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Los derechos de las mujeres: La ruta para cumplir con la promesa en las Américas
8 de marzo de 2013
Washington, D.C. – La conmemoración del Día Internacional de la Mujer ofrece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) una oportunidad indispensable de reflexionar sobre los avances y desafíos en la protección de los derechos de las mujeres en las Américas.
Ambas entidades hoy saludan los esfuerzos de parte de la mayoría de los Estados en el hemisferio de ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la cual obliga a los Estados a adoptar una serie de acciones complementarias para abordar con debida diligencia los problemas de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Un número significativo de Estados también son parte de una variedad de tratados internacionales y regionales que protegen los derechos de las mujeres a la no-discriminación, a la igual protección de la ley, la privacidad, la integridad, y el acceso a la justicia, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La CIDH y la CIM reconocen los pasos adoptados por varios Estados - después de la ratificación de estos tratados - para avanzar los principios de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en distintas áreas vinculadas con la protección de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Algunos de los avances más significativos en la región son ilustrados en la adopción de legislación y políticas para abordar la violencia contra las mujeres; la incorporación de los principios de igualdad y discriminación en las constituciones, leyes y planes nacionales de acción a través de las Américas; el establecimiento de una serie de instituciones a nivel ejecutivo, legislativo y judicial para influenciar el desarrollo de legislación, políticas públicas, e intervenciones estatales en esta esfera; y la implementación de una serie de programas de capacitación para funcionarios públicos para mejor abordar preocupaciones vinculadas con la violencia y con la discriminación contra las mujeres.
Información disponible sin embargo indica que los avances mencionados son acompañados por vacíos significativos entre el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres en las leyes y políticas públicas existentes, y su implementación práctica. Para la gran mayoría de las mujeres a través de las Américas, las leyes que existen en papel todavía no se traducen en una igualdad y justicia real.
Ambas entidades continúan preocupadas por la existencia de estereotipos de género contenidos en el texto de la legislación en la región, y la ausencia de protecciones fundamentales para las mujeres en las esferas de violencia, empleo, y sus derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres aún enfrentan barreras claves para acceder a la justicia; obstáculos de una gravedad significativa en el caso de las niñas y las mujeres afectadas por la pobreza y otras formas de exclusión. La discriminación contra las mujeres continúa siendo evidente en el mercado laboral; en el acceso limitado de las mujeres a la seguridad social; y en la carga desproporcionada en las mujeres de la pobreza y la exclusión social. Las mujeres indígenas y afrodescendientes todavía sufren múltiples formas de discriminación, están ausentes de las políticas y programas estatales, y no se benefician del desarrollo económico y social de sus comunidades. Las mujeres que trabajan en la defensa de los derechos humanos también están expuestas de forma particular a actos de violencia, amenazas, hostigamientos, y a otros tipos de vulneraciones a sus derechos.
Estos desafíos revelan que aún persiste un vínculo estrecho entre la violencia y la discriminación, y el ejercicio pleno por parte de las mujeres de sus derechos y ciudadanía. Ello tiene repercusiones negativas en su salud, potencial económico, y en su participación en la vida pública y política de sus sociedades; obstáculos fundamentales para la consolidación del desarrollo, la democracia y el Estado de derecho a través del hemisferio.
El día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Mujeres recuerdan a los Estados su obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar todo acto de violencia contra la mujer. Este deber conlleva la organización de toda la estructura estatal no solo para responder a la violencia contra las mujeres, pero a las múltiples formas de discriminación, la pobreza y la exclusión que fomentan y promueven este fenómeno. Ambas entidades también resaltan la indivisibilidad y el vínculo estrecho entre la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, y los de naturaleza civil y política; factores que deben ser tenidos en cuenta en la adopción de legislación y políticas públicas diseñadas para abordar preocupaciones vinculadas con la igualdad de género. Por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Mujeres recuerdan la necesidad de los Estados de considerar la situación específica de sectores de mujeres expuestas a un riesgo particular de violaciones a sus derechos humanos en el diseño de intervenciones estatales en esta esfera, como las niñas, las indígenas y las afrodescendientes, y las que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres. Estas acciones son fundamentales para reducir la brecha entre los esfuerzos formales adoptados por los Estados y su impacto en la vida diaria de las mujeres en el hemisferio.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. Para más información sobre la CIDH, puede ver la siguiente página web: /en/iachr/default.asp
Establecida en 1928, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) fue el primer órgano intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. La CIM está constituida por 34 Delegadas, una por cada Estado Miembro de la OEA y se ha convertido en el principal foro de debate y de formulación de políticas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en las Américas. Para más información sobre la CIM, puede ver la siguiente página web: /cim
No. 16/13