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CIDH
Palabras del Presidente de la CIDH
Discurso del Comisionado Francisco Eguiguren , Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la presentación del Informe Anual 2016 ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA
Washington, D.C., 27 de abril de 2017
Señora Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Embajadora Jennifer Loten, Representante Permanente de Canadá,
Sr. Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Roberto Caldas,
Distinguidos Delegados de los Estados miembros y observadores de la Organización,
Señoras y señores,
En mi calidad de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”), tengo el honor de dirigirme a ustedes para presentar el Informe Anual de 2015 de la CIDH ante esta Honorable Comisión. En el día de hoy me acompañan el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza; y personal de la Secretaría Ejecutiva.
El informe que hoy presento fue aprobado el 15 de marzo de 2017, de conformidad a lo establecido por el artículo 58 del Reglamento, por la Comisión, integrada en ese momento por: Francisco Eguiguren, Presidente; Margarette Macaulay, 1era Vicepresidenta, y Esmeralda Arosemena; 2da Vicepresidenta; José de Jesús Orozco Henríquez; James Cavallaro y Paulo Vannuchi. Aprovecho la oportunidad para agradecer y destacar la dedicación e invaluable contribución del Comisionado Enrique Gil Botero (Colombia), quien concluyó su mandato como Comisionado a partir del 8 de marzo de 2017, fecha en que presentó su renuncia a dicho cargo para asumir las funciones de Ministro de Justicia de su país. En el mismo espíritu, quisiera destacar el trabajo dedicado y comprometido del personal de nuestra Secretaría Ejecutiva.
Ahora bien, en cumplimiento de su mandato de promoción, observancia y protección de los derechos humanos en la región, durante 2016, la Comisión llevó a cabo un amplio programa de trabajo que se refleja en el Informe Anual, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 59 del Reglamento de la CIDH. El Informe está compuesto por dos volúmenes: el primero incluye una introducción y seis capítulos; y el segundo, los Informes de país y el Informe de la Relatoria para la Libertad de Expresión, como anexo.
Dada su extensión de 1032 páginas, a continuación me referiré a algunos de los aspectos más destacados del Informe Anual, para lo cual por razones metodológicas seguiré el orden de su estructura:
En la Introducción, además de incluir una Sección sobre el origen, bases jurídicas, estructura, fines y mandatos, así como sobre el estado de ratificación de los instrumentos interamericanos, la CIDH registró importantes avances en materia de derechos humanos, durante 2016, por los Estados Miembros de la OEA que, en su conjunto, dan cuenta del progreso hacia la consecución de los objetivos consagrados en la Declaración Americana, la Convención Americana y demás instrumentos regionales. De manera que estas prácticas constituyen avances en torno a la vigencia de los derechos humanos así como en relación al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ellas han sido relevadas a través de comunicados de prensa emitidos durante el pasado 2016 y quisiera destacar las siguientes,
En cuanto a la ratificación de los instrumentos interamericanos de derechos humanos, la CIDH observó con satisfacción que Costa Rica y Perú ratificaron la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia en agosto y octubre, respectivamente; y que Bolivia y Chile firmaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada también por Costa Rica y Uruguay.
La CIDH también destacó el avance que constituye la aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco del 46 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en el mes de junio.
También indicó que, con respecto al proceso de paz en Colombia, la CIDH continuará dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país, a fin de que la implementación efectiva del Acuerdo permita satisfacer los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación en el contexto de transición hacia la paz.
En relación con los progresos en materia de justicia, verdad y reparación en la región, la Comisión destacó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de resolver la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que marca un momento histórico hacia el camino a la justicia, verdad y reparación.
También la CIDH saludó a los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú en relación con las investigaciones y acciones llevadas a cabo durante el 2016 para el esclarecimiento de acontecimientos sobre temas de desaparición forzada, migración y acceso a la justicia.
