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Comunicado de Prensa
Oficina de Prensa de la CIDH
Washington, DC—En el Día Internacional de las Mujeres, y en el marco del 30 aniversario de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados a acelerar el cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes. Con este fin, exhorta a los Estados a fortalecer los marcos normativos, institucionales y de políticas públicas para avanzar en la igualdad sustantiva y protección de los derechos de las mujeres.
Los países de las Américas y el Caribe han adoptado diversas medidas legislativas, institucionales, de política pública y otras medidas para alcanzar la igualdad de género. Esto ha permitido avances en algunas áreas clave para alcanzar la igualdad, como el acceso a la educación y el incremento de la participación política. De acuerdo con datos del sistema de Naciones Unidas, en promedio, el 70% de las niñas y adolescentes finaliza la educación secundaria y, con 35.3%, esta es la región con mayor representación de mujeres en cargos parlamentarios. Asimismo, en diversos Estados se han creado organismos especializados de alto nivel para dirigir las políticas de igualdad para las mujeres y se han ampliado los servicios de atención y protección a víctimas de violencia de género.
Sin embargo, la desigualdad persiste y limita los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes a la seguridad, el desarrollo y la paz. Las disparidades en el acceso a servicios de salud, la prevalencia de la violencia de género y la impunidad que la acompaña siguen limitando la participación igualitaria de las mujeres en la sociedad. Asimismo, la segregación ocupacional y la división sexual del trabajo acentúan la feminización de la pobreza. Según datos al 2022 de CELAC y ONU Mujeres, en América Latina y el Caribe hay 120 mujeres en pobreza extrema por cada 100 hombres en situación similar, y se estima que para el 2030 habrá 20 millones de mujeres, niñas y adolescentes en la región viviendo en pobreza extrema.
En algunos países, son evidentes las medidas estatales regresivas. Algunos ejemplos de estas medidas son aquellas que debilitan a las instituciones dedicadas a implementar las políticas de igualdad de género; leyes que bajo apariencia de neutralidad, o que priorizan la protección de la familia, resultan en la protección desigual de los derechos de las mujeres; y la desconsideración explícita del carácter estructural y sistemático de la violencia contra las mujeres. El impacto del debilitamiento de estas instituciones y políticas es aún más grave para las mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación y exclusión debido a factores como el origen étnico-racial, la discapacidad, el origen social, la situación económica, la orientación sexual, y la identidad o expresión de género.
La CIDH recuerda a los Estados que, de conformidad con la Declaración y la Convención Americanas, la eliminación de todas las formas de discriminación es una obligación indispensable para garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos. La CIDH resalta que la igualdad de género, la democracia y el Estado de derecho están estrechamente interrelacionados y se refuerzan mutuamente.
En el ámbito interamericano, la Convención de Belém Do Pará reconoce el derecho de todas las mujeres a ejercer plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, libres de toda forma de discriminación y violencia. Al respecto, los Estados Parte de la Convención se comprometieron a adoptar legislaciones, políticas y otras medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos.
Consciente de que los objetivos de la Declaración de Beijing aún no han sido alcanzados, la CIDH urge a los Estados de la región a redoblar esfuerzos para alcanzar la igualdad y proteger de los derechos de las mujeres. En particular, llama a fortalecer los mecanismos de seguimiento, supervisión y rendición de cuentas respecto a la implementación de la legislación y políticas públicas, en colaboración con organizaciones y defensoras que abogan por la igualdad de género.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
No. 049/25
2:30 PM