LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS AMÉRICAS NO PUEDE CARACTERIZARSE COMO PLENA Y LIBRE DE TRABAS SEGÚN INFORME DE LA RELATORÍA APROBADO POR LA CIDH
El informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión correspondiente al año pasado y aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que: “El ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio continuó experimentando, durante el año 2003, el mismo tipo de problemas que han sido mencionados por la Relatoría en los últimos años”. El informe concluye que la libertad de expresión en las Américas no puede caracterizarse como plena y libre de trabas.
El informe de la Relatoría constituye el tercer volumen del respectivo informe anual de la Comisión. La CIDH anunció ayer la presentación del documento a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Como en los años anteriores, este volumen incluye una evaluación de la situación de la libertad de expresión en los países que integran la OEA. En ella se enfatiza que Cuba continúa siendo el país donde se puede afirmar, categóricamente, que no hay libertad de expresión, sobre todo teniendo en cuenta las detenciones y condenas de periodistas ocurridas el año pasado.
“Un fuerte debate y crítica a las acciones de los gobiernos a través de la prensa se constata en varios países del hemisferio, pero en Venezuela, Haití y Guatemala se constatan agresiones en perjuicio de los periodistas y ataques a las instalaciones de medios de comunicación que estarían motivados en tales críticas”, apunta la evaluación sobre los hechos de 2003.
El documento también menciona siete asesinatos de comunicadores sociales ocurridos el año pasado como consecuencia por su trabajo.
También se continuaron presentando acciones judiciales que pueden tener un efecto disuasivo para el ejercicio de la libertad de expresión. Procesos penales contra quienes critican asuntos de interés público, ya sea utilizando la figura del desacato, o los delitos como calumnias, injurias o difamación criminal, persisten en el hemisferio, como lo demuestran los casos que se mencionan en el informe.
Este año se incorporó, además, un capítulo sobre acceso a la información pública, en cumplimiento de la Resolución AG/Res. 1932 adoptada por la XXXIII Asamblea General OEA, realizada en Santiago de Chile, en junio de 2003. En esa resolución, los Estados encomendaron a la CIDH que, a través de la Relatoría, elaborara una evaluación sobre la situación de este derecho en los Estados que integran la Organización.
El volumen dedica un capítulo al problema de la asignación discriminatoria de publicidad oficial como un mecanismo indirecto de censura a las críticas vertidas por medios de comunicación, otro capítulo a la jurisprudencia dictada por la Corte Europea de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión y ofrece una recopilación de casos tramitados en el 2003 ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
La Relatoría agradece la colaboración de aquellos Estados que remitieron información para la elaboración del informe, particularmente aquella enviada en respuesta a consultas específicas de la oficina. La Relatoría aclara que algunas de las respuestas llegaron con posterioridad a la aprobación del informe por la CIDH por lo que no han sido incluidas, sin perjuicio de lo cual serán tomadas en cuenta en estudios posteriores. La Relatoría insta a todos los Estados a que remitan la información pedida. Finalmente, la Relatoría agradece a las organizaciones no gubernamentales, a los periodistas y a las personas en general por la información suministrada.
Washington, D.C., 19 de marzo de 2004.