
Las organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión los diversos desafíos que estarían poniendo en riesgo la independencia judicial en diversos países de la región. Dentro de estos desafíos destacaron: procesos de selección inadecuados e influencia de otros poderes del Estado en los mismos que han derivado en la selección de personas que no cumplirían con los requisitos de idoneidad y meritocracia; inseguridad de operadores de justicia frente al crimen organizado; instrumentalización del sistema de justicia para ejercer control de personas operadoras de justicia; entre otros.
Por su parte, la Comisión destacó que la independencia judicial es un elemento fundamental de la institucionalidad democrática y que el respeto a las garantías judiciales a la luz de la Convención solo se logra a través de tribunales independientes e imparciales. Observó que la debilidad y ataques a la independencia judicial es un común denominador y resaltó la importancia que este tema tiene para la CIDH y el continuo monitoreo que viene realizando.