Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa 154/06
RELATORÍA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DETERIORO EN EL RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA REGIÓN
Washington, D.C., 12 de octubre de 2006 - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el deterioro en el respeto a la libertad de expresión en la región en el trimestre recién culminado, que cubre el período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2006. Se ha producido un aumento en la violencia física contra periodistas, que en su forma más brutal se manifestó en al menos siete homicidios y una desaparición relacionados aparentemente con el ejercicio del periodismo. A esto se suma la lentitud en las investigaciones policiales y procesos judiciales respecto a los homicidios de periodistas perpetrados en la región en los últimos años, que en general conduce a que éstos queden en la impunidad y propicia su eventual recurrencia. También se registraron en el período cubierto por este informe docenas de episodios de agresiones físicas contra periodistas, varios atentados contra medios de comunicación, varios secuestros y docenas de amenazas en prácticamente toda América Latina, así como varios actos de censura previa. Muchos periodistas enfrentan además procesos penales por delitos como desacato, difamación o injuria, y algunos tribunales, incluida una Corte Suprema, han condenado a pena de prisión a periodistas en estos casos, restringiendo la libertad de expresión y desconociendo la doctrina y jurisprudencia en la materia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estos procesos penales contra periodistas se suman procesos administrativos contra medios de comunicación.
En adición a tales violaciones de naturaleza más directa, la Relatoría Especial observa una creciente tendencia a la intolerancia hacia la crítica por parte de varios gobiernos de la región. Esto se refleja en la utilización recurrente por el poder público de métodos más sutiles de coaccionar a la prensa, que si se analizan en forma aislada pueden parecer relativamente inocuos, pero que observados en su conjunto indican situaciones y tendencias preocupantes en varios países. Tal uso ilegítimo y desviado del poder público incluye la aplicación de políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial, discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, despidos de medios estatales y de medios privados como resultado de presión gubernamental e inspecciones administrativas por órganos gubernamentales.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio J. Alvarez, señaló que “la libertad de expresión no sólo implica tener en la práctica la posibilidad de difundir información inconveniente o crítica al poder público, sino que incluye además el no tener que enfrentar posteriormente por ello consecuencias ilegítimas provenientes del Estado”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión resalta también hechos positivos ocurridos en este período, entre ellos la confirmación de condena en Perú a dos personas por el homicidio de un periodista y el archivo definitivo del proceso penal en el mismo país contra una periodista que había sido procesada por difamación; el sobreseimiento de una periodista en Costa Rica en un caso por injurias y calumnias; y la modificación realizada en Panamá al anteproyecto de reforma del Código Penal por instrucciones del Presidente de la República y a instancias de diversos sectores de la sociedad civil para despenalizar los delitos contra el honor cuando los afectados sean funcionarios públicos o personas involucradas en asuntos de interés público. Asimismo, la Relatoría Especial destaca la aprobación en el Estado de Querétaro, México, de una normativa que protege el secreto profesional de los periodistas. También destaca como hechos positivos el veto del Presidente de Brasil a una ley que procuraba limitar el ejercicio de oficios periodísticos únicamente a personas con diploma universitario y el compromiso de la Presidenta de Chile de legislar a favor de radios comunitarias.
Este pronunciamiento trimestral, basado en el monitoreo diario que la Relatoría Especial realiza de la situación del derecho a la libertad de expresión en la región, busca destacar las preocupaciones y los avances en materia de libertad de expresión, y tratar de contribuir con ello a impulsar la adopción de los correctivos que pudieran ser pertinentes para una mayor vigencia del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. En base a la información recibida en el último trimestre, que se detalla en el anexo al presente comunicado, la Relatoría Especial manifiesta lo siguiente:
Argentina
La Relatoría Especial expresa su preocupación por las reiteradas denuncias por parte de organizaciones de prensa y medios de comunicación en torno a la situación del derecho a la libertad de expresión en el país. La información recibida menciona la utilización de diferentes formas de presión del gobierno a la prensa que mantiene una línea editorial crítica a éste; la existencia de una política discriminatoria en la asignación de publicidad oficial; recurrentes señalamientos de altos funcionarios contra la prensa; y agresiones físicas y amenazas a varios periodistas y directivos de medios de comunicación así como a sus familiares, entre ellas las amenazas telefónicas que habría recibido un periodista al día siguiente que el Presidente de la República efectuara públicamente señalamientos en su contra. Se menciona también la decisión de quitar del aire un programa del canal estatal de televisión debido supuestamente a represalias contra su conductor, crítico del gobierno.
Bolivia
La Relatoría Especial recibió información sobre actos de agresión física a periodistas. Además, un canal de televisión fue atacado el 8 de septiembre con una bomba incendiaria.