En cuanto al Mecanismo de Seguimiento Especial al Asunto Ayotzinapa, la Comisión alentó a México a continuar con su compromiso en este caso para que se avance con el esclarecimiento de los hechos y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
Con respecto al acceso a la información, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la CIDH recibieron con beneplácito las medidas recientemente adoptadas por Argentina, Estados Unidos y Perú, para garantizar el acceso a la información de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Por su parte, en Chile, fueron promulgadas la Ley 20.900 para “el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia” que regula el financiamiento de campañas electorales y la Ley 20.915 con el objetivo “fortalecer el carácter público y democrático de los partidos y facilitar su modernización”. Asimismo, la CIDH destacó la importancia de la entrada en vigor del mandato de los sujetos obligados por la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental de Paraguay, para facilitar el acceso en línea de los ciudadanos a la información pública en poder de instituciones gubernamentales.
En cuanto a políticas públicas y otras iniciativas con enfoque en derechos humanos, entre otros asuntos, la Comisión celebró los esfuerzos de los estados de Belice, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Perú en relación al desarrollo de acciones y políticas públicas nacionales dirigidas a la protección y reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI durante el año 2016.
De otra parte, en la Introducción también se registra la preocupación con respecto a la situación de derechos humanos en las Américas expresada por medio de sus comunicados de prensa. En ese sentido, quisiera destacar aquellas situaciones que llamaron la atención de la CIDH de manera reiterada. Por ejemplo, en relación con la situación de la libertad de expresión la Comisión emitió 26 comunicados, de los cuales 18 se refieren a asesinatos de periodistas ocurridos en la región. Otro tema que causó alarma por parte de la Comisión tiene que ver con la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, y así fue manifestado en los comunicados de prensa que se refieren a la situación de violencia, persecución y muerte que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos.
Asimismo la Comisión condenó en oportunidades los hechos de violencia y muerte relativos a la situación de las personas privadas de la libertad y los respectivos centros de detención.
También manifestó su preocupación a través de 10 comunicados de prensa por la delicada situación institucional que asistieron Brasil, Nicaragua y Venezuela durante el año pasado y que pusieron en peligro la vigencia de la democracia en dichos países.
Otros temas que fueron objeto de atención para la Comisión tienen que ver con la situación de personas en situación de vulnerabilidad que sufren situaciones de violencia como los son las mujeres, los afrodescendientes, los niños, los migrantes, las personas LGBTI y en especial los pueblos indígenas, que también fueron relevadas en comunicados de prensa durante el año pasado. Todas estas situaciones constituyen desafíos sobre los que los Estados deben continuar dirigiendo sus esfuerzos y para lograrlo cuentan con el apoyo y el seguimiento de la CIDH.
Ahora bien, continuando con el desarrollo de la estructura del Informe Anual que estoy presentando aquí, en su Capítulo I, el Informe contiene las actividades realizadas en 2016 por la CIDH. En este sentido se destacan como actividades principales el proceso de convocatoria para seleccionar un nuevo Secretario Ejecutivo, en el cual resultó elegido el Sr. Paulo Abrão, quien asumió sus funciones en el mes de julio y nos acompañará hasta 2020.
También se encuentra referida la grave crisis financiera que atravesó la CIDH y que fue anunciada en el mes de mayo al el Consejo Permanente. Para superarla fue indispensable la labor del ex presidente Cavallaro y del Secretario Ejecutivo quienes dedicaron gran parte de sus agendas para diseñar una campaña para hacer frente a esta situación. Asimismo debo mencionar la importancia de los aportes voluntarios que recibimos de los estados miembros de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Uruguay. Finalmente la Comisión anunció la superación de la crisis a fines de septiembre. En este sentido la CIDH vuelve a insistir sobre la necesidad de solucionar la desigualdad entre el mandato que a CIDH tiene que cumplir y los limitados recursos financieros que le asignan.
Con respecto a los principales resultados alcanzados por la CIDH durante el pasado año, se destacan la realización de 4 períodos de sesiones. Estos tuvieron lugar en Washington, Santiago de Chile y Panamá. Quiero agradecer de manera especial al Estado de Chile y al Estado de Panamá por el patrocinio que permitió la realización de los períodos de sesiones 158º y 159º, respectivamente.
