
Representantes de pueblos indígenas y organizaciones solicitantes denunciaron riesgos a la supervivencia de los pueblos indígenas transfronterizos ubicados entre los Estados de Perú, Colombia y Ecuador, como consecuencia de la falta de garantías de derechos por parte de los Estados. Señalaron desafíos al ejercicio de derechos como la autodeterminación, la consulta y consentimiento previo, libre e informado, la protección ambiental, la integridad física, y el acceso a servicios de salud y educación. Expresaron especial preocupación ante el avance de actividades ilícitas como el narcotráfico y la presencia de grupos armados, así como por las actividades extractivas, petroleras, mineras y de deforestación que contaminan sus territorios. Destacaron la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres, quienes ejercen un rol de transmisión de los conocimientos ancestrales, así como los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Por su parte, la CIDH resaltó el deber de los Estados de proteger a los pueblos de manera holística, con atención a los desafíos derivados del crimen organizado en el contexto transfronterizo. Reiteró su disposición de continuar monitoreando la situación con la información que suministren los pueblos afectados y sus representantes.