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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
expresa su preocupación por falta de investigación respecto de las amenazas
de muerte perpetradas por el grupo autodenominado Comando Barneix en contra
de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos
humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a graves
violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en
Uruguay. En ese sentido, la Comisión urge al Estado a realizar
investigaciones diligentes y de conformidad con los estándares en la materia.
De conformidad con información pública de 13 de febrero de 2019 –a dos
años de las amenazas de muerte recibidas–, un grupo formado por las personas
amenazadas y por el Observatorio Luz Ibarburu denunciaron, entre otras
cuestiones, la falta de avances a la investigación sobre los responsables
por las intimidaciones, así como la ausencia de respuestas de la presidencia
de la República a sus solicitudes de informaciones sobre el caso.
Al respecto, mediante
comunicado de 1 de marzo de 2017, la Comisión condenó las amenazas
dirigidas a autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de
derechos humanos que actuaron de alguna manera en casos de violaciones a
derechos humanos durante la dictadura. Dichas amenazas hacían mención al
suicidio del general Pedro Barneix, quien se habría quitado la vida cuando
la policía llegó para detenerlo por el supuesto delito de homicidio político
de Aldo Perrini, ocurrido en 1974. En las intimidaciones también se afirmaba
que a cada nuevo suicidio de militares y procesamientos por crímenes de la
dictadura, serían asesinadas tres personas indicadas en una lista. Entre las
personas amenazadas se encontraban el actual ministro de Defensa de Uruguay,
fiscales, exfiscales, abogados, personas vinculadas al Observatorio Luz
Ibarburu, y una investigadora italiana vinculada con la temática.
Por su parte, la Comisión ha destacado la especial gravedad de estas
amenazas, al considerar que pueden aumentar el riesgo de que queden en
impunidad los casos relacionados con violaciones de derechos humanos en
Uruguay, además de que pueden menoscabar la confianza de la ciudadanía en
las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia.
En este contexto, la CIDH urge al Estado desarrollar investigaciones prontas,
exhaustivas y diligentes de las amenazas, estableciendo las
responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los
responsables. Además, la CIDH insta al Estado a adoptar de manera inmediata
las medidas que sean necesarias para garantizar la vida y la integridad de
este grupo de personas.
“El Estado tiene el deber de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura uruguaya. La falta de las investigaciones diligentes vulnera a los derechos a la verdad, justicia y reparación” afirmó la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para el país y para la Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia. “Además, la ausencia de dichas investigaciones menoscaba la confianza a las instituciones de justicia”, señaló.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 045/19