RELE condena los asesinatos de periodistas en la región y llama a los Estados a tomar medidas para prevenir la violencia, proteger a la prensa e investigar y sancionar los crímenes

21 de março de 2025

Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la violencia letal contra la prensa y llama a los Estados de la región a investigar los hechos de manera completa, exhaustiva e imparcial, así como a sancionar a los responsables de estos crímenes. Además, hace un llamado a redoblar los esfuerzos para prevenir estos ataques y garantizar la protección de las personas periodistas en riesgo.

De acuerdo con información pública y reportes recibidos, en lo que va de 2025, la Relatoría Especial ha registrado el asesinato de al menos 10 periodistas en cinco países de la región, por motivos que podrían estar vinculados con su labor profesional: Calletano de Jesús Guerrero, Alejandro Gallegos León, Kristian Uriel Martínez Zavala, Martín Ruelas Esparza, Raúl Irán Villarreal Belmont (México), Geraldo Gonçalves Duque, Cristiano Luiz Freitas (Brasil)*, Óscar Gómez Agudelo (Colombia), Patricio Ernesto Aguilar (Ecuador) y Gastón Medina (Perú)*.

Para la Relatoría Especial, estos hechos confirman la situación de riesgo y vulnerabilidad de las y los periodistas y trabajadores de medios de comunicación en las Américas, lo que refleja además, un entorno cada vez más adverso para el ejercicio del periodismo en la región. Tal como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas, ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.

Además, reitera que el asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la forma de censura más extrema. La CIDH en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH ha señalado que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Estas acciones no solo afectan de manera drástica la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que también generan un efecto amedrentador y de silenciamiento entre sus colegas periodistas, y violan el derecho de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Las repercusiones para la democracia, que depende del libre, abierto y dinámico intercambio de ideas e información, son particularmente graves.

En relación con la violencia contra la prensa, la Relatoría Especial ha destacado tres obligaciones positivas de los Estados, derivadas de los derechos a la vida, integridad y libertad de expresión de las personas periodistas. Estas obligaciones implican la adopción de medidas concretas para: (i) prevenir la violencia en su contra, (ii) proteger a las personas periodistas en riesgo, e (iii) investigar, juzgar y sancionar penalmente los crímenes contra la prensa. En cuanto a la obligación de prevención, la RELE ha subrayado que una medida simple, pero sumamente eficaz, es que las máximas autoridades del Estado rechacen públicamente la violencia contra la prensa y reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística.

Por lo anterior, la Relatoría Especial hace un llamado urgente a los Estados de la región para que investiguen los hechos mencionados de manera completa, efectiva e imparcial, considerando la actividad periodística y el ejercicio de la libertad de expresión de las víctimas como posibles líneas de investigación, y sancionen a los responsables de estos crímenes.

Esta Oficina reconoce las medidas implementadas por diversos Estados para fortalecer la protección de periodistas. No obstante, en virtud de los hechos expuestos, la Relatoría Especial insta a los Estados a redoblar sus esfuerzos, conforme a los estándares interamericanos aplicables, para adoptar medidas concretas, adecuadas y suficientes que prevengan la violencia contra la prensa y garanticen la protección de las y los periodistas en riesgo.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

*El Estado de Brasil informó a la Relatoría Especial que el asesinato del periodista Geraldo Gonçalves Duque está siendo investigado por la Policía Civil del Estado de São Paulo, sin que se haya encontrado información que sugiera que el crimen estuviera relacionado con su labor profesional. También señalaron que, hasta el momento, no se ha identificado al autor del asesinato. En cuanto al caso del periodista Cristiano Luiz Freitas, el Estado indicó que está siendo investigado por la Policía Civil del Estado de Paraná. Además, destacó que el Observatorio de la Violencia Contra Periodistas y Comunicadores Sociales no registra en su base de datos denuncias de violencia contra los periodistas Geraldo Gonçalves Duque ni Cristiano Luiz Freitas por ejercer su profesión.

* El Estado del Perú informó a la Relatoría Especial que el fallecimiento del periodista Gastón Medina está siendo investigado por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete, una fiscalía especializada creada para investigar y lograr la sanción garantizando el cumplimiento de los estándares en la materia al considerar la labor de la persona asesinada como un posible móvil y las líneas de investigación relacionadas a dicha labor.

No. R056/25

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