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CIDH celebra primera audiencia sobre los derechos de las trabajadoras sexuales en América

23 de marzo de 2017

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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la situación de falta de seguridad jurídica en que se encuentran las mujeres trabajadoras sexuales en América. La CIDH urge a los Estados de la región a diseñar normativas y políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluyendo medidas para proteger su vida, su integridad, su honra y dignidad, así como para poner fin a la estigmatización y discriminación de la que son objeto.

La CIDH recibió información alarmante sobre la situación de derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en América durante una audiencia celebrada el 18 de marzo de 2017 en el marco del 161 Período de Sesiones de la CIDH. “Se trata de una audiencia de carácter histórico, ya que es la primera vez que se aborda este tema en este ámbito”, dijo la Comisionada Margarette Macaulay, quien presidió la audiencia y es Relatora de la Comisión Interamericana sobre los Derechos de las Mujeres. “La información recibida es sumamente preocupante y desde la Relatoría vamos a trabajar en incluir el tema de las trabajadoras sexuales en todos nuestros trabajos sobre los derechos de las mujeres”, agregó.

Las solicitantes de la audiencia expusieron sobre el alto índice de asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales, el alto índice de impunidad que existe para esos crímenes, las barreras en el acceso a la justicia, la violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y otros agentes estatales, entre otros graves problemas. Asimismo, plantearon problemas en la aplicación de las leyes y normativas contra la trata de personas, indicando que muchas veces los operativos terminan perjudicando a las mujeres trabajadoras sexuales.

“Los Estados deben adoptar leyes que reconozcan nuestra actividad de trabajadoras sexuales como una actividad lícita y generar políticas públicas para generar mejores condiciones de trabajo para nosotras. El mundo dice que nuestro trabajo es indigno. Nosotras decimos que el trabajo siempre es digno, pero son indignas las malas condiciones en que hoy estamos sumergidas las trabajadoras sexuales en la región”, dijo la presidenta de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), Elena Reynaga.

Respondiendo a los comentarios de las participantes, la Comisionada Macaulay manifestó su acuerdo con que el trabajo siempre es digno, y señaló que lo que es indigno es, por ejemplo, la forma en que son tratadas las trabajadoras sexuales por parte de agentes estatales, por ejemplo fuerzas policiales y jueces y juezas. De manera de progresar en la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales, el trabajo sexual debería ser descriminalizado.

Al exponer cifras sobre el alto número de asesinatos de trabajadoras sexuales en diversos países de la región, Maria Lucila Esquivel, otra líder de la RedTraSex, señaló que la motivación de estos homicidios es “por negarse a trabajar o continuar trabajando para proxenetas, por negarse a abonar cuotas a las mafias, a las maras, o a las fuerzas de seguridad para poder seguir ejerciendo su trabajo, por llevar adelante denuncias contra determinados sectores de poder que buscan lucrar con el trabajo sexual, por el sólo hecho de ser trabajadoras sexuales, donde operan factores de estigma y discriminación, por ejercer el trabajo en espacios absolutamente inseguros, conocidos como zonas liberadas”.

Estos crímenes suelen quedar en la impunidad. “Rara vez aparecen los culpables y las investigaciones no se concluyen. Esto se debe al estigma que pesa sobre nosotras”, explicó Esquivel. Puntualizó que algunas familias no quieren hacer seguimiento de la investigación para que no se sepa que hacían trabajo sexual, otras familias no cuentan con los recursos económicos o conocimiento sobre cómo acceder a la justicia, y en otros casos que familiares deciden impulsar las investigaciones, suelen enfrentar amenazas y amedrentamientos para que cesen del intento.

Las participantes aportaron el resultado de una investigación que indica que 7 de cada 10 mujeres trabajadoras sexuales fueron víctimas de violencia en el último año. “Casi 9 de cada 10 de estas mujeres identificó que sus agresores eran policías, fuerzas armadas, agentes de migración y funcionarios de justicia. Es decir, en la mayoría de los casos se trató de violencia institucional”, dijo Haydeé Laínez Cabrera, otra dirigente de RedTraSex. El mismo estudio señala que 8 de cada 10 trabajadoras sexuales no hacen denuncias.

“Lo más grave de esta situación es la absoluta desprotección. Si alguien te violenta, deberías denunciarlo. Qué pasa si ese alguien agresor encarna justamente la institución donde debes llevar tu denuncia? La policía o la justicia? Lo que sentimos ante esta situación es impotencia. Sientes que no puedes hacer nada, sientes que otro puede agredirte, humillarte y tiene impunidad absoluta para vulnerar nuestros derechos”, dijo.

Otro tema preocupante planteado en la audiencia fue el impacto negativo que tiene sobre las trabajadoras sexuales las leyes de combate al tráfico de personas. El tratamiento que se le ha dado en la mayoría de los países “no realiza una clara distinción entre la trata de personas y el trabajo autónomo, y generan distintas formas de intervención policial, judicial y administrativa que redundan en una criminalización del trabajo sexual, reducen los ámbitos de trabajo posible para las trabajadoras sexuales autónomas, y termina afectando gravemente los derechos humanos de las mujeres que realizamos esta actividad por decisión propia”, dijo María Lucila Esquivel. “Los procedimientos irregulares que se anuncian como de rescate de víctimas de trata, en la práctica resultan en persecución a las mujeres trabajadoras sexuales, en lugar de perseguir a proxenetas y explotadores”.

Por su parte, Elena Reynaga solicitó que “los Estados realmente nos tomen como actoras políticas valiosas, y no como esa cosa que mejor escondamos bajo la alfombra”, y que se legisle el trabajo sexual como legítimo y legal, porque eso “va a ayudar a combatir el tráfico de personas”.

Las participantes plantearon entre sus solicitudes a la CIDH que se avance en diferenciar claramente trabajo sexual de trata y tráfico, así como explotación sexual y explotación laboral, tanto a nivel legislativo como de políticas públicas nacionales, generar políticas públicas eficientes para prevenir, combatir y sancionar la discriminación y la violencia contra las trabajadoras sexuales, establecer mecanismos efectivos de protección frente a la actuación de las fuerzas de seguridad e instituciones públicas que desarrollan discriminación y violencia hacia las trabajadoras sexuales, promover el desarrollo de normativas que regulen el trabajo sexual, sin criminalizarlo, y garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de las mujeres trabajadoras sexuales en el marco del respeto de sus derechos humanos.

“Es de urgencia una ley nacional en toda Latinoamérica una ley que reivindique el trabajo sexual, una ley que nos vea como seres humanas sujetas de nuestros propios derechos y no sujetas a que alguien más nos violente, nos discrimine, nos violente y nos asesine, como está ocurriendo”, dijo Adriana Castillo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 036/17