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Washington, D.C. – La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) han recibido diversa información sobre recurrentes amenazas y posibles vulneraciones a derechos sociales en el marco del seguimiento a la grave crisis de derechos humanos acaecida en Nicaragua desde el 18 de abril pasado. En particular, durante las últimas semanas se han registrado denuncias sobre despidos arbitrarios y actos de hostigamiento contra estudiantes y personal de los sectores de salud y educación, así como efectos negativos sobre la salud de pacientes que no vienen recibiendo atención por falta de especialistas médicos.

Según información de público conocimiento, a partir del 27 de julio último se realizaron despidos de profesionales de la salud en distintos hospitales del país. Entre ellos, se registran despidos en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello en León, el Hospital Regional Santiago en Jinotepe, el Hospital Humberto Alvarado en Masaya, el Centro de Salud de Monimbó y el Hospital San Juan de Dios en Estelí. De acuerdo a denuncias recibidas, estos despidos se habrían realizado como represalia por haber atendido a personas heridas que protestaban en contra del gobierno o por haber manifestado una posición crítica hacia éste en el marco de la crisis que viene atravesando dicho país.

En ese marco, el 15 de agosto pasado se envió una carta al Estado nicaragüense, de acuerdo al artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual se le solicitó información sobre estas denuncias. En particular, se pidió al Estado que en un plazo de 10 días entregue la lista detallada de todas las personas despedidas, tiempo en el que desempeñaron sus funciones y puestos donde estaban designadas. También se requirió información específica e individualizada sobre las razones de los despidos y las garantías otorgadas para proteger sus derechos laborales, si se registran situaciones similares en otros hospitales o centros de salud del país a partir del inicio de las protestas; así como información sobre la garantía del derecho de la salud de la población ante la ausencia del personal médico despedido.

La CIDH y su REDESCA lamentan que hasta la fecha el Estado nicaragüense no haya dado ningún tipo de respuesta a dicha solicitud, lo cual debilita el cumplimiento de los principios de transparencia y buena fe que debe guiar el actuar del Estado respecto de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El acceso a dicha información no solo es una garantía convencional indispensable para el trabajo de monitoreo de la CIDH y sus Relatorías Especiales, además sirve para coadyuvar con las autoridades respectivas a identificar abusos de funcionarios/as públicos/as, promover la rendición de cuentas y prevenir el abuso de poder. De allí la importancia de que el Estado responda a las solicitudes de información que le sean formuladas y suministre de manera oportuna, completa y accesible dicha información.

De acuerdo a la información pública, los despidos en este contexto alcanzarían a 300 profesionales de la salud, y ya estarían teniendo consecuencias negativas en la protección de los derechos a la salud, integridad personal y vida de la población por falta de especialistas para su atención y tratamiento, así como por la cancelación de procedimientos médicos inicialmente previstos.

Esta Relatoría Especial también ve con preocupación la continuidad de hostigamientos, amenazas, estigmatización y en algunos casos información sobre detenciones arbitrarias contra personal médico y aquel que prestó asistencia humanitaria en el marco de las protestas. Al respecto, Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre DESCA de la CIDH subrayó el papel fundamental que tienen las personas que prestan servicios de salud de emergencia a quienes resulten heridos/as en el contexto de protestas sociales, así como la obligación del Estado de proteger y garantizar el desempeño de sus funciones. Adicionalmente indicó que “el Estado no puede interferir a través de normas o prácticas en la protección de la salud y la vida que el personal médico tiene a su cargo; es decir, ninguna acción del Estado debe estar encaminada a disuadir o castigar al personal de salud por cumplir su deber, ya sea mediante amenazas, sanciones arbitrarias o induciéndoles a hacer distinciones contrarias los principios de igualdad y no discriminación de las personas que atienden. El derecho a la salud y los derechos laborales en ningún caso deben utilizarse para neutralizar a quienes protestan o se consideran oposición política”.

Esta Relatoría Especial de la CIDH también viene dando seguimiento a la situación de la comunidad universitaria que se declaró en “desobediencia estudiantil” y no está dispuesta a retomar las clases al alegar falta de garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria y condiciones de seguridad. Se tiene conocimiento de denuncias de despidos arbitrarios en contra de profesorado universitarios y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua, así como la expulsión de más de 80 estudiantes de dicha casa de estudios por haber ocupado dichas instalaciones en el marco de las protestas sociales. También fueron presentadas denuncias sobre detenciones arbitrarias y persecución contra líderes estudiantiles y presiones por parte de autoridades universitarias. Al respecto, esta Relatoría Especial recuerda, como lo indicó la CIDH, que la enseñanza superior, la libertad académica de docentes y estudiantes como la autonomía de las instituciones de educación superior son pilares fundamentales para fortalecer las estructuras democráticas, así como para evitar presiones o intervención de naturaleza política en dichos espacios. La CIDH también subrayó que el Estado debe facilitar y garantizar lo antes posible un ambiente propicio para la recuperación de clases, priorizando la seguridad y protección de las y los estudiantes.

Finalmente, la CIDH y su REDESCA urgen a las autoridades nicaragüenses a proteger de cualquier intervención indebida a estudiantes y trabajadores/as médicos o educativos, así como facilitar a la brevedad posible información completa sobre la garantía de estos derechos, en particular aquella requerida en su nota de 15 de agosto último.

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la CIDH a fin de orientar, desarrollar y profundizar su trabajo de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano teniendo en cuenta el carácter interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos.

No. 203/18