REDESCA destaca la conexión entre la protección de los océanos y los derechos humanos en el Día Mundial de los Océanos

8 de junio de 2025

Washington, DC—La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta a los Estados a reforzar sus compromisos con la protección de los océanos, especialmente en alta mar, como parte integral de sus obligaciones en materia de derechos humanos. En el marco del Día Mundial de los Océanos y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se celebra en Niza, la Relatoría Especial destaca la relación inextricable entre la conservación de los ecosistemas marinos y la garantía de los derechos humanos en la región y el mundo. Sin océanos saludables, resultará imposible para los Estados cumplir plenamente con obligaciones intenacionales, incluyendo la protección del derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua potable, a la cultura y al desarrollo sostenible de sus pueblos.

La REDESCA recuerda que el derecho a un medio ambiente sano se encuentra reconocido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el derecho internacional. En su Opinión Consultiva 23/17, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la protección del medio ambiente es esencial para el disfrute de otros derechos, reconociendo por primera vez al medio ambiente sano como un derecho autónomo y fundamental. Asimismo, se ha enfatizado que los Estados deben prevenir y combatir la degradación ambiental que pueda afectar el ejercicio efectivo de los derechos humanos en sus territorios y más allá de ellos. La contaminación marina, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático son fenómenos interconectados que agravan las desigualdades y amenazan los medios de vida de millones de personas en las Américas, lo que impone a los Estados el deber de actuar con la debida diligencia para evitarlos y mitigarlos.

La Relatoría Especial observa con atención los avances jurisprudenciales recientes y en curso en el ámbito del derecho internacional ambiental y de los derechos humanos, que refuerzan la obligación de los Estados de proteger el océano y los derechos de las personas y comunidades que dependen de él. En 2024, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió una histórica opinión consultiva que confirmó que las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen contaminación marina, refiriéndose a la obligación de tomar todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar dicha contaminación conforme al principio de debida diligencia. En ese contexto, la Relatoría toma nota de las opiniones consultivas actualmente en preparación por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podrían consolidar y ampliar estas obligaciones, incluyendo el deber de adoptar medidas de reparación frente al desplazamiento forzado y la degradación de ecosistemas marinos esenciales como manglares y arrecifes de coral. La convergencia entre la jurisprudencia internacional y los estándares interamericanos reafirma que la protección del océano es inseparable de la garantía de los derechos humanos y del principio de justicia climática.

Frente a estos desarrollos y desafíos, la REDESCA ha celebrado el logro diplomático que supuso la adopción en 2023 del Tratado de Alta Mar (formalmente, el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional), instrumento jurídicamente vinculante, que busca la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las áreas fuera de la jurisdicción nacional. No obstante, para que este instrumento entre en vigor y se haga realidad su potencial, se requiere la ratificación de al menos 60 Estados. A la fecha, menos de la mitad de ese número ha depositado su ratificación, lo que hace imperativo acelerar el ritmo.

En este sentido, la REDESCA hace un llamado a los Estados Miembros de la OEA a ratificar el Tratado de Alta Mar. Como región que abarca vastos litorales y zonas oceánicas de importancia planetaria —incluyendo el Caribe, el Pacífico Sur y el Atlántico—, las Américas tienen un interés directo en la preservación de los ecosistemas marinos más allá de sus fronteras nacionales.

La Relatoría Especial subraya la importancia de incorporar un enfoque de derechos humanos en la gobernanza de los océanos. Ello implica asegurar la participación informada y efectiva de las comunidades directamente afectadas en las decisiones sobre la conservación marina, la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos del océano y la adopción de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático con criterios de justicia social. En particular, resulta fundamental garantizar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades costeras y poblaciones de pequeños Estados insulares, quienes mantienen una relación ancestral y de dependencia con el mar. Estas poblaciones, entre las más vulnerables a la degradación oceánica, deben ser escuchadas y protegidas: la contaminación, la sobrepesca, la destrucción de arrecifes coralinos, el aumento del nivel del mar y otros impactos ambientales afectan directamente su derecho a la alimentación, al agua, a la salud, a la vivienda, a la cultura, incluso a la libre determinación.

La Relatoría Especial también observa con preocupación los crecientes riesgos derivados de la posible expansión de la minería en aguas profundas (deep-seabed mining – DSM), así como de las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas en alta mar (offshore oil and gas), particularmente en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Ambas actividades, impulsadas por la demanda de recursos para la transición energética o el sostenimiento de modelos energéticos fósiles, plantean amenazas severas, potencialmente irreversibles, a la biodiversidad marina, al equilibrio climático y al pleno goce de derechos humanos fundamentales. La evidencia científica disponible alerta sobre impactos acumulativos en los servicios ecosistémicos oceánicos, en la capacidad del océano para almacenar carbono, y en los derechos a la alimentación, la salud, la cultura y el medio ambiente sano de comunidades costeras, pueblos indígenas y pequeños Estados insulares. En este contexto, la REDESCA destaca la obligación de los Estados de aplicar el principio de precaución frente a estas actividades extractivas, incluyendo la posibilidad de establecer una moratoria o pausa precautoria, en tanto no existan marcos normativos adecuados, evidencia científica suficiente y procesos participativos efectivos que garanticen la prevención de daños significativos al entorno marino y al pleno ejercicio de los derechos humanos.

En este Día Mundial de los Océanos, la REDESCA hace un llamado a los Estados a fortalecer la cooperación internacional en materia ambiental, a intensificar sus compromisos con la conservación marina y a garantizar una protección efectiva para las personas y comunidades que defienden los ecosistemas oceánicos. Solo mediante acciones guiadas por los principios de solidaridad, justicia climática e intergeneracional, será posible preservar la integridad de los océanos y proteger los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

No. RD116/25

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