
Solicitantes, informaron que la población afrodescendiente de las Islas Casaya, Casayeta y Bolaños enfrentan obstáculos para la titulación de sus tierras y territorios que han ocupado históricamente; así como limitaciones en el acceso y goce efectivo de sus derechos básicos como agua potable, electricidad, salud, educación y derechos laborales Exigen que se garanticen sus derechos a una vida digna sin discriminación. El Estado reconoció la situación de pobreza en el archipiélago y los desafíos persistentes para proveer servicios básicos en las islas; a la vez, destacó avances y medidas adoptadas en materia de salud y educación, asegurando que la atención brindada es igualitaria y sin discriminación. Explicó que la titulación de tierras está restringida constitucionalmente por un régimen especial para garantizar la seguridad del Canal de Panamá y proteger el ecosistema del archipiélago. La CIDH expresó preocupación por la posibilidad de extinción de esta población, debido a la posible reducción de la población afrodescendiente en el próximo censo. Destacó la precaria situación que enfrentan en estas islas les ha forzado al desplazamiento fuera de ellas. Instó a fomentar un diálogo abierto y comunicación equitativa entre las partes, reafirmando su disposición de cooperación y asistencia técnica.