
Las organizaciones representantes de personas defensoras de derechos humanos y beneficiarias en Colombia abordaron algunos de los desafíos presentes en la implementación de sus medidas de protección. En la audiencia requirieron al Ministerio de Relaciones Exteriores fortalecer su rol en la coordinación de las medidas recomendadas por la Comisión, subrayando la falta de un protocolo claro, reuniones periódicas entre las autoridades y las personas beneficiarias y falta de seguimiento a acuerdos alcanzados con instituciones del Estado. También criticaron las deficiencias en la provisión de medidas de protección, la realización descontextualizada de análisis de riesgo, la imposición de medidas de protección sin enfoques territoriales, raciales, étnicos y/o de género, y la falta de avances en las investigaciones sobre los crímenes contra defensores para mitigar sus riesgos. Por su parte, el Estado, además de reiterar su compromiso de cumplir con su obligación de protección, presentó los esfuerzos realizados para investigar los crímenes contra defensores. Asimismo, manifestó su apertura al diálogo con la sociedad civil en el seguimiento de las medidas cautelares. La Comisión destacó la relevancia de la protección de las personas defensoras en el país. Al respecto, se subrayó la trascendencia de la toma en consideración de enfoques diferenciales, la importancia de las medidas colectivas, el principio de concertación y la relevancia de luchar contra la impunidad en los delitos contra defensores de derechos humanos. Finalmente, la Comisión saludó el ánimo de dialogo entre las partes y la disposición del Estado de convocar a la sociedad civil a reuniones para la construcción de un protocolo integral de implementación de medidas cautelares en el primer trimestre del 2025.