Durante 2016, la CIDH aprobó 16 informes de fondo; 8 informes de solución amistosa; 43 informes de admisibilidad; 2 informes de inadmisibilidad y 5 informes de fondo para publicación y 77 archivados. Asimismo durante estos periodos, fueron concedidas y celebradas 96 audiencias públicas y 66 reuniones de trabajo, tanto con Estados como con sociedad civil.
Sobre el trabajo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cabe mencionar que la CIDH sometió 16 casos a la Corte contra Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, de los cuales los principales derechos afectados fueron: vida, libertad personal, integridad personal, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, entre otros. Asimismo, participó en las audiencias de la Corte, en 8 de sus períodos de sesiones.
En cuanto a los procedimientos de solución amistosa, la CIDH aprobó 8 acuerdos de homologación entre peticionarios y los Estados de Colombia, México, Panamá y Perú y se suscribieron 9 acuerdos de solución amistosa y cumplimento de recomendaciones en peticiones y casos referidos a Chile, Colombia, México y Perú. También se llevaron a cabo visitas sobre soluciones amistosas en Chile y Paraguay que incluyeron 8 reuniones de trabajo para avanzar en los procesos y se sostuvieron 46 reuniones de trabajo de asuntos en etapa de negociación y supervisión y 1 audiencia pública sobre seguimiento de cumplimiento.
En términos de relaciones interinstitucionales es decir, respecto a las actividades de la CIDH con órganos regionales y universales de derechos humanos, fue firmada una Declaración Conjunta de Cooperación junto con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para impulsar líneas de trabajo coordinadas. Al mismo tiempo, la Comisión trabajó en cooperación con el Consejo de Derechos Humanos, con el ACNUR, con UNICEF, con CICR, con el Banco Mundial, y con otros organismos de derechos humanos. En virtud de ello, se emitieron 10 comunicados de prensa, cartas y declaraciones conjuntas de la CIDH y Relatores/as Especiales, Grupos de trabajo y Expertos/as independientes de Naciones Unidas, entre otras actividades.
Asimismo, durante 2016 la Secretaria Ejecutiva acompañó de manera continua las reuniones del Consejo Permanente, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. También la CIDH atendió las convocatorias para la presentación de información sobre la implementación de resoluciones con la participación de Comisionados, del Secretario Ejecutivo y de profesionales de la Secretaría Ejecutiva.
En cuanto a las actividades de promoción de derechos humanos la CIDH, junto con su Secretaría Ejecutiva participó en más 70 actividades de promoción tales como diplomados, conferencias, seminarios, talleres y concursos especializados. Estas actividades se desarrollaron a lo largo de todo el continente en: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Paraguay, Panamá, Perú, Venezuela y también en Francia, Italia, Ginebra, Bruselas, Berlín , Viena.
En el Capítulo II dedicado al sistema de casos y peticiones se incluye una sección de estadísticas; de las cuales quiero destacar que, en 2016, se recibieron 2.567 peticiones, de las cuales se abrieron 516 peticiones recibidas en años anteriores Este es el número más alto de peticiones recibidas en la historia de la CIDH, el cual demuestra la legitimidad de su trabajo y la confianza que en ella depositan las personas que se consideran víctimas de violaciones de derechos humanos a lo largo de la región. Asimismo, quiero destacar que se realizó un formidable esfuerzo para avanzar en el programa de atención del atraso procesal. Por otra parte, en relación con las medidas cautelares, es de indicar que la Comisión recibió 1061 solicitudes, también el número más alto, que fueron debidamente evaluadas; 41 de las cuales fueron otorgadas.
En cuanto a las actividades de las Relatorías temáticas, en el Capítulo III del Informe Anual, además de suministrar información detallada sobre el trabajo de los miembros de la CIDH en su calidad de Relatores Temáticos, y del Relator Especial para la Libertad de Expresión, la Comisión realizó actividades de publicación y promoción de los 5 informes temáticos aprobados en 2015, sobre Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas; Violencia, niñez y crimen organizado; Estándares jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres; Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos; y Movilidad humana y estándares interamericanos. Asimismo la Comisión llevó a cabo la presentación y difusión del informe Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Además, en 2016 la CIDH publicó y promocionó 4 informes de país sobre Guatemala, Honduras, México y República Dominicana
Por su parte, en el Capítulo IV, la Comisión ofrece un panorama sobre el desarrollo de los derechos humanos en la región. En el Informe que hoy presento, la CIDH da cuenta de la actividad en el ejercicio de sus facultades de monitoreo mediante los 196 comunicados de prensa emitidos durante el año, respecto de situaciones que levantaron preocupación y de igual manera, se pronunció reconociendo las buenas prácticas de algunos Estados, así como de las 45 las solicitudes de información dirigidas a los Estados sobre asuntos específicos.
