CIDH

Comunicado de Prensa

CIDH publica informe sobre la situación de derechos humanos en Guatemala

14 de marzo de 2016

A+ A-

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el informe “Situación de Derechos Humanos en Guatemala: Diversidad, Desigualdad y Exclusión”, el cual aborda desafíos estructurales en materia de seguridad ciudadana, acceso a la justicia e impunidad, marginación y discriminación que afectan gravemente los derechos humanos de sus habitantes. El informe analiza en particular el sistema de administración de justicia de Guatemala y la necesidad de que sea adecuado, eficiente, independiente e imparcial, a fin de dar respuesta a la impunidad estructural por las graves violaciones de derechos humanos del pasado y del presente. Asimismo, el informe aborda especialmente la situación de los pueblos indígenas de Guatemala, quienes han visto afectado su derecho a sus tierras y territorios ancestrales y sufren exclusión, desigualdad y desnutrición como consecuencia del racismo y la discriminación estructural. Se analiza la situación de derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas lesbianas, gay, trans, bisexuales e intersex y migrantes.

"Hemos notado cambios en Guatemala en pro de una sociedad más respetuosa de los derechos humanos", dijo el Relator de la CIDH para Guatemala, Comisionado Enrique Gil Botero. "Estos avances han sido promovidos y provocados por el trabajo de funcionarios públicos comprometidos con la justicia, así como por defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales. El trabajo que realizan, que muchas veces pone en riesgo su vida y su integridad, ha sido y sigue siendo esencial".

Entre los avances registrados, destaca una reducción en la tasa de homicidios y la decisión de la Corte de Constitucionalidad en septiembre de 2015 que por primera vez ordena se implemente la consulta previa e informada con las comunidades indígenas afectadas por un proyecto de inversión. También en materia de administración de justicia se destaca la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público en la desarticulación de redes criminales y en la lucha contra la corrupción. La CIDH valora, asimismo, los esfuerzos del Estado para crear un programa de protección a periodistas, las acciones tomadas para prevenir y combatir la trata de personas y, el registro de estadísticas diferenciadas en materia de violencia contra la mujer que alimentan el diseño de políticas públicas, entre otros. La CIDH saluda además la decisión adoptada por el gobierno en 2015 de prorrogar el mandato de la CICIG, cuyo trabajo ha sido crucial.

El año 2015 ha sido de especial impacto para la sociedad guatemalteca. Desde la revelación del llamado “Caso La Línea” y de otra serie de actos de corrupción, la sociedad guatemalteca se volcó a las calles a exigir justicia. El 3 de septiembre de 2015, Otto Pérez Molina renunció a la Presidencia de la República, encontrándose sometido a un proceso por su presunta participación en la red de defraudación aduanera. El 25 de octubre de 2015, James Ernesto Morales fue elegido en segunda vuelta como Presidente de la República.

"El nuevo gobierno tiene desafíos cruciales en materia de derechos humanos", dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro. "Tomar medidas para asegurar que las y los guatemaltecos puedan vivir en un país libre de violencia, combatir la impunidad, la corrupción, la exclusión y la discriminación, son solo algunos de esos desafíos. Confiamos en que el nuevo gobierno retomará la agenda de los Acuerdos de Paz y garantizará el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y de las sentencias de la Corte Interamericana", agregó.

El informe de la CIDH contiene recomendaciones para colaborar con el Estado en abordar algunos de los constantes problemas que Guatemala viene enfrentando desde hace décadas, entre ellos la pobreza, el racismo, la discriminación, la exclusión, la violencia y la impunidad. Estos problemas están enmarcados en una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y con un alto nivel de corrupción. El informe concluye que la impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la intolerancia y la violencia política, así como la exclusión social de diversos sectores, representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y restringen el pleno goce de los derechos humanos en Guatemala. El informe centra su análisis en tres aspectos fundamentales de la situación de derechos humanos en el país: seguridad ciudadana, la administración de justicia y la situación de desigualdad y exclusión de los pueblos indígenas.

Los altos índices de violencia e inseguridad que padece Guatemala están relacionados con la exclusión social y la falta de aplicación de la ley. En este contexto, la situación se ve agravada con el resurgimiento de las desapariciones, asociadas principalmente al actuar del crimen organizado, la problemática de los linchamientos y el uso desmesurado y poco supervisado de la seguridad privada. La respuesta del Estado guatemalteco ha sido problemática, ya que el debilitamiento continuo de la Policía Nacional Civil, el uso desproporcionado de los estados de excepción, la militarización de la seguridad ciudadana y la creación de escuadrones especiales, han generado mayor tensión e incrementado el problema.

Es indispensable una administración de justicia eficiente, independiente y autónoma para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho. De especial preocupación para la CIDH han sido los procesos de selección y la permanencia en el cargo de los operadores de justicia, que afecta la independencia judicial, así como la falta de acceso a la justicia y las altas tasas de impunidad, en particular respecto de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno.

"La mayor parte de los hechos ocurridos durante el conflicto armado que tuvo lugar de 1960 a 1996 permanecen impunes", dijo el Comisionado Gil Botero. "Aunque ha habido avances en este aspecto, se requieren mayores esfuerzos ante la magnitud de los casos que aún se encuentran en la impunidad", agregó.

Por otro lado, el informe analiza la situación de desigualdad y exclusión que sufren los pueblos indígenas en Guatemala como consecuencia del racismo así como por la discriminación histórica y estructural.

“De acuerdo a cifras de UNICEF, ocho de cada diez niños y niñas indígenas padecen de desnutrición crónica. Este dato es sintomático de una situación de exclusión y desigualdad que viene afectando a los pueblos indígenas de Guatemala por generaciones”, dijo el Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Comisionado  Francisco Eguiguren Praeli. “Guatemala debe redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, especialmente para eliminar la desnutrición infantil, tal como se recomienda en el informe”, agregó.

La falta de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas en el marco de proyectos extractivos o de explotación de diverso tipo en sus tierras y territorios ancestrales es un problema que agrava la situación de desigualdad y exclusión de este grupo. A pesar que el Estado de Guatemala  ha señalado que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados es incuestionable, el informe apunta a que  los proyectos de explotación minera, monocultivos, plantas hidroeléctricas y otros que se han desarrollado en las últimas décadas, se han realizado sin la consulta previa, en contravención de los estándares interamericanos de derechos humanos.  Asimismo, el desarrollo de estos proyectos ha resultado en la contaminación de sus aguas y suelos y el desplazamiento forzado de sus tierras.

El informe también aborda la situación del derecho a la libertad de expresión. Tres periodistas fueron asesinados en Guatemala en 2015. Además, ha habido episodios de hostigamiento y agresiones contra periodistas y medios de comunicación, donde los responsables han sido tanto el crimen organizado como líderes políticos y autoridades estatales locales. Este contexto genera un ambiente de intimidación sobre la prensa con el consiguiente efecto inhibitorio y autocensura entre los comunicadores y la afectación del derecho a la información en distintas zonas del territorio. Además, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han notado que no se conocieron avances en la obligación asumida en múltiples oportunidades por el Estado para reconocer legalmente al sector de la radiodifusión comunitaria e implementar la asignación efectiva de autorizaciones para utilizar frecuencias por parte de este sector. Por el contrario, continuó la criminalización de estos medios de comunicación. Tampoco mejoró la situación de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en ese país.

El informe incluye recomendaciones al Estado para enfrentar los graves problemas de derechos humanos del país. En especial, la CIDH recomienda retomar la agenda de los Acuerdos de Paz  como instrumentos para avanzar en la tarea de construcción de un país más democrático, justo, tolerante y respetuoso de los derechos humanos. El informe también incluye recomendaciones específicas en relación con la situación de violencia e inseguridad, la administración de justicia y la situación de los pueblos indígenas.

La Comisión Interamericana reitera su compromiso con el Estado guatemalteco en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y en la implementación de las recomendaciones del presente informe, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está a disposición del Estado para, dentro del marco de su mandato y funciones, colaborar con Guatemala en asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas.

La Comisión valora y agradece la información suministrada por el Gobierno y representantes y organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del informe.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 035/16