Libertad de Expresión

Cuba

92.       Durante el año 2001 Cuba no ha registrado cambios que demuestren la voluntad política por parte del Estado de promover una apertura que asegure el respeto a la libertad de expresión e información. Como ya ha sido señalado en otras oportunidades, la falta en Cuba de una democracia pluralista se traduce en la práctica en la violación sistemática a la libertad de expresión. El Estado cubano continúa negando los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión y el acceso a información. Asimismo, el sistema jurídico establece numerosas restricciones a la capacidad de recibir y difundir información. Las autoridades cubanas siguen utilizando prácticas de intimidación y hostigamiento dirigida a los periodistas independientes con el fin de acallar las críticas al gobierno.

93.       Según la información recibida, en el 2001 fueron detenidos 29 periodistas y otros comunicadores sociales acusados de desacato a la autoridad. Asimismo, se han registrado numerosos actos de presión e intimidación contra la prensa y periodistas independientes. Por otra parte, al igual que en otros años varios comunicadores sociales se han visto obligados a abandonar el país.[i] Asimismo, sigue existiendo en Cuba un monopolio y control absoluto por parte del Estado de la información, impidiendo así el derecho de los cubanos a acceder a una pluralidad de fuentes de información y opinión.

            Amenazas y Agresiones

94.       Entre julio y agosto del 2001 Jorge Olivera Castillo, Graciela Alfonso y Jesús Alvarez, tres periodistas independientes, miembros de la Sociedad de Periodistas de Manuel Marquez Sterling, un grupo que ofrece cursos de capacitación para periodistas independientes, fueron intimidados mediante agresiones e interrogatorios por parte de agentes de seguridad con el fin de acallar sus actividades informativas.[ii]

95.       Durante octubre del 2001 la Sociedad de periodistas Manuel Márquez Sterling fue víctima de hostigamiento por parte del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE). El 12 de octubre, dos agentes del DSE se personaron en la sede de la asociación para comunicar al director, Ricardo González Alfonso, la prohibición de iniciar las clases de la temporada 2001-2002. El 14 de octubre agentes de la policía política se presentaron en los domicilios de los periodistas Graciela Alfonso, Dorka de Céspedes, Aimée Cabrera Álvarez y Jorge Olivera Castillo, miembros activos de la asociación, advirtiéndoles que estaba prohibido tanto asistir a las clases como organizarlas. El 23 de octubre un agente del DSE se personó en casa de Dorka de Céspedes para advertirle acerca de la ilegalidad de los cursos organizados en la Sociedad Manuel Márquez Sterling. El 26 de octubre la policía exigió a Ricardo González Alfonso, que cesaran las clases. El 29 de octubre un miembro del DSE impidió el desarrollo de una clase en los locales de la asociación. El agente ordenó a Raúl Rivero, director de la agencia Cuba Press y profesor de periodismo en la Sociedad, que abandonara el lugar. Poco después fueron expulsados de los locales de la asociación Carmelo Díaz Fernández, director de la Agencia Sindical Independiente de Cuba; Pedro Pablo Alvarez, secretario general del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba y los periodistas Víctor Manuel Domínguez, Migda Graciela González Alfonso y Adolfo Fernández Sainz. El periodista Carlos Castro, que tenía previsto participar en la actividad, fue detenido a la entrada del local por negarse a que lo registraran en la vía pública. Castro fue ingresado contra su voluntad en un vehículo oficial que lo abandonó a decenas de kilómetros de distancia en un poblado ubicado fuera de La Habana.[iii]

96.       El 25 de diciembre del 2001 lo periodistas Miley Delgado Bambino y Leste Téllez de la Agencia de Prensa Libre Avilena (APLA) y Normando Hernadez González, Carlos Brizuela y Joel Blanco Garcia del Colegio de Periodistas de Camauey (CPC) fueron golpeados por miembros de la policía y por agentes vestidos de civil cuando se disponían a dar cobertura sobre la inauguración de una biblioteca independiente en la ciudad de Florida. Según información recibida, la acción policial imposibilitó la apertura de la biblioteca, la cual es una más de las 80 existentes en todo el país que funcionan fuera del control del Estado.[iv]

