Resumo (disponível em espanhol)
Las organizaciones solicitantes señalaron la existencia de impactos negativos de la Ley No. 32107 de 2024, normativa que señala que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad previos al 1 de julio de 2002, y solicitaron su derogatoria. Señalaron que esta ley representa un retroceso para el acceso a la justicia de las víctimas de los casos comprendidos en el Comunicado de Prensa Conjunto, con afectaciones a más de 550 víctimas y a sus familiares.
El Estado resaltó su compromiso y el trabajo realizado en el marco del seguimiento de los casos del Comunicado de Prensa Conjunto, incluyendo las reuniones periódicas con la CIDH y la parte peticionaria en los ejes de justicia e investigación. Sobre el impacto de la Ley No. 32107, señaló que los órganos de justicia en el marco de su autonomía han decidido no aplicar la ley bajo la figura de control difuso convencional y que, a la fecha, no se ha sancionado a personas operadoras de justicia que no hayan aplicado la ley, aunque hay investigaciones administrativas al respecto. A la vez, recalcó que están pendientes acciones de inconstitucionalidad sobre la referida ley, las cuales serán resueltas por el Tribunal Constitucional.
La CIDH reafirmó que la impunidad perpetúa la injusticia y debilita el Estado de Derecho, afectando el reconocimiento y dignidad para las víctimas, además de vulnerar las obligaciones internacionales de derechos humanos. Llamó al Estado a tomar medidas para asegurar que la normativa y su aplicación efectiva esté alineada a los estándares de derechos humanos de memoria, verdad y justicia en los casos del Comunicado de Prensa Conjunto. Subrayó la necesidad de que las personas operadoras de justicia puedan actuar con autonomía y sin temor a represalias para garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Participantes
- Asociación Pro Derechos Humanos
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Estado de Perú
Temas
- Memória, Verdade e Justiça