Brasil
La Relatoría Especial reitera que deplora los asesinatos de los periodistas Manoel Paulino da Silva y Ajuricaba Monassa de Paula. La Relatoría Especial lamenta el secuestro de un reportero y un auxiliar técnico de TV Globo, por parte de miembros de un grupo criminal, y expresa su preocupación por las agresiones, atentados y amenazas contra comunicadores, por la confiscación por la Policía Federal de equipos de redacción del periódico Hoje y por el cierre de dos radios comunitarias. Por otra parte, la Relatoría Especial expresa su preocupación por el alto número de casos de censura previa por parte del Poder Judicial. Asimismo, la Relatoría Especial lamenta las condenas a ocho meses de cárcel a los periodistas Edilberto Resende da Silva, Jaino Batista Nascimento y Ermógenes Jacinto de Sousa por el delito de calumnia. Como hecho positivo, la Relatoría Especial destaca la decisión del Presidente de Brasil de vetar un proyecto de ley que exigía un diploma universitario para el ejercicio de varios oficios periodísticos.
Chile
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión destaca el compromiso expresado por la Presidenta de Chile el 11 de julio de legislar a favor de las radios comunitarias.
Colombia
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reitera que deplora los asesinatos de los periodistas Milton Fabián Sánchez y Atilano Pérez Barrios y expresa preocupación por los casos de agresiones físicas, atentados y amenazas de muerte. También preocupa a la Relatoría Especial que un mayor de la policía y un coronel del Ejército ejercieron censura previa, el primero cuando obligó a periodistas gráficos a mostrar sus filmaciones de un enfrentamiento entre la fuerza pública y vendedores ambulantes y el segundo al impedir la exhibición de un documental sobre una masacre. Asimismo, resulta preocupante que dos comunicadores indígenas hayan sido detenidos un día antes del inicio del Primer Encuentro de Comunicación Indígena de Colombia.
Costa Rica
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión considera positivo el sobreseimiento definitivo de la periodista Ana María Navarro, denunciada por injuria y calumnia por un alcalde.
Cuba
La Relatoría Especial reitera su preocupación por la situación de los periodistas presos y por la de los periodistas independientes que intentan trabajar en Cuba, quienes viven bajo un permanente hostigamiento por parte del gobierno dictatorial. Según información recibida, periodistas independientes fueron detenidos arbitraria y reiteradamente, y fueron agredidos físicamente y amenazados por agentes del Estado. Además les fueron confiscados materiales como libretas de notas y lápices, y en un caso desconectaron el teléfono desde el cual se emitían informes de prensa con el argumento de que era utilizado para fines contrarrevolucionarios. La Relatoría Especial destaca que, luego del traspaso de poder el 31 de julio, no ha percibido ningún cambio en la situación de total irrespeto hacia la libertad de pensamiento y expresión en Cuba. La Relatoría Especial urge una vez más al Estado cubano a liberar a los periodistas presos y a respetar el derecho de todos los cubanos y cubanas a la libertad de pensamiento y expresión.
El Salvador
La Relatoría Especial expresa su preocupación por las agresiones sufridas por catorce periodistas cuando intentaban cubrir una protesta, y por las amenazas que, según información recibida, habría efectuado la alcaldía de Guazapa en el sentido de que procedería a desmantelar la radio de circuito cerrado Voces Juveniles.
Estados Unidos
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa su preocupación por la sentencia de un tribunal federal que condenó el 21 de septiembre a pena de cárcel a los periodistas Lance Williams y Mark Fainaru-Wada, del San Francisco Chronicle, por negarse a revelar las fuentes mediante las cuales obtuvieron testimonios ante un gran jurado por un caso relacionado con el presunto uso de esteroides por parte de atletas profesionales. A diferencia de las leyes en 31 Estados y en el Distrito de Columbia, la ley federal no protege a los periodistas cuando intentan mantener en secreto la identidad de sus fuentes. El principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la CIDH establece que: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. La Relatoría Especial destaca como positivo un proyecto de ley federal sobre la materia que se encuentra actualmente bajo consideración del Comité de Asuntos Judiciales del Senado en el Congreso Federal, y espera que dicho proyecto reciba pronta consideración.
Guatemala
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reitera que deplora el asesinato del periodista Eduardo Heriberto Maas Bol. Además, expresa su preocupación por varios casos de agresiones físicas y amenazas contra periodistas y por el cierre de la radio comunitaria Ixchel.
Guyana
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reitera que deplora el asesinato a balazos de cinco trabajadores del periódico Kaieteur News durante la toma por asalto de su sede en agosto pasado.
Honduras
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa su preocupación por los casos de agresiones físicas contra periodistas y por el proceso judicial iniciado contra el periodista Francisco Romero por calumnias e injurias por parte de funcionarios públicos.
