- English
- Español
Comunicado de Prensa
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su informe temático “Exilio de periodistas y libertad de expresión”, un documento que analiza el incremento de casos de periodistas forzados a abandonar sus países en las Américas, así como las causas, los desafíos e impactos de este fenómeno para la democracia.
La Relatoría Especial observa con preocupación el aumento significativo de periodistas forzados al exilio en las Américas durante el período 2019-2024 como consecuencia de la persecución política, la violencia generalizada y la impunidad. Este fenómeno se ha intensificado particularmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde factores como el debilitamiento sistemático de instituciones democráticas, la instrumentalización del sistema judicial y la violencia contra la prensa han obligado a cientos de periodistas a abandonar sus países.
El exilio de periodistas es una forma de censura que busca silenciar voces críticas y privar a las sociedades del derecho a estar informadas. Constituye una violación a los derechos humanos que trasciende la afectación individual, impactando la dimensión social de la libertad de expresión, al obstaculizar el acceso a información de interés público y debilitar el debate democrático y el pluralismo informativo.
La RELE identifica dos causas fundamentales del exilio forzado de periodistas: por un lado, el cierre de los espacios cívicos a través de la instrumentalización del sistema de justicia para perseguir el ejercicio periodístico, aplicando leyes de seguridad nacional, difamación, delitos financieros, entre otras; y por otro, la violencia generalizada, exacerbada por la impunidad y la ineficacia de los mecanismos de protección para personas comunicadoras.
El informe detalla los múltiples desafíos que enfrentan los periodistas exiliados, incluyendo obstáculos administrativos y burocráticos para la regularización migratoria, riesgos de seguridad física y digital que trascienden fronteras, impactos psicosociales y económicos, y limitaciones para la sostenibilidad de los medios y la continuidad de la labor periodística. La Relatoría advierte sobre los impactos diferenciados que el exilio tiene para las mujeres periodistas, quienes enfrentan obstáculos adicionales derivados de la discriminación estructural y la violencia basada en género.
Asimismo, el informe desarrolla el marco jurídico internacional aplicable a la protección de periodistas en situación de exilio, analizando la complementariedad entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Examina en detalle las obligaciones de los Estados en materia de protección y las garantías necesarias para asegurar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de circulación y residencia, el derecho a buscar y recibir asilo, el acceso a la justicia, entre otros.
Con base en este análisis, la Relatoría formula recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros de la OEA. Entre ellas, destaca la necesidad de adoptar programas especiales de visas humanitarias de emergencia para periodistas en riesgo y sus grupos familiares, con procedimientos simplificados de solicitud y criterios flexibles de documentación; así como reconocer la persecución por el ejercicio del periodismo como causal específica para otorgar protección internacional, incorporando en sus marcos normativos los riesgos específicos que enfrentan comunicadores y sus familias.
La RELE confía en que este informe contribuirá a visibilizar el fenómeno del exilio forzado de periodistas en la región y orientará la adopción de medidas efectivas por parte de los Estados Miembros de la OEA y la comunidad internacional para garantizar la protección de comunicadores en riesgo y salvaguardar el derecho a la libertad de expresión.
Para acceder al informe completo, haga clic
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
No. R105/25
1:20 PM