Las respuestas represivas
de los Estados

Lógicas de control y represión
Las políticas de control y represión son las que priman en las respuestas de los Estados frente a la inseguridad, la violencia y el crimen organizado. Estas políticas no toman en cuenta las causas estructurales del problema.
Estas políticas de corto plazo y mano dura no responden al mandato de protección integral de la niñez ni toman en consideración su interés superior, como tampoco logran aportar respuestas eficaces y duraderas al problema.
Las políticas basadas en el control y la represión, en ausencia de una respuesta más integral respecto a las causas, han probado ser inefectivas, han generado más violencia, agudizado otros problemas existentes, además de ser en muchas ocasiones vulneradoras de los derechos humanos y tener efectos contraproducentes para el Estado de Derecho y la legitimidad institucional.
Militarización de la seguridad ciudadana en América
Los Estados de América en general se han movido hacia una progresiva militarización de las fuerzas policiales y de sus operativos y han asignado al Ejército tareas de seguridad interna para hacer frente a los desafíos de la inseguridad ciudadana.
La historia de América demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos.
Crédito Fotográfico: Felipe Dana/AP
Los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la seguridad ciudadana, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales
Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C No. 150, párrafo 78.
Justicia juvenil: respuesta punitiva y encierro
Los Estados siguen priorizando la respuesta punitiva y retributiva a través del sistema penal y de la privación de la libertad encerrando a los adolescentes en condiciones muy precarias, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia en las prisiones.
Infractores en lugar de víctimas
Vulneraciones a sus derechos
Reducción de la edad de responsabilidad penal
Alargamiento de las penas
Hacinamiento, inseguridad e insalubridad
Prisión Preventiva
Justicia restaurativa y no retributiva
Saturación del sistema de justicia
Inexistencia de programas socio-educativos
Hacia un modelo de justicia restaurativa
Es una problemática generalizada en América la limitada disponibilidad de medidas de derivación que supongan alternativas a la privación de la libertad así como de medidas de justicia restaurativa para los adolescentes en conflicto con la ley penal orientadas a la efectiva rehabilitación y reintegración social de los adolescentes.
Crédito Fotográfico: Felipe Dana/AP
Nuevos tipos penales: el delito de “asociación ilícita”
La regulación de los tipos penales de “asociación ilícita” o de “pertenencia a grupo criminal” se caracteriza por penalizar la pertenencia a una organización que se considera de carácter criminal. Sin embargo, la definición de lo que se entiende por una organización criminal presenta en algunos casos problemas de precisión de los elementos que conforman la definición.
- Detenciones arbitrarias
- Exposición constante a abusos y arbitrariedades
- Estigmatización
Detenciones arbitrarias
En su aplicación práctica, este tipo de normas ha abierto un amplio margen de discrecionalidad que ha permitido las detenciones arbitrarias, sin orden previa de autoridad competente.
Se ha incrementado el número de detenciones arbitrarias de adolescentes, incluso redadas masivas, en base a su apariencia y a la creencia que puedan pertenecer a una mara o a una agrupación criminal, sin que existan evidencias de la comisión de un delito.
Exposición constante a abusos y arbitrariedades
La aplicación de estos tipos penales mantiene a los jóvenes de determinados sectores socio-económicos bajo sospecha constante de pertenecer a “maras” u otras organizaciones delictivas y, por tanto, permanentemente en supuesta situación de flagrante delito y expuestos a ser detenidos por la policía.
Estigmatización
Muchos adolescentes son detenidos y encarcelados por el solo hecho de que su apariencia, su forma de vestir o el que lleven tatuajes o algún símbolo, los hace sospechosos de formar parte de una mara sin importar que lo que estaban haciendo o que existieran indicios de actividad criminal.
Las políticas de drogas desde una perspectiva de niñez
Las políticas de drogas vigentes en América enfrentan la problemática a través de un enfoque primordialmente represivo de las drogas y de todos sus eslabones: producción, distribución y venta, y en muchos países también el consumo. Las herramientas principales para la aplicación de estas políticas son a través de la justicia penal y las fuerzas de seguridad pública.
El enfoque actual de las políticas de drogas se caracteriza por:
Incremento de la violencia
Gravedad de los delitos
Falta de una lógica de la salud
Desproporción de las penas
Cooptación a través del consumo y la adicción
Micro-tráfico
Adolescentes privados de libertad
Aumento de las personas encarceladas
Impacto desproporcionado
Falta de control de las armas de fuego
Hay una desorbitada cantidad de armas de fuego en circulación en el continente americano.
Alrededor de dos tercios de todos los homicidios que se cometen en América involucran un arma de fuego, según la Agencia de la ONU contra la Droga y el Delito. El acceso a las armas de fuego es fácil debido a la existencia de un elevado número de armas legales e ilegales en manos de particulares y a una deficiente regulación en materia de control y reducción de armas y municiones.
Las políticas sobre producción, venta y posesión de armas de fuego y las iniciativas de erradicación del tráfico ilícito de armas deben ser diseñadas tomando en cuenta los problemas de gobernanza y las vulneraciones a los derechos humanos que se generan como consecuencia de las actuales normativas sobre armas de fuego.
En varios de los países de América el acceso a las armas de fuego y a las municiones es fácil
Estados Unidos, principal productor de armas
Tráfico de drogas
Militarización de la seguridad ciudadana
Seguridad privada
El temor y la desconfianza de la ciudadanía ha llevado al auge de los servicios de seguridad privada y su contratación por particulares.
Hay aproximadamente 3,6 millones de agentes privados de seguridad en América Latina, en comparación con los 2,6 millones de agentes de la policía.
Producto de mercado
Deficiente regulación
Uso de fuerza letal en defensa propia
Esto lleva a algunas personas a disparar un arma de fuego contra otra sobre la base de percepciones y prejuicios. Este tipo de normativa debería ceñirse a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza letal en defensa propia. También debería evitar la impunidad frente al uso de la fuerza letal por parte de particulares.
La ineficacia de las políticas de mano dura en América
Usualmente estas estrategias no han contribuido a reducir significativamente el clima de inseguridad. Por el contrario, muchos países han experimentado un recrudecimiento de la violencia, además de reportarse abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Detenciones arbitrarias
Saturación del sistema de justicia
Sobrepoblacion y precariedad en prisiones
Crédito Fotográfico: Daniel Cima para CIDH
Impunidad en la investigación y sanción de los delitos contra niños, niñas y adolescentes
En los contextos de inseguridad muchos casos de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos quedan en la impunidad. Los motivos de ello son varios y deben ser abordados por los Estados con prioridad.
Falta de debida diligencia
Las víctimas, sus familiares y los testigos no siempre denuncian los actos delictivos
Los autores de los actos violentos son en algunos casos los propios cuerpos de seguridad del Estado
También se conoce de situaciones en que los agentes de seguridad estatales habrían agredido o amenazado a las víctimas, los testigos y/o a los familiares para disuadirlos de denunciar.
Insuficientes sistemas de protección de víctimas
Los Estados deben asegurar que los esfuerzos por garantizar la seguridad ciudadana y hacer frente al crimen organizado se lleven a cabo dentro del marco de la legalidad y del Estado de Derecho. En ese sentido, es fundamental que existan mecanismos de investigación y de enjuiciamiento que sean independientes, imparciales y efectivos. Debe reforzarse la capacidad del Estado para conducir investigaciones criminales de calidad, con personal entrenado y protocolos de actuación adecuados.