En cuanto al Capítulo IV. A, la Comisión consideró de particular preocupación la situación de las personas, grupos y/o colectividades, pertenecientes a los pueblos indígenas, mujeres, migrantes, niñas y niños, las personas privadas de libertad, personas afrodescendientes, defensoras y defensores de derechos humanos, y personas LGBTI por su particular situación de vulnerabilidad, libertad de expresión y la Unidad DESC.
Adicionalmente, que en aplicación rigurosa de los criterios de selección reglamentarios, en el Capítulo IV.B, la Comisión incluyó informes especiales sobre 3 Estados Miembros de la OEA: Cuba, República Dominicana y Venezuela.
En relación con Cuba, la Comisión decidió su incorporación a dicho capítulo debido a que en el transcurso de 2016, la información disponible sugiere que el escenario no ha variado sustancialmente respecto de 2015, es decir la persistencia de restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia del poder judicial, las restricciones a la libertad de movimiento, las situaciones de discriminación y violencia respecto de personas LGTBI, el contexto de exclusión que perjudica a la población afrodescendiente, sumado al incremento en las represiones a defensores y defensoras de derechos humanos, disidentes y periodistas. Además la Comisión formuló recomendaciones para superar los obstáculos al disfrute de los derechos humanos mencionados.
Referido a República Dominicana, durante el 2016, ante la situación de la persistencia de la problemática estructural relacionada con la discriminación contra las personas nacidas en territorio dominicano con ascendencia haitiana, una situación de gravedad debido a que la privación arbitraria de la nacionalidad a las personas con ascendencia haitiana las ha puesto en una situación de extrema vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos humanos, sumado a la falta de respuesta del Estado sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de país de 2016, la CIDH decidió incorporar al país en este Capítulo. De manera que el Informe de la Comisión releva las graves omisiones en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos y para cumplir las decisiones de la CIDH así como las recomendaciones estimadas necesarias para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Con respecto a Venezuela la CIDH observó una serie de situaciones estructurales que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos derivando en una grave crisis política, social, y económica. La Comisión ha observado un deterioro del Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Al respecto continuaron las denuncias sobre la falta de acceso la justicia, se ha exacerbado la polarización política reflejada en el enfrentamiento entre el Poder Legislativo y los demás poderes del Estado que afecta la democracia. En este contexto, la Comisión ha observado la afectación a los derechos políticos. Además de un deterioro del derecho a la libertad de expresión, con la detención y encarcelamiento de opositores así como la represión y restricciones al ejercicio de la protesta en caso de manifestar opiniones políticas contra el oficialismo; el uso del derecho penal para castigar o inhibir el trabajo de la prensa; y la obstaculización al derecho de acceso a la información. Sumado a esto la Comisión ha registrado un severo agravamiento en las condiciones de goce y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, la situación de desabastecimiento y escasez de alimentos, medicamentos, agua y energía, ha generado una grave crisis. Frente a este escenario, la respuesta estatal ha sido deficiente lo cual ha afectado especialmente a los grupos más vulnerables de la población. Finalmente, la Comisión ha continuado encontrando dificultades para monitorear las situaciones, dada la falta de acceso a la información sobre la gestión de los órganos del Estado así como respecto de cifras que permitan evaluar la vigencia de los derechos humanos en Venezuela.
En el Capítulo V del Informe Anual, la CIDH realiza el seguimiento a las recomendaciones formuladas a los países en virtud los informes temáticos o de país publicados y que requirieron especial atención debido a la crítica situación en materia de derechos humanos. Este informe anual releva el seguimiento de los casos de Colombia, Guatemala, Honduras y México.
