Resumen
Las organizaciones alertaron sobre la regresividad en derechos humanos como consecuencia de las políticas de austeridad y recortes en programas de protección social, sin considerar su impacto en los sectores más vulnerables, como los trabajadores de la economía popular. Expresaron su preocupación por el desfinanciamiento y desmantelamiento de políticas sociales y organizaciones que promueven los DESCA, y señalaron que, ante el aumento de la pobreza extrema y el trabajo informal, no se garantiza el acceso a las necesidades básicas de las personas vulnerables.
El Estado informó su compromiso en el desarrollo de políticas de protección y fortalecimiento de la sociedad y de los sectores más desprotegidos a través de un esquema de inversión social directa orientado a impulsar el desarrollo económico de las comunidades. Señaló que se encuentra trabajando en la racionalización de los recursos disponibles, en un contexto macroeconómico adverso e indicó que los mecanismos de diálogo con la sociedad civil se encuentran disponibles. Por su parte, la CIDH destacó el compromiso histórico del Estado con los derechos económicos, sociales, y culturales, y subrayó su obligación de garantizar su avance progresivo mediante un uso eficiente de los recursos disponibles. Resaltó la importancia de políticas económicas y fiscales con enfoque de derechos humanos para promover un desarrollo inclusivo, especialmente para las personas más vulnerables. También resaltó la necesidad de mantener un diálogo abierto y estructurado con la sociedad civil para monitorear el impacto de estas políticas, asegurar la protección de derechos fundamentales y prevenir retrocesos en áreas clave como educación, salud y seguridad social.
Participantes
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
- Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO)
- Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)
- Estado de Argentina
Temas
- Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales