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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita
de trabajo en la Provincia de Mendoza, Argentina, del 3 al 5 de junio de
2019 con el objetivo de supervisar la implementación de la medida cautelar
otorgada a favor de los Complejos Penitenciarios de Almafuerte y San Felipe,
así como para dar seguimiento al acuerdo de solución amistosa del caso
12.532 sobre las Penitenciarías de Mendoza. La delegación estuvo liderada
por el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, en su calidad de Relator de la
CIDH para Argentina.
La Comisión agradece la anuencia del Estado para llevar a cabo la visita,
así como las facilidades y coordinaciones realizadas para favorecer una
amplia participación por parte de las autoridades. En la visita, el
Comisionado Vargas mantuvo diálogos con autoridades de la Provincia de
Mendoza, incluyendo el Gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo, y Luis
Romero, Procurador de la Procuración Provincial de Personas Privadas de
Libertad. Además, participaron en las actividades el Ministro de Seguridad,
el Director General del Servicio Penitenciario, el Director de Asuntos
Jurídicos Internacionales de la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural de la Nación, y la Directora de Derechos Humanos del Ejecutivo
Provincial, entre otras autoridades.
El 3 de junio de 2019, el Comisionado Vargas sostuvo reuniones con
autoridades provinciales de Mendoza y con familiares de personas privadas de
la libertad o personas en su momento recluidas con el objetivo de recabar
información sobre su situación. El 4 de junio de 2019 el Comisionado Vargas
visitó los Complejos Penitenciarios Almafuerte y San Felipe en el marco de
la MC-35-14. Finalmente, el 5 de junio de 2019 el Comisionado Vargas sostuvo
respectivas reuniones de trabajo con autoridades y representantes sobre la
mencionada medida cautelar y seguimiento a los acuerdos arribados de la
Solución Amistosa en el Caso 12.532 (Penitenciarías de Mendoza), en las que
participaron los representantes y las autoridades estatales involucradas en
su implementación. La Comisión agradece las facilidades de transportación y
logísticas realizadas por el Estado para hacer posible visitar ambos centros
penitenciarios el mismo día. Durante la visita el Comisionado Vargas pudo
reunirse libremente y sin restricciones con personas privadas de la libertad
en ambos centros.
En el diálogo con las autoridades, el Comisionado Vargas recibió
información por parte del Gobernador de la Provincia de Mendoza, Alfredo
Cornejo, sobre los esfuerzos adelantados a nivel provincial con la finalidad
de adoptar mejoras de infraestructura y para atender la sobrepoblación
existente. En la visita el Comisionado Vargas recibió asimismo información
sobre una serie de medidas que se han desplegado y anunciado para superar la
problemática de la sobrepoblación, las cuales incluyen mantener lo más
operativa posible la capacidad de las actuales unidades penales de
alojamiento; la construcción de nuevas unidades y módulos, la inauguración
de la unidad penal de San Rafael, el traslado de personas imputadas con
delitos federales al ámbito federal, entre otras medidas. Del mismo modo, el
Estado informó de manera detallada sobre medidas que serían adoptadas en los
sectores de salud, educación y trabajo a favor de las personas privadas de
libertad en ambos centros penitenciarios. El Comisionado Vargas reconoció
positivamente los avances alcanzados así como el empeño de las autoridades
nacionales y provinciales en atender la situación y los instó a lograr que
la solución del problema penitenciario en Mendoza pueda servir de un buen
ejemplo para la región.
Las constataciones realizadas por el Comisionado Vargas en las visitas a
los centros penitenciarios reflejan la persistencia de la sobrepoblación en
las unidades penales, el cual sigue siendo uno de los principales factores
generadores de problemas entre las personas privadas de la libertad que a su
vez constituye en un serio obstáculo para el acceso a servicios y bienes
básicos de forma adecuada y suficiente. El Comisionado Vargas recibió
información en ambos centros sobre la continuidad de deficientes condiciones
de detención, de forma más manifiesta en el Complejo de San Felipe, en el
cual notó la continuidad de graves problemas de infraestructura que se
traducen en un mal estado general de instalaciones sanitarias y eléctricas
que exponen a una situación de riesgo a los derechos de las personas
privadas de la libertad y que requieren de su inmediata adecuación y
mantenimiento. Asimismo, durante su recorrido en las cárceles de forma
recurrente el Comisionado Vargas recibió información preocupante por parte
de las personas privadas de la libertad sobre las dificultades que tendrían
para tener acceso a medicamentos, insumos médicos suficientes y tratamientos
adecuados y especializados atendiendo a sus condiciones de salud.
La Comisión reconoce los esfuerzos y avances realizados por diversas
autoridades así como la voluntad expresada para implementar la medida
cautelar vigente y dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo de solución
amistosa. A tales efectos, la Comisión recuerda la importancia de tomar en
cuenta los estándares que ha desarrollado la Comisión en suInforme sobre los
Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, en su Guía Práctica para
reducir la prisión preventiva y el Informe Medidas para reducir la prisión
preventiva. En particular, la CIDH resalta que la utilización de medidas
alternativas a la privación de la libertad como una forma una de las
herramientas esenciales para la reducción de la sobrepoblación carcelaria.
La Comisión analizará la información recibida durante la visita y continuará realizando el requerimiento de informes estatales periódicos correspondientes. La Comisión agradece la colaboración de los representantes y familiares para lograr el adecuado desarrollo de la visita.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 157/19