnica e institucional necesaria para que las personas con discapacidad puedan asegurar su protección eficaz a nivel regional, desarrollar nuevos mecanismos, así como identificar dinámicas  para avanzar en la construcción de estándares interamericanos en el marco de las Convenciones Interamericanas.

La histórica invisibilidad sobre las diversas problemáticas que afectan a este grupo poblacional se verifica en la mayoría de los países de las Américas. Sin embargo, en las dos últimas décadas, ello ha comenzado a revertirse de manera paulatina desde el plano normativo, a partir de la adopción de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (“CIADDIS”, 1999), primer instrumento internacional de derechos humanos dedicado específicamente a personas con discapacidad, y en el  Sistema Universal  de las Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (“CDPD”, 2006). La entrada en vigor de esta normatividad  significó un cambio de paradigma en relación con la percepción y reconocimiento de las personas con discapacidad, toda vez que se superan los modelos de prescindencia y médico–rehabilitador, para adoptar el modelo social de inclusión donde la  persona con discapacidad es identificada como un sujeto y actor de derechos con plena autonomía y  dignidad humana.

La Relatoría de Personas con Discapacidad tiene como objetivo visibilizar los desafíos y violaciones que en materia de derechos humanos enfrentan las personas con discapacidad en las Américas, asegurar la efectiva promoción y protección de sus derechos humanos a través de los diversos mecanismos propios del Sistema Interamericano, e identificar sinergias y nuevas oportunidades que permitan avanzar en la construcción de robustos estándares interamericanos, así como impulsar leyes, políticas y prácticas que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad.

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