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Washington, D.C. – Durante 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)enfrentó su más grave crisis financiera y se deben tomar todas las medidas posibles para prevenir su repetición.
En virtud de la crisis, en junio de 2016, la Asamblea General Ordinaria de la OEA en Santo Domingo aprobó la resolución AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) sobre “Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde los Estados Miembros expresaron su determinación de resolver el problema del financiamiento insuficiente. En dicha Resolución, adoptada el 14 de junio de 2016, la Asamblea General resolvió: “Reafirmar su compromiso de lograr el pleno financiamiento de la CIDH a través del Fondo Regular de la OEA sin que ello vaya en detrimento del financiamiento para los otros mandatos de la Organización”.
Dicha Asamblea General en República Dominicana instruyó a la Secretaría General de la OEA a que, en consulta con la Comisión y la Corte, incluyera en su propuesta de Programa Presupuesto para 2017 acciones para atender la crítica situación financiera de dichos órganos, y presentar propuestas para fortalecer la sustentabilidad financiera de ambos en el mediano y largo plazo. Así, de forma inédita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) acordaron una propuesta conjunta para el financiamiento adecuado y sostenible del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La propuesta fue enviada al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y a los Estados Miembros, el 30 de septiembre de 2016, conforme el comunicado 146/16.
Finalmente, el 31 de octubre de 2016, la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que aprobó el presupuesto para el año 2017, decidió mantener el mismo nivel insuficiente de recursos para los dos órganos del SIDH. La CIDH valora y agradece el esfuerzo de las propuestas tentativas presentadas por México y Argentina, que fueron discutidas en esta oportunidad. A pesar de eso, los Estados Miembros reconocieron la crisis financiera de manera expresa en la Resolución del Programa Presupuesto 2017, en particular, con el mantenimiento de los recursos del fondo regular destinados a los órganos del SIDH y además aprobó en su Resolución AG/RES. 2 (LI-E/16) una cláusula de emergencia con una instrucción al Secretario General y al Consejo Permanente para que “analicen los esquemas de financiamiento para apoyar a los órganos del SIDH cuando se presenten cuestiones presupuestales que pongan en riesgo la operatividad de sus actividades”.
En estos términos, debido a que el funcionamiento ordinario de la CIDH, el cual le permite mantener su actual estructura y capacidades esenciales de funcionamiento, tiene un costo superior a $11,500,000 y que en el presupuesto 2017 de la OEA le fueron asignados US$5,643,000, la CIDH proyecta un déficit de aproximadamente $6.000.000 para 2017 que implica un nuevo riesgo para su operatividad para este año.
Con el fin de que se inicie un diálogo urgente sobre la asignación de recursos adicionales por parte de la OEA que le permitan a la CIDH evitar enfrentar una situación de crisis financiera, como la que en 2016 amenazó seriamente su capacidad de operación, el 14 de diciembre de 2016, el Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro dirigió una carta al Presidente del Consejo Permanente y al Secretario General de la OEA, en la que anunció la delicada situación que se enfrentará en 2017.
En la sesión del Consejo Permanente del 15 de diciembre de 2016, las delegaciones de Bahamas, Barbados, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Grenada, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago y Uruguay presentaron una declaración reconociendo “la importancia de la labor que desarrollan los órganos independientes y autónomos del SIDH” y reiterando la intención de los Estados Miembros de la OEA de “generar a la mayor brevedad un marco de consultas amplio e incluyente que nos lleve a alcanzar soluciones para asegurar el pleno financiamiento de los órganos del Sistema, evitando repetir la situaciones de crisis que pongan en riesgo su operatividad”.
La Comisión agradece a dichos Estados impulsar la búsqueda inmediata de una solución de emergencia para evitar una nueva crisis financiera y espera que dichos diálogos puedan generarse al inicio del año, en los términos de la cláusula decidida de emergencia de la Asamblea General Extraordinaria de 31 de octubre de 2016.
Paralelamente, la CIDH mantiene su expectativa positiva de que se alcance una solución financiera estructural y duradera; y reitera su propuesta presentada conjuntamente con la CorteIDH para una discusión durante la próxima Asamblea General Ordinaria, prevista para junio en México, en la que se definirán las directrices para el programa presupuesto de 2018.
“La declaración política de 22 Estados de la OEA es un gesto de oportunidad en busca de una solución de urgencia para evitar una nueva crisis”, dijo el Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro. “Hacemos votos para que el Consejo Permanente de la OEA atienda la situación y autorice un refuerzo de los recursos asignados para 2017 y que la Asamblea General de México lleve a alcanzar soluciones estructurales para asegurar el pleno y sostenible financiamiento de los órganos del Sistema a partir de 2018”.
Para alcanzar superar el déficit financiero, la CIDH necesita y espera contar en 2017 con las valiosas contribuciones voluntarias de parte de Estados Miembros de la OEA, países observadores y otros donantes, por montos similares a los recibidos en el 2016. Hasta la fecha, la CIDH ya ha recibido la garantía de las siguientes contribuciones voluntarias de Estados Miembros para 2017: Estados Unidos (2.100.000,00 dólares) y Panamá (150.000 dólares). Uruguay y Argentina anunciaron su voluntad de recibir un periodo de sesiones. Adicionalmente, Canadá ha estado en conversaciones con la Comisión sobre este tema y la CIDH ha entregado una detallada propuesta de financiamiento para que Canada evalue. Estados no-miembros y otros donantes también colaborarán: Holanda, España, Suiza, Irlanda, Trust for the Americas y Pan American Development Foundation (PADF). La CIDH agradece profundamente estos apoyos que permitirán planificar y garantizar las actividades del inicio del año y aguarda la movilización de los demás Estados comprometidos con el sistema hemisférico de derechos humanos para alcanzar la suma total correspondiente al déficit previsto para 2017.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, destacó: “Nos hemos organizado de forma planificada y hemos tomado medidas y contactos para evitar una nueva crisis, pero ello no depende solamente de la CIDH, sino también de los donantes. El hecho de que la mitad del presupuesto de la CIDH provenga de donaciones voluntarias compromete parte de nuestra capacidad de sostenibilidad y previsibilidad. Como medida de transparencia, anunciamos desde ahora nuestro déficit y abrimos todas las puertas al diálogo para fortalecer nuestra plena autonomía e independencia”.
Además de un modelo de financiamiento estable la CIDH tiene la histórica y legítima aspiración de contar con un presupuesto más amplio y más adecuado que le permitiría fortalecer su capacidad de trabajo y cumplir con su mandato integral de promoción, defensa, monitoreo y protección de derechos humanos en el hemisferio, centrado en la atención de las víctimas.
La CIDH está abierta a sugerencias de todos sobre estrategias y formas creativas de movilizar nuevos recursos financieros. En este sentido, convida a quienes tienen compromisos efectivos en evitar retrocesos, en avanzar y en hacer de los derechos humanos el principal criterio para la gobernabilidad global y de convivencia social, a sumarse en el esfuerzo de fortalecimiento, sustentabilidad y previsibilidad financiera del órgano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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Comunicado modificado el 12 de enero de 2017.
No. 001/17