Libertad de Expresión
Brasil
Asesinato
32. El 16 de agosto del 2001 el periodista Mario Coelho de Almeida Filho, director del periódico A Verdade, fue asesinado cerca de su domicilio por personas no identificadas. De acuerdo con la información recibida, Coelho fue asesinado un día antes de testificar en una demanda penal por delito de difamación iniciado por el alcalde de Duque de Caxias, José Camilo Zito, y su esposa, Narriman Zito. El juicio por difamación tenía su origen en una publicación en el periódico A Verdade realizado por el periodista sobre la presunta malversación de fondos dentro de dicha municipalidad. Meses atrás el periodista había recibido varias amenazas telefónicas.[i]
Acciones Judiciales
33. En mayo del año 2001 el periodista Mario Quevedo Netom del diario Folha do Sul de Vilhenam del Estado de Rondonia, fue condenado a realizar servicios comunitarios por el período de cuatro meses como consecuencia de una demanda por calumnias iniciada por el juez correccional, Adolfo Theidoro Naujork Neto. Según la información recibida, el magistrado se sintió ofendido luego de que el periodista informara sobre la precariedad del sistema carcelario en dicha localidad.[ii]
34. En octubre del 2001 fue confirmada una sentencia contra el diario O Debate de la localidad de Santa Cruz do Rio Pardo, que obligó al medio de comunicación a pagar una suma de dinero. La condena tiene su origen en una denuncia por “daño moral” presentada por el juez Antonio José Magdalena al sentirse agraviado por artículos referidos a su desempeño. De acuerdo a la información recibida, la suma de dinero impuesta como multa excede el patrimonio del medio por lo que éste se vería obligado a cerrar. Según el director de O Debate, Sergio Fleury Moraes, el diario viene siendo víctima de una persecución judicial desde hace diez años. Una de las causas judiciales iniciada por el mismo juez en 1996 llevó a Moraes a prisión durante siete meses.[iii]
Censura Previa
35. En julio del 2001 el gobierno del Estado de Río Grande do Sul descalificó al periodista Luis Milman y exhortó a la revista de actualidad IstoÉ para que se abstuviera de publicar un artículo relacionado con supuestas irregularidades cometidas por la administración del gobierno Río Grande do Sul en la explotación de juegos de azar. De acuerdo a la información recibida, la administración de dicho Estado está siendo observada por la Comisión Parlamentaria Investigadora de Seguridad Pública debido a posibles conexiones entre el gobierno estatal y el juego clandestino.[iv]
36. El 21 de julio del 2001 la magistrada Ana Paula Braga Alencastro ordenó la incautación de la edición del 22 de julio del diario Tribuna Popular. Esta decisión tuvo su origen en un juicio iniciado contra el diario por el Mayor de São Lourenço do Sul, Dali Pagel por "infligir daño a su integridad moral". Según información recibida, la edición incautada mencionaba sobre la existencia de un juicio contra Pagel relacionado con presuntas irregularidades en la gestión pública. Al incautar la edición, la magistrada argumentó que un diario no puede manipular la opinión pública y denigrar la imagen de una figura pública.[v]
37. El 13 de noviembre del 2001 se dictó un fallo provisional que prohibe a los diarios Zero Hora y Diario Gaucho, ambos del Estado de Rio Grande do Sul, a publicar un reportaje que el Diario Gaucho realizó en el mes de mayo al ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Jairo Carneiro. En dicho reportaje, se identifica a personas públicas con actos de corrupción. La medida de censura habría sido solicitada por los señores Diolegenes de Oliveira, presidente del Club de Seguros de a Ciudadanía, y Daniel Vercosa, director de dicha entidad, y cuyos nombres estaban en dicho reportaje. La prohibición también pesa sobre la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa que posee una copia de la grabación de la entrevista. Los representantes de los medios de comunicación afectados presentaron un recurso de “agravio de instrumento” contra la prohibición dictada por constituir un caso de censura previa al prohibir la difusión de información de interés publico.[vi]
Otros
38. En agosto del 2001 la Federación Internacional de Periodistas que agrupa a la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) de Brasil manifestó su preocupación y pidió explicaciones a las autoridades por información recibida acerca del uso de carnets de prensa falsos por parte de agentes de inteligencia con el objetivo de infiltrarse en grupos civiles. El diario Folha de Sao Paolo informó que los carnets de prensa estaban siendo utilizados por al menos seis agentes de inteligencia que actuaban en nombre de agencias de prensa inexistentes.[vii]
[i] Esta información fue suministrada por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), organizaciones de defensa y protección de la libertad de expresión.
[ii]Esta información fue suministrada por la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) de Brasil.
[iii] Esta información fue suministrada por Reporteros sin Fronteras, Francia, la Asociación Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa, organizaciones de defensa de la libertad de expresión.
[iv] Esta información fue suministrada por la Asociación Periodistas.
[v] Esta información fue suministrada por Reporteros sin Fronteras (RSF), organización de defensa de la libertad de expresión.
[vi] Esta información fue suministrada por la Asociación Periodistas, organización de defensa de la libertad de expresión.
[vii]Esta información fue suministrada por las organizaciones locales, Federación Internacional de Periodistas y la Federación Nacional de Periodistas de Brasil (FENAJ).