La RELE condena el asesinato del periodista Francisco Ramírez Amador en Honduras y llama al Estado a fortalecer la protección a la prensa en riesgo

4 de enero de 2024

Washington D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el asesinato del periodista Francisco Javier Ramírez Amador, y llama a las autoridades hondureñas a investigar el caso de forma completa, efectiva e imparcial, a procesar y sancionar a los responsables, y a tomar medidas urgentes para el fortalecimiento de la protección a la prensa en situación de riesgo.

De acuerdo con la información disponible, el 21 de diciembre, el comunicador Francisco Javier Ramírez fue asesinado con arma de fuego por parte de sujetos desconocidos, cuando se dirigía a su vivienda, en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. El periodista se encontraba en compañía de un agente de policía que le había sido asignado como parte de un esquema de seguridad del Estado. Durante el ataque armado, el policía resultó herido por dos impactos de bala y fue trasladado a un centro de atención médica en Tegucigalpa en donde se encontraría estable. Ramírez trabajaba como reportero en el Canal 24 en Danlí, cubriendo temas policiales y judiciales, entre otros asuntos de interés público.

La Secretaría de Derechos Humanos de Honduras condenó el asesinato del comunicador, y señaló que el crimen “atenta contra los principios fundamentales de derechos humanos y libertad de expresión”. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) también se pronunció en repudio de los hechos, y exhortó a las autoridades “a realizar una profunda y efectiva investigación para que este crimen no se sume a la larga lista de impunidad que supera el 90% de casos de muerte de personas vinculadas a los medios de comunicación”.

A través de sus funciones de monitoreo, más temprano este año, la CIDH y su Relatoría Especial documentaron un atentado armado en contra del periodista, ocurrido el 3 de mayo. Según reportes públicos, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en al menos tres ocasiones, por lo que debió ser atendido de urgencia en el Hospital Gabriela Alvarado. Luego de estos sucesos, el periodista recibió medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Honduras, como también de la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia. Según la información recibida, éstas incluyeron un escolta policial y reubicación temporal fuera de Danlí por al menos seis meses. En noviembre pasado, se solicitó el aumento de una escolta como parte de su esquema de seguridad, y las autoridades habrían rechazado el pedido argumentando que no contaban con personal suficiente.

Durante su visita in loco a Honduras en abril de 2023, la Comisión y la Relatoría Especial observaron la persistencia de una problemática estructural de violencia e impunidad de los crímenes contra la prensa. Las y los periodistas denunciaron ante la CIDH y la RELE que realizan su labor en medio de temor y autocensura, y en un contexto de elevado riesgo y desprotección por parte de las autoridades, debido –entre otros aspectos– a la crisis del Mecanismo Nacional de Protección. La situación es particularmente preocupante para comunicadores comunitarios, y quienes cubren asuntos como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros.

Asimismo, la CIDH y su RELE fueron informadas de que la prensa de Danlí enfrenta una ola de agresiones, que van desde violencia y amenazas por parte de grupos criminales que pretenden imponer la pauta informativa en los canales locales, hasta el cierre de un canal por ordenanza municipal por supuestamente no pagar impuestos.

Respecto de la situación del Mecanismo de Protección, la CIDH recibió información preocupante sobre la profundización de problemas técnicos, administrativos y financieros que han erosionado la institución y que socavan su capacidad de respuesta pronta y efectiva para las personas solicitantes y beneficiarias. En cuanto a la implementación de medidas de protección, se observaron deficiencias en el análisis y evaluación de los riesgos y la desarticulación de la respuesta estatal.

Conforme al principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “[e​]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”. El Estado tiene la obligación de prevenir, de proteger y de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes contra periodistas, las cuales se complementan recíprocamente y deben ser abordadas a través de políticas integrales.

Como han señalado la Comisión y la Corte Interamericana, la impunidad genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión y las consecuencias para la democracia son particularmente graves. No sólo favorece la existencia de un ambiente hostil hacia la prensa, sino que además rompe la confianza de las víctimas y sus familiares en las instituciones del Estado y contribuye a la autocensura de las y los comunicadoras. Consecuentemente, también afecta a la ciudadanía, que ve limitada la información que recibe sobre temas que le afectan, y pierden voces y puntos de vista relevantes.

Por todo lo expuesto, la Relatoría Especial insta a las autoridades a investigar con debida diligencia estos hechos y sancionar a los responsables; y a tomar medidas integrales y urgentes para fortalecer la protección a las y los periodistas en situación de riesgo, brindándoles las máximas garantías para que puedan ejercer su trabajo en un entorno libre y seguro, sin temor a sufrir represalias.

Asimismo, reitera el llamado al Estado hondureño realizado por la CIDH en sus observaciones preliminares de la visita in loco en lo que respecta a fortalecer el Mecanismo de Protección de manera urgente, y a que todas las entidades responsables en la implementación de medidas de prevención y protección trabajen coordinada y articuladamente.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

No. R006/24

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