
Las organizaciones solicitantes destacaron los desafíos que enfrentan las personas en situación de movilidad humana en la región, en particular de nacionalidad venezolana y haitiana, y las vulneraciones que atraviesan estas poblaciones en Chile. Al respecto, enfatizaron los obstáculos que enfrentan para ejercer el derecho de buscar y recibir asilo, así como la protección complementaria y otras formas de regularización migratoria. Por su parte, el Estado enfatizó sus acciones y políticas para integrar personas en movilidad al sistema de protección, quienes serían alcanzadas por el principio de no devolución. No obstante, reconoció la mora de las resoluciones a las solicitudes de protección internacional y la necesidad de ampliar su capacidad de resolverlas. Asimismo, reforzó su interés en colaborar con la CIDH mediante estrategias conjuntas de seguimiento al tema. La CIDH destacó la necesidad de que las respuestas del Estado a la migración favorezcan procesos simplificados de protección internacional, fomenten vías de regularización migratoria y no criminalicen la migración irregular.