Especialistas regionales y de la ONU instan a los Estados a dejar de criminalizar a la sociedad civil y las protestas

22 de septiembre de 2025

Washington, DC / Ginebra—Un grupo de especialistas* en derechos humanos de la ONU y de diversos organismos regionales instaron hoy a los Estados a poner fin a la criminalización represiva y punitiva de quienes tratan de ejercer sus derechos y libertades, ante una amenaza existencial creciente contra los valores en los que se basan esos derechos. El grupo de especialistas emitió una declaración conjunta (en inglés y en español) y el siguiente comunicado:

“Los Estados deben reafirmar su compromiso con la protección de los derechos a la libertad de reunión y la libertad de asociación. Ambos derechos son esenciales para habilitar la acción colectiva, la participación, la solidaridad y el diálogo, que son a su vez fundamentales para garantizar una democracia resiliente e inclusiva y para que se concreten las aspiraciones de la Carta de las Naciones Unidas sobre el mantenimiento de la paz y el respeto por los derechos humanos de todas las personas.

Condenamos con vehemencia la estigmatización generalizada de quienes ejercen legítimamente sus derechos y libertades como “enemigos”, “traidores”, “espías”, “terroristas”, “criminales” y otros calificativos similares.

Nos alarma que miles de personas defensoras de derechos humanos y activistas hayan sido y sigan siendo objeto de arrestos y detenciones arbitrarios como consecuencia de su activismo no violento y sus expresiones protegidas, y que se les impongan condenas penales duras sin las garantías adecuadas del debido proceso y sin un juicio justo. Muchas de esas personas son deportadas o se amenaza con deportarlas, se las obliga a exiliarse, y se las somete a sanciones económicas ilegales y a represión transnacional, mientras que decenas de asociaciones han sido disueltas y privadas de financiación.

La criminalización también estimula un uso ilegal de la fuerza. Se mata a muchas personas jóvenes, que hoy lideran la defensa de derechos y exigen justicia climática y que se ponga fin a los genocidios, y a cientos se las criminaliza por manifestarse de forma pacífica.

La criminalización forma parte de una práctica autoritaria creciente, también en los regímenes democráticos, en un contexto en el que los gobiernos buscan controlar y manipular el debate y el espacio público, promover sus agendas políticas y defender otros intereses particulares mediante la exclusión y el silenciamiento de las discrepancias y las voces independientes. La criminalización se refuerza y se exacerba con la estigmatización creciente de la participación cívica y la sociedad civil, la militarización y la “segurización” crecientes que debilitan las libertades fundamentales, y la estigmatización de quienes reciben ayuda extranjera, así como con el uso arbitrario e ilegal de tecnología de vigilancia mejorada con funciones de reconocimiento facial y otros tipos de inteligencia artificial.

Instamos a los Estados a no tratar como una amenaza ni como un agente enemigo o criminal a las protestas pacíficas y a elementos de la sociedad civil que buscan participar en debates y procesos democráticos y lograr que se protejan distintos derechos (mediante la desobediencia civil no violenta, entre otros métodos). Instamos además a los Estados a garantizar que los derechos de todas las personas a la libertad de reunión pacífica y de asociación se protejan y se faciliten, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos”.

*Expertos/as: Gina Romero, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Rémy Ngoy Lumbu, Relator Especial sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y punto focal sobre las represalias en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP); Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Roberta Clarke, Relatora sobre Personas Defensoras y Operadoras de Justicia de la CIDH.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

No. 192/25

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