
Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las y los periodistas están cada vez más expuestos a ataques, amenazas e intimidaciones, en un contexto crítico de violencia impulsado por el crimen organizado, con altos niveles de impunidad y debilitamiento de las garantías para su protección. Asimismo, destacaron el incremento de periodistas en exilio y el abandono institucional por parte del Estado en estos casos. El Estado reafirmó su compromiso con el derecho de la libertad de expresión y asociación, y comentó que ha compartido información de forma permanente y constante con la Comisión Interamericana sobre la situación de la prensa en Ecuador. Además, manifestó su apertura para diseñar soluciones conjuntas con la sociedad civil para un entorno libre y seguro para periodistas. La CIDH reconoció los altos riesgos que enfrentan los periodistas actualmente en Ecuador, y la necesidad de mecanismos de protección que garanticen plenamente su integridad. Agradeció los esfuerzos existentes del Estado para atender esta situación, pero advirtió que resultan insuficientes para evitar el progresivo deterioro de la libertad de expresión en el país.