Elecciones Parlamentarias en Venezuela.

Tras realizarse la elección y el conteo definitivo de votos, la oposición obtuvo 112 cargos (109 para la Mesa de Unidad Democrática y 3 para la representación indígena) de los 167 diputados de la Asamblea Nacional, mientras que el gobierno nacional, por medio del Gran Polo Patriótico, obtuvo los 55 cargos restantes, lo que implicó perder la mayoría parlamentaria sostenida durante 15 años.

Tras conocerse estos resultados, 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitaron su jubilación anticipada en un marco de poca claridad institucional. Ello dio lugar a que la Asamblea Nacional saliente (con mayoría de diputados afines al gobierno) designara a los nuevos jueces de la máxima institución judicial de Venezuela.

El Tribunal Supremo de Justicia suspendió a un grupo de diputados indígenas electos.

Al aceptar un recurso de amparo que pedía anular el resultado de las elecciones en el estado de Amazonas, el máximo tribunal dejó sin efecto la proclamación de un grupo de parlamentarios indígenas de esta región por considerar que su designación fue producto de la manipulación de votos, y de la presunta violación de los derechos constitucionales al sufragio y la participación política.

Si bien la decisión del Tribunal Supremo de Justicia fue provisional y quedó sujeta al resultado del debido proceso judicial, generó preocupación por dejar sin representación a los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional.

El Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimó la autoridad y declaró nulas las actuaciones de la nueva integración de la Asamblea Nacional, por considerar un acto de desacato aceptar el juramento de los tres diputados suspendidos previamente y no respetar la decisión dispuesta por el máximo tribunal.

La decisión de limitar el ejercicio de la Asamblea fue reiterada el 1 de agosto y 2 de septiembre de 2016 por el Supremo, y dio lugar a que éste se atribuyera múltiples competencias asignadas al Poder Legislativo en la Constitución Nacional, como declararse la autoridad competente para controlar el presupuesto nacional, y para recibir la memoria y cuenta del Presidente, o crear empresas públicas mixtas.

El Tribunal Supremo de Justicia levantó la inmunidad parlamentaria a diputados opositores.

La Sala Constitucional del TSJ adoptó las decisiones 155 y 156, que ampliaba su potestad sobre varias competencias del Poder Legislativo y suspendía las facultades de la Asamblea Nacional. Le concedió amplísimos poderes discrecionales al Poder Ejecutivo.

Estas acciones dieron origen a 4 meses de protestas masivas en todo el territorio.

Estas manifestaciones populares de rechazo a la crisis institucional fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos civiles armados, y dejaron 133 personas fallecidas, 4 mil heridas, más de 5 mil detenidas arbitrariamente y 600 civiles presentadas ante la jurisdicción penal militar.

El Presidente de la República asumió por un nuevo periodo ante el Tribunal Superior de Justicia.

La Constitución estable que el candidato elegido o la candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidenta o Presidente de la República, mediante juramento ante la Asamblea Nacional, si por cualquier motivo sobrevenido no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Irregularidades en el proceso de las elecciones parlamentarias.

Por medio de dos sentencias judiciales, el TSJ decidió intervenir a los partidos Acción Democrática y Primero Justicia, dos de los principales partidos políticos de oposición. En ambos casos suspendió a sus juntas directivas, y designó a juntas ad hoc, a las que autorizó a utilizar la tarjeta electoral, el logo, los símbolos, los emblemas, los colores y cualquier otro concepto de los partidos.