Libertad de Expresión

Honduras

153.     La Relatoría reitera su preocupación por algunos hechos que estarían poniendo en peligro el ejercicio de la actividad periodística y el derecho a la libertad de expresión en Honduras. Según información recibida, durante el año 2001 varios periodistas han sufrido represalias como consecuencia del ejercicio de su profesión.

            154.     En febrero del año 2001, la CIDH recibió en audiencia a un grupo de periodistas independientes de Honduras acompañados por el Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Durante dicha audiencia los periodistas informaron sobre la existencia de amenazas, intimidaciones y acciones judiciales en su contra dirigidas a acallar sus investigaciones y denuncias periodísticas. En noviembre del 2001 nuevamente la Comisión recibió en audiencia a otros miembros del mismo grupo de periodistas y defensores de derechos humanos de ese país quienes, reiteraron su preocupación por la situación de la libertad de expresión en ese país. En dicha ocasión entregaron un informe sobre casos de periodistas amenazados, intimidados y despedidos como consecuencia de su actividad periodística independiente y crítica respecto a irregularidades en la gestión pública. Según lo informado, entre los periodistas despedidos figuraban al menos cuatro que habían participado en la preparación de la audiencia ante la CIDH de febrero del 2001. De acuerdo al informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, quien goza de reconocido prestigio e independencia en la denuncia de violaciones a los derechos humanos en ese país:

(...) en el año 2001, los que parecían ser hechos aislados contra el Derecho a la Información se volvieron sistemáticos. Fue un año muy particular para la prensa hondureña, los anónimos de 1999 quedaron atrás para dar paso a hostigamientos directos y despidos, con nombres y apellidos. Este informe consigna que durante el año 2001 hubo al menos ocho despidos directos a periodistas y tres preavisos seguidos de reintegros en los medios de comunicación y tres acciones de hostigamiento directo a la libertad de expresión hacia igual número de periodistas, por parte del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) (...) [i]

            155.     En este contexto la Relatoría fue informada sobre la concentración en la propiedad de los medios de comunicación y la “existencia de un oligopolio que ejerce un control en las políticas informativas y partidas publicitarias” y constituye “parte decisiva del poder político y económico del país.[ii]

            156.     Otro tema señalado durante la audiencia ante la CIDH fue la incompatibilidad de algunas leyes internas hondureñas con los estándares internacionales de libertad de expresión.

            Intimidaciones

            157.     La Relatoría expresa su preocupación debido a que varios de los periodistas que participaron de las audiencias ante la CIDH con el fin de expresar su opinión con respecto a la libertad de expresión en Honduras han sido despedidos de sus trabajos.

            158.     El 15 de abril del 2001 la periodista Thelma Mejía, jefa de redacción del diario El Heraldo, fue despedida de su trabajo. Según información recibida, la periodista fue obligada por los directivos del medio a renunciar en forma forzada. La periodista se comunicó con la Relatoría e informó que la empresa le pidió la renuncia alegando que ella no se acoplaba a las políticas editoriales del diario. “Me acusaron de defender la libertad de expresión y de denunciar la censura,” dijo la periodista. “Me dijeron que al dueño del periódico no le parecía bien que yo no destacara noticias oficiales del gobierno en la primera plana.” La periodista había participado en la preparación del informe presentado a la Comisión en febrero del 2001.[iii]

            159.     A principios de mayo fue destituido de su cargo Manuel Torres Calderón, el jefe de las páginas de opinión de diario El Heraldo. Al igual que la periodista Thelma Mejía, Torres había participado en la preparación del informe presentado a la Comisión en febrero del 2001.

            160.     A principios de octubre del 2001 Renato Alvarez, ex director del Centro de Noticias de Canal 63, fue despedido, supuestamente debido a presiones de políticos del partido oficial. Alvarez había asistido a la audiencia ante la Comisión en febrero del 2001 para denunciar la situación de la libertad de expresión en Honduras. Su despido del Canal 63 tuvo como antecedente la divulgación de una noticia sobre una orden de captura en contra del empresario Victor Bendeck, diputado liberal al Parlamento Centroamericano y propietario de una estación de televisión, Canal 13, y de la emisora Radio Reloj. Bendeck fue acusado del delito de estafa.[iv]

            161.     A fines de octubre del 2001 Felix Antonio Molina, editor y presentador de noticias de Canal 63 fue despedido de su trabajo. El periodista había asistido a la audiencia ante la Comisión en febrero de 2001.[v]

            162.     Asimismo la Relatoría ha sido informada sobre la existencia de una persecución pública y desprestigio contra otros periodistas independientes e inclusive representantes de agencias de Naciones Unidas, a través de una columna—“Pildoritas”—publicada en el diario La Tribuna, propiedad del ex Presidente de la República, como también en otros medios de comunicación y publicaciones atribuidas a empleados del gobierno. Los periodistas, víctimas de estas campañas de desprestigio son, entre otros, Thelma Mejía, Manuel Torres Calderón y Félix Antonio Molina, a quienes acusan de haber informado a esta Relatoría en febrero del 2001 sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras, con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una agencia de las Naciones Unidas en Tegucigalpa. Según la información recibida, el propósito de estas campañas de desprestigio es perjudicar un programa de capacitación de periodistas y un Foro Permanente para el Fortalecimiento de la Democracia que impulsa esta agencia de la ONU.[vi]

            Legislación   

            163.     En julio del 2001 el Congreso Nacional introdujo un proyecto de nuevo Código Penal el cual contiene normas que pueden atentar contra la libertad de expresión e información. El artículo 372 contempla pena de prisión de cuatro a siete años para quien “revele hechos, informes o documentos que deben permanecer en secreto por refirirse a asuntos políticos, de la economía nacional, militares, la seguridad o defensa del Estado”.[vii]

            164.     A principios de mayo del 2001 el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) presentó un proyecto de ley al Congreso para llevar a cabo la abolición de la colegiación obligatoria de periodistas. El presidente del CPH, Elán Reyes Pineda, explicó que este proyecto fue elaborado a raíz de que en febrero del 2001 un grupo de periodistas denunció violaciones a la libertad de expresión en el país y la existencia de la colegiación obligatoria ante esta Relatoría. Sin embargo, la versión final de este proyecto, aprobada el 17 de mayo del 2001, no eliminó la colegiación obligatoria de periodistas, sino que eliminó el requisito de pertenencia de los periodistas al CPH. En conclusión, los periodistas que no pertenecen al CPH tienen que pertenecer a otro colegio para practicar legalmente el periodismo. [viii]

            165.     En el Informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se expresa que:

         (...) En Honduras los gobiernos han manejado con respecto a la función de la prensa, dos actitudes básicas: una de carácter restrictivo, centrada en la emisión de leyes, destinadas a regular y controlar su funcionamiento; y otra, caracterizada por el acercamiento a los periodistas más allegados a sus posturas políticas. Las relaciones con la prensa han sido más de carácter restrictivo que tolerante (...) [ix]

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