
Las organizaciones solicitantes denunciaron graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Enmarcaron estas violaciones dentro de una estrategia represiva del Estado para sembrar terror en la ciudadanía y evitar nuevas protestas por las denuncias de fraude electoral. Por su parte, la Comisión Interamericana resaltó la grave situación del país y la falta de instituciones independientes para proteger los derechos humanos y la democracia. La CIDH reiteró que continuará visibilizando ante la comunidad internacional los abusos cometidos por el Estado, en particular, de cara a la posesión presidencial que tendrá lugar el 10 de enero de 2025.