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CIDH
Comunicado de Prensa
En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la CIDH y la Relatora Especial de la ONU sobre el racismo instan a los Estados a adoptar medidas especiales y acciones afirmativas hacia las personas afrodescendientes
21 de marzo de 2018
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Washington, D.C. - En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia instan a los Estados a actuar sin dilación para adoptar medidas legislativas, políticas y programáticas para implementar políticas especiales y acciones afirmativas con el objetivo de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para las personas afrodescendientes. De forma correlativa, los Estados deben adoptar pasos para recopilar información adecuada y desagregada con una perspectiva étnico-racial, e intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas afrodescendientes en lo pertinente a su salud, vivienda, educación y trabajo.
De acuerdo con la información disponible, la población afrodescendiente en las Américas está conformada por más de 150 millones de personas. Esta cifra que equivale aproximadamente al 30% de la población total del hemisferio. Sin embargo, las personas y las comunidades afrodescendientes continúan enfrentando numerosos obstáculos para acceder de forma debida a servicios públicos de calidad en materia de salud, educación y justicia, así como para tener una participación efectiva en el mercado laboral formal y acceder a un trabajo decente.
Los expertos destacan que el racismo institucional sigue arraigado en órganos e instituciones estatales, lo que puede ser observado a partir de prácticas discriminatorias y de racismo, por ejemplo, en los sistemas de justicia nacionales. Ellos también reconocen el esfuerzo que distintos países de la región han empleado para desarrollar marcos normativos y políticas públicas destinadas al combate del racismo, la discriminación y otras formas de intolerancia. Sin embargo, los expertos subrayan en este día conmemorativo de hoy que las disparidades raciales que persisten en la región están lejos del mínimo aceptable de igualdad.
La Comisionada Margarette Macaulay, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, ha señalado que “la discriminación estructural y racismo institucional que se verifica en los distintos países de las Américas son resultado de siglos de esclavitud y discriminación que solo serán revertidos por medio de acciones positivas y políticas públicas efectivamente desiñadas para integrar las personas afrodescendientes”.
Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, la Sra. E. Tendayi Achiume, añadió que, en el contexto alarmante actual, "la igualdad racial está siendo atacada y es vital que los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y activistas empleen renovada energía y atención a los impulsores estructurales de la desigualdad racial, incluyendo, tal como lo reconoce la Declaración de Durban". Destacó que se debe prestar atención global a las condiciones estructurales, económicas, políticas y legales que fomentan el racismo y la xenofobia entre las poblaciones que perciben a los grupos históricamente estigmatizados como amenazas.
Es legítimo y necesario que los Estados adopten medidas especiales y acciones afirmativas para promover la igualdad de oportunidades y avanzar en la integración de los afrodescendientes en los ámbitos de la educación, la economía, el empleo y la política. Los Estados deben revisar sus leyes y políticas para asegurar su conformidad con los principios de la igualdad efectiva y el deber de no discriminación. Ello implica el evaluar su posible impacto discriminatorio y su potencial de generar discriminación indirecta.
Finalmente, la Comisión, junto a la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, hace un llamado enérgico a los Estados de la región para que adopten las medidas necesarias para ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y otros tratados internacionales relevantes, como muestra efectiva de un compromiso serio de combatir la discriminación racial y toda forma de intolerancia en el hemisferio. La ratificación universal de los instrumentos interamericanos, bien como de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, es un paso indispensable para el respeto y la garantía de todos los derechos humanos, y la prevención y la erradicación de la discriminación racial. Los expertos instaron a los Estados y otros actores a permanecer vigilantes y redoblar sus esfuerzos para abordar las manifestaciones estructurales de discriminación racial y desigualdad, todo lo cual está prohibido por las leyes internacionales de derechos humanos. "Permitir que los afrodescendientes participen activamente en todos los niveles de toma de decisiones es esencial para superar la discriminación estructural y garantizar su lugar como actores clave en el desarrollo de los países", concluyeron.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general de los mecanismos independientes de determinación de hechos y monitoreo del Consejo que abordan situaciones nacionales específicas o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
No. 055/18