Con respecto a Colombia, en su informe Verdad, Justicia, Reparación; Cuarto Informe sobre la Situación de derechos humanos en Colombia de 2013, la Comisión evaluó los avances y desafíos para el Estado en cuanto al su cumplimiento tomando en cuenta la persistencia de la violencia producto del conflicto armado y sus transformaciones. La Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Estado para llegar a la firma del acuerdo de paz, firmado el 12 de noviembre de 2016. La Comisión reitera que mantiene su convicción respecto a que la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio y respeto de los derechos humanos. Asimismo, toma en cuenta el gran reto y responsabilidad que tiene Colombia por delante en la implementación del acuerdo, por lo que continuará brindando al Estado y a la sociedad en su conjunto, su colaboración en este esfuerzo y dará seguimiento a la implementación del Acuerdo en el marco de sus competencias. Sin embargo, la Comisión advierte que todavía persisten desafíos estructurales en materia de derechos humanos, e importantes brechas entre la normativa vigente y su efectiva implementación. La Comisión observa con preocupación que la impunidad afecta de manera transversal a todos los casos de violaciones de derechos humanos y DIH, y se proyecta respecto de todos los actores armados ilegales, así como de los agentes estatales.
También se incluye en este capítulo el seguimiento del informe “Situación de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión”. En aquel informe, la Comisión analizó la situación de derechos humanos en el país, en particular así como los desafíos estructurales en materia de acceso a la justicia e impunidad, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que han afectado en forma severa los derechos humanos de sus habitantes. Debido a la crisis financiera que atravesó la CIDH, la visita in loco que estaba programada para el año pasado tuvo que ser cancelada. Sobre este último, aprovecho la oportunidad para agradecer la invitación del Estado para realizar una visita durante este año a los fines de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones.
Respecto de Honduras, en el informe publicado a fines de 2015 sobre la situación de derechos humanos en este país, la Comisión sostiene que persisten desafíos en torno a situación de persecución, violencia y muerte de defensores y defensoras de derechos humanos, así como de periodistas. Asimismo que los altos niveles de desigualdad y exclusión social persistentes requieren la adopción de planes y políticas urgentes, y del fortalecimiento de las instituciones para lograr el acceso a necesidades y servicios básicos, salud, educación, oportunidades de empleo en condiciones de igualdad, y a recursos naturales como la tierra. Por lo cual la CIDH reitera la importancia de que el Estado de Honduras dé cumplimiento total a las recomendaciones formuladas en el informe y reafirma su compromiso de colaborar con el Estado en la búsqueda de soluciones a los problemas y de brindar acompañamiento en el proceso de implementación y seguimiento a las medidas.
Para el caso de México, el informe sobre la situación de derechos humanos fue aprobado por la Comisión en 2015. En virtud de la información recibida por parte del Estado y de la sociedad civil, la Comisión manifiesta que. a pesar de los avances significativos en materia normativa, así como la adopción de políticas públicas elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, persisten los desafíos en materia de violencia e inseguridad que se alimenta del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en ocasiones en colusión con autoridades, así como por la consecuente impunidad. El Estado reconoció que “México tiene un problema relacionado con la desaparición de personas” y, además, indicó que las desapariciones forzadas significan el reto principal que México tiene en materia de derechos humanos. En este sentido, la CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad que viven los mexicanos, tanto en acceso a la justicia y prevención del delito, como en otras iniciativas públicas. De esta manera, la CIDH señaló que el desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad a fin de lograr una efectiva investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. A la vez, la CIDH observa que,* al día de la fecha, no se conoce el paradero o destino de los beneficiarios de la medida cautelar 409/14, caso Ayotzinapa. Por lo que considera importante solicitar al Estado que redoble sus esfuerzos a fin de implementar todas las medidas necesarias para determinar el paradero o destino de los beneficiarios de las medidas cautelares.