México
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reitera que deplora el asesinato del periodista Enrique Perea Quintanilla. Asimismo, reitera su preocupación por la desaparición del periodista Rafael Ortiz Martínez desde el 8 de julio en Coahuila, y por el alto número de atentados, agresiones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación ocurridos en el trimestre, varios de los cuales se han producido en el Estado de Oaxaca, donde la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño (APPO) mantuvo ocupadas varias radios. La Relatoría Especial sigue con atención el caso de la periodista Lydia Cacho, autora de una investigación sobre pederastia que involucra a empresarios y políticos, quien denuncia ser víctima de amenazas y permanente hostigamiento. Del lado positivo, la Relatoría Especial destaca la aprobación en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso del Estado de Querétaro de una normativa que protege el secreto profesional de los periodistas.
Nicaragua
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa preocupación por expresiones públicas atribuidas al Presidente de la República, según las cuales habría urgido públicamente al periódico El Nuevo Diario a despedir al periodista Oliver Bodán, quien había investigado presuntas irregularidades en la gestión del Ministerio de Transporte e Infraestructura.
Panamá
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión destaca la modificación realizada en Panamá al anteproyecto de reforma del Código Penal, por instrucciones del Presidente de la República y a instancias de diversos sectores de la sociedad civil, en el sentido de despenalizar los delitos contra el honor cuando quienes se sientan ofendidos sean funcionarios públicos o personas involucradas en asuntos de interés público.
Paraguay
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiesta su preocupación por el hecho de que continúa desaparecido desde febrero de 2006 el periodista Enrique Galeano, y por la denuncia del Sindicato de Periodistas del Paraguay de que las investigaciones no registran avances. Asimismo, expresa preocupación por las amenazas y los hostigamientos contra periodistas, y por la detención de la periodista Soledad Viera por parte de la policía, que la interrogó sobre sus reportajes.
Perú
La Relatoría Especial expresa su preocupación por los ataques, atentados, agresiones, amenazas de muerte y los procesos judiciales contra periodistas, el despido de Karina Borrero del canal estatal de TV por declarar que no trabajaría en ese medio si se convertía en “adulador del gobierno”, y el ambiente negativo para el ejercicio de la libertad de expresión generado por la investigación anunciada por la Comisión de Inteligencia del Congreso Nacional contra organizaciones no gubernamentales. Del lado positivo, la Relatoría Especial destaca el archivo definitivo del proceso penal que un congresista inició por difamación contra la periodista Cecilia Valenzuela y la confirmación de la sentencia de 30 años de prisión a dos personas por el homicidio del periodista radial Alberto Rivera Fernández.
República Dominicana
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiesta su preocupación por la condena a prisión de tres periodistas acusados de difamación y por varios casos de atentados, agresiones y amenazas sufridos por comunicadores.
Uruguay
La Relatoría Especial expresa su preocupación por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay que revirtió la jurisprudencia establecida por ella misma en 1997, al condenar a prisión al periodista Carlos Dogliani Staricco por el delito de difamación por la publicación de una investigación sobre presunto fraude por parte de un intendente. Tal decisión es contraria a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, conforme a los cuales no es proporcional en una sociedad democrática que se sancionen penalmente las ofensas al honor de los funcionarios públicos, quienes están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. El derecho a la reputación y al honor de los funcionarios públicos debe protegerse a través de sanciones civiles proporcionadas y por medio del derecho de rectificación o respuesta. La mencionada sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Uruguay es regresiva y tiende a crear un ambiente desfavorable para el ejercicio de la libertad de expresión. Por otra parte, la Relatoría Especial manifiesta su preocupación por la confiscación de equipos de una radio comunitaria en Castillos, Rocha.
Venezuela
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reitera que deplora el asesinato del periodista y dirigente político Jesús Flores Rojas. Asimismo, la Relatoría Especial expresa su preocupación por las agresiones físicas y amenazas a periodistas registradas durante el trimestre y por la revocación del sobreseimiento que se había dictado en el proceso penal por vilipendio (desacato) contra el periodista Napoleón Bravo, por declaraciones que habrían ofendido al Tribunal Supremo de Justicia. La Relatoría Especial observa además con preocupación que subsiste la amenaza de derribar la sede del diario Correo del Caroní. Del lado positivo, la Relatoría Especial destaca la anulación parcial por parte del Poder Judicial de la censura impuesta a la publicación de información relacionada al caso del homicidio del fiscal Danilo Anderson en 2004.
Fuentes y denuncias
Las fuentes tomadas en cuenta para la elaboración del presente comunicado se encuentran citadas al final del cuadro anexo. Tanto los Estados como las organizaciones no gubernamentales, las y los periodistas, los medios y las demás personas e instituciones pueden enviar información a la Relatoría Especial al correo electrónico: cidh-expresion@oas.org.
Favor dirigir consultas y solicitudes de entrevista a la coordinadora de prensa y comunicación de la Relatoría, María Isabel Rivero, (202) 458 3796, mrivero@oas.org.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue creada en 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para mayor información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.org/relatoria