Detenciones

97.       El 9 de abril del 2001 Ricardo González Alfonso, periodista independiente, fue sujeto a reclusión domiciliaria por las autoridades cubanos. El periodista es corresponsal en Cuba para la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras (RSF), basado en París, Francia. La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvo al periodista luego de que su ex esposa informó en una querella que él la había amenazado. González Alfonso fue arrestado el lunes al mediodía y liberado el mismo día. La policía se enteró de que era periodista sólo después de haberlo detenido. Esa noche, dos agentes de la policía llegaron a la casa de González Alfonso con una orden de arresto domiciliario que carecía del sello oficial y la firma. El periodista había sido anteriormente objeto de acoso de las autoridades cubanas en varias ocasiones, siempre relacionadas con su trabajo periodístico.[v]

98.       El 2 de junio del 2001 José Orlando González Bridón, periodista y secretario general del sindicato Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba (CTDC), fue sentenciado a dos años de privación de libertad por distribuir "noticias falsas". El 21 de agosto de ese mismo año, en la apelación del caso, se cambió la acusación por "difamación de las instituciones y organizaciones, y de los héroes y mártires", y se redujo la pena a un año de cárcel. Desde 1999 el periodista escribe artículos para la pagina de Internet Cuba Free Press, difundida desde Miami, Florida. Fue arrestado el 15 de diciembre del 2000 por un artículo publicado en ese sitio web, sobre la muerte de una colega sindicalista. En este artículo, el periodista informaba que Joanna González Herrera, coordinadora nacional de la CTDC, fue asesinada por su ex esposo, y que la policía cubana no había evitado su muerte. También difundió esta información en una radio basada en Miami. González fue liberado condicionalmente el 22 de noviembre del 2001.[vi]

99.       El 5 de agosto del 2001 el periodista Jadir Hernández Hernández fue sentenciado a reclusión domiciliaria en la localidad de Guines, impidiéndole cumplir sus tareas como corresponsal para la agencia independiente Havana Press. En los días anteriores había recibido amenazas.[vii]

100.     El 22 de agosto del 2001 Jesús Joel Díaz Hernández, de la agencia Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes (CAPI), y Carlos Brizuela Yera, colaborador de la agencia Cooperativa de Periodistas Independientes de Camaguey (CPIC), fueron detenidos por agentes de la Seguridad del Estado. Les confiscaron cuatro aparatos de radio y dos cajas de libros. Los periodistas fueron liberados ocho horas más tarde.  Anteriormente habían sido detenidos también en relación a sus trabajos periodísticos. Jesús Joel Díaz Hernández permaneció en prisión entre el 18 de enero de 1999 y el 17 de enero de 2001 por "peligrosidad social". Carlos Brizuela Yera fue detenido el 1 de mayo de 2001 por cuatro días por sospechas de haber escrito cartas antigubernamentales.[viii]

101.     El 22 de agosto del 2001 Dorka de Cespedes, de la agencia Havana Press, fue detenida mientras se disponía a cubrir una manifestación organizada por asociaciones civiles no reconocidas por las autoridades. La periodista fue amenazada por una decena de agentes de Seguridad del Estado antes de ser liberada.[ix]

102.     El 29 de agosto del 2001 la directora de la Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO) Milagros Beatón, junto con sus dos hijas menores de edad, fue citada por la Seguridad del Estado. Durante el interrogatorio se le ofreció concederle una salida del país para visitar a su marido exiliado en Estados Unidos si ella dejaba de publicar artículos en un sitio de Internet situado en Miami, entregaba su máquina de fax y disolvía la agencia.[x]

            103.     La Relatoría ha expresado en diversas oportunidades su condena sobre la utilización del poder del Estado a través de actos arbitrarios e intimidatorios como la detención para limitar las libertades básicas de los individuos y en particular la libertad de expresión. La Relatoría insta al gobierno de Cuba que cese con su política sistemática de opresión a toda expresión disidente y busque los canales necesarios para promover la tolerancia en el intercambio de ideas y opiniones respetando el libre flujo de información.

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