Finalmente, en el Capítulo VI dedicado al desarrollo institucional y asuntos administrativos, la CIDH informa sobre sus acotados recursos humanos, materiales y financieros, los cuales resultan del todo insuficientes para cumplir cabalmente su mandato de promoción, monitoreo y promoción de derechos humanos en la región. En relación con los recursos humanos, es de destacar que el informe da cuenta sobre los concursos abiertos y la composición de la planta de personal. Este informe destaca especialmente la situación crítica que enfrenta la Comisión en la materia, debido a la grave situación financiera que atravesó el pasado año. Asimismo destaca la construcción de capacidades mediante el entrenamiento al personal en temas de promoción de equidad y no discriminación, en particular sobre acoso laboral y sexual, diversidad cultural e inclusión social.
Para cerrar, quisiera compartir con la Honorable Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, algunos de los logros alcanzados por la CIDH durante 2016 y tienen que ver con:
- La Comisión trabajó en la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad personal de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes indígenas, personas privadas de libertad y sindicalistas, así como en la implementación de medidas para reducir el atraso procesal, adoptadas por la CIDH en su Resolución No. 1/16.
- También se resalta, el avance en la definición y ampliación de estándares en materia de los derechos de las personas que viven con VIH, consentimiento informado para la toma de decisiones en materia de salud, prevención y eliminación de la violencia contra la mujer, ejercicio de los derechos políticos y derechos reproductivos.
- Al mismo tiempo resulta destacable la consolidación de la jurisprudencia promovida por la CIDH en materia de graves violaciones a derechos humanos -tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, en contextos que incluyen, tanto conflictos armados, como la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
- En relación a los avances en el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y acuerdos de soluciones amistosas, es de destacar que de los 207 asuntos en seguimiento, 48 cuentan con cumplimiento total por parte de los Estados Miembros y 126 con cumplimiento parcial.
- Finalmente, un logro destacable es el alcance de las campañas de divulgación sobre situaciones de derechos humanos en la región que la CIDH realizó en medios sociales, las cuales durante 2016 tuvieron un alcance de 83 millones de personas.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el pilar de la Organización de Estados Americanos, que por su evolución y alcances, constituye un punto de referencia para sistemas de protección de derechos humanos de otras latitudes. Los avances registrados por la CIDH son el producto de la labor comprometida de los y las miembros de Comisión, del personal de su Secretaría Ejecutiva, de la buena disposición de los Estados, del compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, y, en particular, de que aquellos que constituyen la razón de su existencia, las víctimas de violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, los desafíos tales como la universalización de los instrumentos regionales de protección de derechos humanos, y la financiación adecuada de la CIDH, aún persisten.
Para cerrar, quisiera enfocarme justamente en el desafío del financiamiento adecuado de los órganos del Sistema Interamericano. Tal y como fuera anunciado el 14 de diciembre de 2016 en una carta dirigida a la Presidencia del Consejo Permanente y al Secretario General, El funcionamiento ordinario de la CIDH, que le permite mantener su actual estructura y capacidades de funcionamiento tiene un costo de $11,500,000. Si bien esperamos contar con contribuciones voluntarias de parte de Estados Miembros de la OEA por montos similares a los recibidos en el 2016, por su naturaleza dichos fondos son imprevisibles y no están garantizados. Independientemente de lo anterior, la proyección de recursos contempla un déficit importante, en particular para resolver el atraso procesal en el sistema de casos. Lo anterior, sin tener en cuenta la financiación de necesidades históricas de la CIDH, como son el equilibrio entre las relatorías temáticas; reforzar la capacidad de brindar asesoría a los Estados para el fortalecimiento nacional en materia de cumplimiento de los estándares del Sistema Interamericano; y reforzar el procedimiento de soluciones amistosas para los casos y peticiones individuales.
Es en ese contexto que tomamos nota con beneplácito de la iniciativa de países como Argentina, Chile, México y Perú para duplicar los recursos de la CIDH en el programa presupuesto de la OEA e instamos a los demás países a que la hagan suya.
Sólo un Sistema Interamericano de Derechos Humanos sano, tendría las capacidades para hacer realidad la promesa de protección complementaria a los habitantes de las Américas, en particular a aquellos que han sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales.
Muchas gracias por su atención.