Libertad de Expresión
Estados Unidos
Detenciones
108. El 20 de julio del 2001 Vanessa Leggett fue detenida luego de haber sido declarada culpable del delito de desacato contra un tribunal por rehusarse a entregar notas y videos que podrían revelar sus fuentes de información en una investigación penal que realizaba un jurado de acusación sobre un caso de asesinato. Leggett es instructora de redacción en Houston, Texas y ha recopilado materiales probatorios mientras realizaba trabajos de investigación para un libro sobre el caso mencionado.[i] El 4 de enero del 2002 la periodista fue puesta en libertad luego de haber permanecido más de cinco meses en prisión.[ii]
Acciones legales
109. En abril del 2001 David Carson y Edward H. Powers, Jr., director y editor respectivamente, del The New Observer fueron acusados del delito de difamación en el Condado de Wyandotte County, Kansas, por declaraciones publicadas en The New Observer sobre Carol Marinovich, sobre la Alcaldesa del Condado de Wyandotte County, Kansas, y sobre su esposo, un juez de tribunal de distrito. Si se los declara culpables, se enfrentarán a una multa de US$2.500 y una sentencia de hasta un año de prisión.[iii]
Intimidaciones
110. En mayo del 2001 el Departamento de Justicia expidió una orden judicial para obtener los registros de llamadas telefónicas del periodista John Solomon, de Associated Press, realizadas desde el 2 al 7 de mayo del 2001 desde su domicilio. Solomon había escrito un artículo que fue publicado el 4 de mayo, en el cual mencionaba una fuente anónima del sistema judicial que le había proporcionado información obtenida a través de una grabación de una intervención telefónica federal.[iv]
111. Luego de los ataques terroristas en el World Trade Center y en el Pentágono el 11 de septiembre del 2001, algunas organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación acerca de acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Estados Unidos que podrían amenazar el ejercicio de la libertad de expresión. Entre estos actos se incluyen la presión ejercida sobre los medios de comunicación y los gobiernos extranjeros para que se supriman noticias o se altere el contenido de ciertos programas informativos, con la consecuente limitación de los periodistas a acceder a cierta información.[v]
112. El 12 de diciembre de 2001 la CIDH aprobó una resolución sobre terrorismo y derechos humanos, mediante la cual transmitió sus condolencias y expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos, así como con el pueblo y los gobiernos de otros países cuyos ciudadanos fueron víctimas de los ataques. La Comisión expresó claramente que “el terrorismo no debe quedar impune. Los Estados tienen el derecho y aún el deber de defenderse contra este crimen internacional en el marco de las normas internacionales que requieren la adecuación de sus normas internas a los compromisos internacionales." Actualmente la Comisión está preparando un Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos para “asistir a los Estados en la adopción de normas adecuadas en el marco del derecho internacional."
Legislación
113. Algunas organizaciones de defensa de la libertad de expresión y los derechos civiles han criticado la legislación sobre antiterrorismo promulgada después del 11 de septiembre que permite al Gobierno interferir indebidamente en las comunicaciones privadas.[vi] La ley “USA Patriot Act”, firmada y promulgada por el Presidente George W. Bush el 26 de octubre del 2001, le otorga a los encargados de hacer cumplir la ley más autoridad para realizar trabajos de vigilancia y control de las llamadas telefónicas y mensajes a través de Internet.[vii] La Relatoría recuerda que para que un gobierno interfiera con los derechos de las personas a intercambiar libremente ideas e información debe existir una necesidad apremiante por parte del gobierno y deben ser realizadas en forma muy específica para atender esa necesidad.[viii] Como se mencionó anteriormente, la prevención de los actos de terrorismo es claramente una necesidad legítima y apremiante del Gobierno. No obstante, el Gobierno de Estados Unidos debe tener mucha cautela para asegurar que los beneficios de otorgar mayores poderes para la vigilancia y el control no sean menoscabados por el daño que se pueda causar a la libertad de expresión.
[i]Esta información fue suministrada por Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y diversos medios de comunicación.
[ii]Esta información fue suministrada por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), organización de defensa de la libertad de expresión.
[iii]Esta información fue suministrada por el Instituto Internacional de Prensa (IIP), organización de defensa de la libertad de expresión.
[iv]Esta información fue recibida por Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ambas organizaciones de defensa de la libertad de expresión.
[v](IAPA), "Informe sobre violaciones a la libertad de prensa en los Estados Unidos", 17 de octubre del 2001; (CPP), 23 de octubre de 2001.
[vi]Id.; (RSF), "La privacidad de Internet amenazada por la guerra contra el terrorismo", 19 de septiembre del 2001; Unión Americana para las Libertades Civiles, "USA Patriot Act Boosts Government Powers While Cutting Back on Traditional Checks and Balances".
[vii] Véase “Unir y fortalecer a América asignándole los mecanismos requeridos para interceptar y obstruir el terrorismo” (USA PATRIOT ACT) Ley promulgada en el 2001, Public Law 107-56, 107th Congress, Title II, §§ 201-225.
[viii]Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colegación Obligatoria de Periodistas (Artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 46.