RELE condena los asesinatos de los periodistas Fernando Núñez y Mitzar Castillejos, y alerta sobre un deterioro de las garantías para la libertad de expresión y de prensa en Perú

9 de enero de 2026

Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los asesinatos de los periodistas Fernando Núñez y Mitzar Castillejos, y advierte sobre un contexto de crecientes agresiones contra la prensa en el Perú. La Oficina insta al Estado peruano a cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales de prevenir la violencia, proteger a las y los periodistas y garantizar investigaciones diligentes, efectivas y oportunas que permitan sancionar a los responsables.

De acuerdo con información pública, el 6 de diciembre de 2025 fue asesinado el periodista Fernando Núñez, reportero del medio digital Kamila TV y secretario del Interior, Actas y Archivo de la Asociación Provincial de Periodistas, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad. El comunicador se desplazaba en motocicleta junto a su hermano tras realizar una cobertura periodística, cuando ambos fueron interceptados por sujetos armados que efectuaron al menos tres disparos antes de darse a la fuga. Según reportes de organizaciones de la sociedad civil, Núñez falleció en el lugar de los hechos, mientras que su hermano resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro de salud.

Asimismo, el 26 de diciembre de 2025 se registró el fallecimiento del periodista Mitzar Castillejos, conductor de Radio Latín Plus 107.7 FM y director del portal Bato a Informarte Noticias. Según los reportes, el comunicador permaneció 14 días bajo atención médica tras haber sido víctima de un ataque armado ocurrido el 12 de diciembre, perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta, en la ciudad de Aguaytía, provincia de Padre Abad. Durante el atentado, Castillejos recibió tres impactos de bala: dos en el brazo derecho y uno en el abdomen. Con estos casos, la Relatoría registra un total de cuatro periodistas asesinados en el país en 2025, tras los casos de Gastón Medina en Ica y Raúl Celis en Iquitos.

La Relatoría Especial recuerda que la violencia contra periodistas produce un triple efecto: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas y opiniones; genera intimidación y silenciamiento entre sus colegas; y afecta el derecho de la sociedad a buscar y recibir información de cualquier tipo. Estas acciones tienen consecuencias particularmente graves para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información.

Asimismo, observa con preocupación que los hechos antes señalados se inscriben en un contexto de deterioro de las garantías para el ejercicio de las libertades de asociación, expresión y prensa en el Perú, marcado por un presunto incremento de amenazas de muerte y ataques contra la prensa, algunos vinculados al crimen organizado, así como por campañas de difamación y agresiones en línea, particularmente contra mujeres periodistas. Persisten, además, reportes sobre restricciones al acceso a la información pública y el uso de procesos judiciales como presuntas represalias frente a investigaciones periodísticas, incluyendo solicitudes para levantar el secreto de las comunicaciones y órdenes de retiro de reportajes sobre asuntos de interés público. A ello se suma una retórica estigmatizante atribuida a algunos funcionarios públicos que desacredita la labor periodística, así como la aprobación y el avance de iniciativas legislativas que podrían afectar gravemente las libertades de asociación y expresión, conforme ha advertido la CIDH.

En respuesta a este comunicado, el Estado peruano informó que, en su criterio, viene cumpliendo con su deber de investigar, procesar y sancionar los crímenes cometidos contra periodistas en todo el territorio nacional, incluidos aquellos presuntamente perpetrados por terceros particulares vinculados al crimen organizado. Igualmente, sostuvo que sus procesos y procedimientos jurisdiccionales internos constituyen vías de tutela idóneas y adecuadas de los derechos de los periodistas, y negó de manera enfática la existencia de un contexto de “deterioro sistemático o generalizado” de la libertad de prensa en el país.

La RELE reitera las recomendaciones contenidas en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Perú, que instan al Estado a garantizar que las y los periodistas puedan ejercer su labor sin amenazas, intimidaciones ni presiones de ningún tipo. Esto implica adoptar medidas inmediatas y significativas para prevenir, proteger e investigar, juzgar y sancionar la violencia contra la prensa, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, urge a las autoridades a investigar de manera diligente, oportuna y exhaustiva el asesinato de los periodistas Fernando Núñez y Mitzar Castillejos, considerando su labor informativa como posible móvil de los crímenes y asegurando la identificación y sanción de los responsables.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

No. R005/26

9:21 AM