Libertad de Expresión

Paraguay

Asesinato

186.     En enero del 2001 fue asesinado el periodista Salvador Medina Velázquez en la localidad de Capiibary, departamento de San Pedro. Según la información recibida, Medina Velázquez había recibido amenazas con anterioridad y el motivo del asesinato se debería a las denuncias por corrupción que éste realizaba a través de la radio comunitaria Ñemity de dicha localidad.  Medina había publicado varios artículos denunciando la existencia de una mafia local. En sus investigaciones, Medina había señalado a una banda de presuntos contrabandistas vinculados con la Asociación Republicana Nacional, también conocida como el Partido Colorado.  El 16 de octubre del 2001 la justicia condenó a Milcíades Mayling a 25 años de prisión como autor responsable del delito, aunque se desconoce aún quiénes son los autores intelectuales de este asesinato. Sin embargo, según la información recibida, luego de dicha condena la familia de Medina recibió amenazas. Uno de los hermanos de Salvador Medina fue secuestrado por unas horas y su otro hermano, Pablo, corresponsal del diario ABC Color de Curuguaty y principal gestor del juicio de investigación, fue amenazado de muerte. [i]

Amenazas y agresiones

187.     En mayo del 2001 el periodista Séver Del Puerto que cubre el área judicial para la Radio Cáritas fue amenazado de muerte por sus investigaciones sobre hechos de corrupción que involucraban a políticos cercanos al gobierno y magistrados del Poder Judicial.  Según la información recibida, Del Puerto se refugió en el Canal 9 afirmando tener pruebas documentales escritas y audiovisuales sobre los delitos que investigaba. Asimismo, el periodista denunció ante la prensa y presentó pruebas a la fiscalía sobre su investigación. Por otra parte, también fueron objeto de hostigamiento los periodistas Roberto Augsten de Ultima Hora y Héctor Riveros de Radio 1° de Marzo por haber difundido información relacionada a las investigaciones citadas. El periodista Augsten denunció el robo de una computadora personal y Riveros, quien también tenía conocimiento de la investigación, sufrió un asalto en su domicilio.[ii]

188.     El 15 de agosto del 2001 el periodista Aldo Eustacio Lezcano, corresponsal de ABC Color en Paraguari, fue amenazado de muerte por un funcionario de la gobernación local, a raíz de publicaciones periodísticas críticas a la gestión pública de dicho funcionario.[iii]

Acciones Judiciales

189.     Durante los días 25 y 26 de septiembre del 2001 el periodista Telmo Ibañez, corresponsal del diario ABC Color de Concepción recibió varias llamadas telefónicas amenazantes e informó sobre la existencia de un automóvil con vidrios polarizados y sin matrícula vigilando la oficina en la que trabajaba. El periodista denunció los hechos ante las autoridades policiales de la zona. Dichas amenazas se produjeron pocos días después de que el periodista fuera condenado a pagar una multa de dinero por calumnia agravada tras haber publicado un artículo que involucraba a unos concejales municipales en irregularidades cometidas por el intendente de Concepción, Genaro Domínguez, y las cuales fueron constatadas por la Contraloría de la Nación.[iv] El Sindicato de Periodistas del Paraguay informó en octubre del 2001 que la Corte Suprema de Justicia anunció que intervendrá en el proceso judicial que afecta al periodista a fin de conocer los fundamentos de la condena.

Otros

190.     Durante el año 2001 la Relatoría fue informada sobre la situación de las radios comunitarias paraguayas. En Paraguay existen más de 170 emisoras comunitarias que en los últimos años han estado tramitando su formalización. Dada la precariedad jurídica en la que funcionan estas radios, la Red de Radios Comunitarias de Paraguay presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el Reglamento para radios comunitarias y la licitación de frecuencias de dicho sector.[v] La Relatoría señala la importancia de promover políticas progresivas tendiente a dar un espacio de expresión a todos los sectores de la población sin discriminación, garantizando la pluralidad de las fuentes de información y promoviendo así una amplia libertad de expresión e información.

Acciones positivas

191.     El 13 de septiembre del 2001 la Cámara de Senadores del Congreso de la República derogó la ley 1728 de Transparencia Administrativa y Libre Acceso a la Información, la cual había sido severamente cuestionada por imponer restricciones al pleno ejercicio de la libertad de expresión. El Poder Ejecutivo acompañó la decisión de los legisladores. Dicha derogación fue el resultado de las críticas de descontento enunciadas tanto por parte de la prensa paraguaya como por distintas organizaciones internacionales de protección de la libertad de expresión. En julio del 2001 el Poder Ejecutivo había promulgado esta ley con el objeto de promover la transparencia de la gestión pública y garantizar el acceso a la información. Sin embargo, la misma generó descontento en diferentes sectores puesto que varios de sus artículos imponían restricciones al derecho de acceso a información de documentos oficiales por parte de la prensa obstaculizando la transparencia de la gestión administrativa. Asimismo establecía criterios demasiado amplios para el rechazo de peticiones por parte de las autoridades.[vi] La Relatoría considera que el haber dejado sin efecto esta ley representa un positiva acción por parte del Estado paraguayo, y asimismo impulsa a éste a continuar trabajando en la elaboración de legislación que garantice el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

192.     A fines de agosto del 2001 organizaciones de la sociedad civil de la Alianza por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información[vii] presentaron ante la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de Ley de Libre Acceso a la Información Pública. La Relatoría espera que el Estado paraguayo apruebe una ley de acceso a la información que se encuentre en concordancia con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

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