Guatemala: CIDH rechaza detención del abogado Ramón Cadena y criminalización de la comunidad universitaria de San Carlos

21 de noviembre de 2025

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Washington DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza la detención del abogado, defensor de derechos humanos, y beneficiario de medidas cautelares desde el 2016, Ramón Cadena, así como la persistente criminalización de estudiantes y personal académico de la Universidad de San Carlos (USAC).

El 10 de noviembre de 2025, el abogado Ramón Cadena fue detenido en prisión preventiva tras presentarse voluntariamente ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal en cumplimiento de una orden de captura en su contra vigente desde el 2023. El abogado es acusado por delitos de sedición, asociación ilícita, daños al patrimonio cultural en el marco de la investigación denominada “Toma USAC: Botín Político”. Su detención constituiría una represalia por su labor de defensa y asesoramiento jurídico a estudiantes y personal académico de Universidad de San Carlos.

Según ha sido documentado por la CIDH, el caso bajo el cual se le investiga criminaliza a estudiantes, docentes, personas trabajadoras y defensoras de derechos humanos que participaron en las movilizaciones estudiantiles y protestas pacíficas ocurridas entre el 19 de mayo de 2022 y el 9 de junio de 2023. Ello, frente a las irregularidades en el proceso de elección del rector de la USAC dirigidas a la cooptación de esta entidad y asegurar la influencia en las distintas comisiones de postulación que integra para elegir altas autoridades.

Durante 2023 se emitieron órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a movimientos estudiantiles e integrantes del partido político Movimiento Semilla. Actualmente, al menos dos estudiantes permanecerían en prisión preventiva, mientras que otros se han visto forzados al exilio por temor a ser detenidos o perseguidos. Además, se habrían registrado hasta 41 procesos disciplinarios contra estudiantes, acusados de faltas graves, 11 estudiantes expulsados y otros que aún enfrentan restricciones administrativas, suspensiones temporales de matrícula y otras formas de impedimento para continuar sus estudios.

Estos hechos ocurren en un contexto del persistente uso indebido del sistema penal para silenciar voces críticas y debilitar el Estado de derecho en Guatemala. En particular, preocupa la persistencia de patrones ampliamente identificados por la CIDH en la visita in loco llevada a cabo en el año 2024, cuyo informe se publicará en las próximas semanas, entre ellos: el uso de tipos penales desproporcionados, el abuso de la prisión preventiva, retrasos indebidos, denuncias de violaciones a las garantías del debido proceso y la falta de independencia e imparcialidad del juez a cargo de este caso.

La CIDH recuerda al Estado la obligación de evitar que los agentes estatales o terceros manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, destaca el efecto amedrentador que la criminalización tiene sobre las personas defensoras quienes, por miedo a sufrir represalias, llegan a abstenerse de continuar con sus labores de defensa.

Por otra parte, conforme los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, el uso del derecho penal para castigar a personas en ejercicio de su libertad académica es incompatible con las garantías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En este sentido, la CIDH urge al Estado de Guatemala a cesar la persecución penal indebida contra personas estudiantes, académicas y defensoras de derechos humanos, así el uso excesivo de la prisión preventiva. Además, insta a cumplir integralmente con las medidas cautelares otorgadas al señor Ramón Cadena para la protección de su vida e integridad personal.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 239/25

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