Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa 43/01
REPUDIO DEL RELATOR ESPECIAL PARA LA
LIBERTAD DE EXPRESION POR EL ASESINATO DE CUATRO PERIODISTAS COLOMBIANOS
El asesinato de cuatro periodistas colombianos en menos de quince días pone de manifiesto la gravedad de la violencia contra la prensa y que los periodistas se encuentran en una situación de seguridad extremadamente precaria para ejercer su labor de informar a la sociedad. "Manifiesto mi absoluto repudio por estos crímenes que ponen en serio riesgo el derecho a la libertad de expresión e información de todo el pueblo colombiano," expresó el Dr. Santiago A. Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
De acuerdo a la información recibida, Pablo Emilio Parra Castañeda fue asesinado de dos impactos de bala en la cabeza el pasado 27 de junio en la localidad de Tolima. El periodista era director de la emisora radial Planadas Cultural Estéreo y presidente de la Cruz Roja local. Tenía 50 años. Distintas fuentes atribuyeron el asesinato a grupos de disidencia armada colombianos. Asimismo, la Relatoría recibió información sobre el asesinato del periodista Arquímedes Arias Henao, ocurrido el pasado 4 de julio en la misma localidad. Tenía 39 años y se desempeñaba como locutor en la emisora Armonía FM Estéreo en el municipio de Palocabildo, Tolima. Según la información recibida, un desconocido ingresó en la emisora y le propinó tres impactos de bala. El tercer asesinato tuvo como víctima a José Ubiel Vásquez, director de la emisora La Voz de la Selva en la localidad de Florencia. El periodista fue asesinado el 6 de julio por dos hombres que lo esperaron a la salida de la radio y le propinaron dos disparos. Por último, Jorge Enrique Urbano, 53 años, fue asesinado el pasado 8 de julio en el Puerto de Buenaventura. El periodista se desempeñaba como director de la Emisora Mar Estéreo y realizaba un informativo a través del cual emitía fuertes críticas a la situación de inseguridad que se vive en el lugar. Urbano recibió cuatro impactos de bala.
Según la información recibida, los cuatro crímenes estarían relacionados con las actividades periodísticas de las víctimas. Asimismo se le informó a la Relatoría la preocupación de los periodistas de la radio La Voz de la Selva, ya que ésta ha sido declarada objetivo militar por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los trabajadores de esa emisora vienen recibiendo amenazas desde hace varios meses. La Relatoría considera que, según ha sido ratificado por la CIDH, la mera expresión de ideas no puede ser considerada como un acto hostil que convierta a periodistas en objetivos militares legítimos.
El asesinato de periodistas es la forma más brutal de atentar contra la libertad de expresión. En su informe anual, recientemente publicado, la Relatoría para la Libertad de Expresión reportó el asesinato de siete periodistas en el hemisferio, de los cuales tres fueron colombianos. Asimismo, la Relatoría ha recibido información de otros periodistas asesinados en Colombia, los cuales continúan en proceso de investigación para determinar si fueron como consecuencia de su labor periodística.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Colombia es parte, señala que los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención. En el caso de periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la inexistencia de una investigación completa del asesinato de un periodista y la sanción penal de los autores materiales e intelectuales resulta especialmente grave por el impacto que tiene sobre la sociedad. La impunidad de estos crímenes no sólo tiene un efecto amedrentador sobre los demás periodistas, sino también sobre cualquier ciudadano, pues genera el miedo de denunciar atropellos, abusos e ilícitos de toda índole.
El Relator Especial urge al Estado colombiano a realizar inmediatamente una investigación seria y efectiva de los asesinatos mencionados. Asimismo, el Relator Especial insta a las autoridades colombianas a que realicen todos sus esfuerzos para que estos crímenes no queden en la impunidad y busque mecanismos que otorguen una protección efectiva a todos los comunicadores sociales para que puedan cumplir con su valiosa tarea de informar a la sociedad.
Por último, el Relator Especial recuerda lo
establecido en el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad
de Expresión: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de
comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos y sancionar a sus autores."
Santiago A. Canton
Relator Especial para
la
Libertad de Expresión
10 de julio de 2001
Washington,
D.C.