- English
- Español
CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH destaca avances con relación al derecho al voto de las personas con discapacidad en países de las Américas
3 de diciembre de 2018
Enlaces relacionados
Datos de contacto
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
Tel: +1 (202) 370-9000
cidh-prensa@oas.org
Más sobre la CIDH
Washington, D.C. – En ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda los avances observados con relación al derecho al voto de las personas con discapacidad durante las elecciones que tuvieron lugar en países de las Américas durante el año 2018. A su vez, la CIDH insta a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar medidas que garanticen la plena participación política de las personas con discapacidad, construyendo espacios incluyentes para todas las personas con discapacidad y garantizando su derecho al voto sin discriminación.
Durante el año 2018, la CIDH y su Unidad de Personas con Discapacidad han monitoreado la situación de las personas con discapacidad en relación con su derecho al voto en el contexto de elecciones que hubo en varios países de la región. Así, la CIDH recopiló información sobre las tendencias en la región, e identificó que entre las prácticas positivas adoptadas por Estados como Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Venezuela se encuentran la adopción de medidas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidades físicas a los puestos de votación, permitir que las personas con discapacidad que lo soliciten puedan contar con la asistencia de una persona de su elección que los acompañe a la urna de votación, y, la realización de campañas públicas para la sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad.
De igual forma, la CIDH observo que aún siguen existiendo grandes retos para el goce efectivo del derecho al voto de las personas con discapacidad en la región. Principalmente, la CIDH observa que la ausencia del reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad conlleva a la negación del derecho al voto de las personas con discapacidad que se encuentran bajo regímenes de tutela o curatela. A su vez, la CIDH también ha identificado otros desafíos tales como la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad psicosocial en el ejercicio de su derecho al voto; así como la falta de capacitaciones de los funcionarios electorales con un enfoque de derechos humanos sobre los derechos de las personas con discapacidad, son algunas de las principales problemáticas que persisten en la región.
De acuerdo con la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, los Estados deben adoptar medidas para eliminar la discriminación y promover la integración de las personas con discapacidad en las actividades políticas. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, esto implica, además de otros derechos, la garantía del derecho al voto como forma de expresión de su voluntad y forma de participar en la vida política y pública de su país.
El Comisionado Francisco Eguiguren, Responsable de la Unidad de las Personas con Discapacidad, señaló que: “Si bien destacamos los avances concernientes al derecho al voto de las personas con discapacidad en la región, aun se debe seguir trabajando para llegar al pleno reconocimiento de todas las personas con discapacidad como ciudadanos. El derecho al voto de las personas con discapacidad no puede estar limitado tan solo por percepciones erróneas que se tengan frente a la discapacidad. Es crucial entender que todos somos ciudadanos y tenemos el derecho al voto. Los Estados no pueden permitir que se sigan tratando a las personas con discapacidad como personas menos aptas que las personas sin discapacidad”.
Por su parte, Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH, expresó que: “Negarle el derecho al voto a una persona por el hecho de tener una discapacidad es una forma de discriminación que afecta directamente a la democracia, ya que esa distinción genera que existan falsas percepciones sobre lo que significa ser un ciudadano apto para votar, y genera que todos los esfuerzos para incluir y promover la participación de las personas con discapacidad se queden tan solo buenas intenciones. Si les negamos el derecho a votar, les negamos el derecho a elegir, es decir, es continuar sustituyendo la voluntad de las personas con discapacidad. Los Estados deben optar por medidas que realmente permita a todas las personas con discapacidad participar en la vida política de su país”.
La CIDH destaca la importancia de la participación política de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos de un país como forma de fortalecimiento de la democracia. Asimismo, insta a los Estados a que de acuerdo con el enfoque sobre la discapacidad que acoge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, siga adoptando medidas para la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, además, insta a que los Estados sigan avanzando en la garantía del derecho al voto de las personas con discapacidad como forma de inclusión en las decisiones que se toman en el Estado. A su vez, la CIDH llama a los Estados miembros de la OEA a ratificar la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 259/18