CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH insta a asegurar condiciones propicias para el goce de los derechos humanos en Nicaragua ante proceso de diálogo
28 de febrero de 2019
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
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cidh-prensa@oas.org
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
insta al Estado de Nicaragua a garantizar las condiciones propicias para el
goce de los derechos humanos ante el inicio de un diálogo, y reitera su
llamado a cesar la represión de la población. Asimismo, la CIDH llama a
garantizar que dicho proceso cumpla con los principios de representatividad,
paridad, libertad y credibilidad, así como con el deber de permitir la
realización de manifestaciones públicas. En este sentido, debe cesar la
represión y la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos
a fin de desactivar el ambiente de intimidación, restablecer la personería
jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y los derechos y
libertades fundamentales, y avanzar en la construcción de una solución
pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis de derechos humanos
que vive el país.
De acuerdo con información de público conocimiento, el 21 de febrero de
2019, el Presidente de Nicaragua anunció la convocatoria a una mesa de
negociación y diálogo para “consolidar la paz” en el país. La CIDH nota que
este proceso se enmarcaría en un contexto en el que persisten graves
patrones de represión y violaciones a derechos humanos en contra de las
personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad
civil, así como de las personas privadas de su libertad como represalia por
su participación en las protestas sociales.
Al 15 de febrero, organizaciones de la sociedad civil reportaban 777
personas detenidas, de las cuales 407 estarían siendo procesadas y 138
habrían sido condenadas. Por su parte, al 22 de febrero, el Estado informó a
la CIDH que el número de personas que permanecen presas y acusadas asciende
a 372 (345 hombres y 27 mujeres). En relación con el número de 325 personas
asesinadas durante las protestas registradas por la CIDH, el Estado informó
que la Policía Nacional habría esclarecido 32 casos y 21 se encontrarían en
proceso judicial. No obstante, las autoridades nicaragüenses únicamente
reconocen que 198 personas fallecieron en el contexto de la crisis.
La CIDH, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI),
viene observando la situación de los derechos de las personas privadas de su
libertad en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018.
Especialmente llama la atención de la CIDH la intensificación en la agresión
y malos tratos a las personas privadas de libertad por parte de funcionarios
del sistema penitenciario nicaragüense. Así, el pasado 7 de febrero, la CIDH
tomó conocimiento de la agresión y malos tratos contra ocho mujeres privadas
de libertad en la cárcel “La Esperanza”. Como consecuencia, Irlanda Jerez,
detenida desde julio pasado y beneficiaria de las medidas cautelares
otorgadas mediante
Resolución 84/18, estaría imposibilitada de levantarse de su cama. La
señora Jerez sufre una valvuloplastía cardíaca de la que es convaleciente
crónica, por lo que requiere cuidados, tratamiento y monitoreo permanente.
Además, Jeisy Lagos y Brenda Muñoz, habrían sido retiradas de la celda y su
ubicación en el penal sería desconocida.
La CIDH también ha recibido información sobre la persistencia de
represalias contras las personas detenidas en la cárcel “La Modelo” por su
participación en las protestas y, en particular, sobre la ocurrencia
reiterada de agresiones por agentes antimotines. Según fuera denunciado, los
agentes irrumpen a las celdas de manera imprevista para agredir a los
reclusos con golpes, patadas y bastones policiales, en ocasiones con la
presencia de perros amaestrados. Dichos operativos terminarían también en el
traslado arbitrario de los presos con destino desconocido, presumiblemente a
celdas de castigo y/o aislamiento. En este contexto, la madrugada del 19 de
febrero, agentes antimotines habrían agredido por sorpresa a varios de los
reclusos confinados en los módulos 16-1 y 16-2 de la Modelo, ocasionando
serias lesiones. Al día siguiente, alrededor del mediodía, una segunda
agresión habría ocurrido. En el marco de la misma, Levis Artola Rugama,
beneficiario de medidas cautelares mediante
Resolución 56/18, fue trasladado a las celdas de máxima seguridad como
represalia a la negativa del estudiante a firmar un documento en que constan
las imputaciones de las que es objeto.
La Comisión también expresa su preocupación por la situación de las
personas privadas de libertad que requieren atención o tratamientos médicos
como es el caso de Max Francisco Cruz Gutiérrez, quien se encuentra preso en
“La Modelo” y sufre de una grave infección en su pierna derecha por una
herida con arma de fuego ocasionada al momento de su detención en octubre de
2018. Según información recibida, Max Cruz Gutiérrez no habría recibido
ninguna atención médica y las autoridades habrían negado a aceptar que la
familia proporcione medicamentos para tratar su infección, así como a
trasladarlo a un centro hospitalario.
Igualmente, a partir de la información y los testimonios recabados a
través del MESENI, la CIDH observa que persisten las detenciones ilegales y
arbitrarias en todo el país. Entre otros casos, el 12 de febrero, se tomó
conocimiento de 16 jóvenes detenidos en redadas policiales en Estelí. Los
jóvenes detenidos habrían participado en las protestas iniciadas el 18 de
abril en todo el país. Asimismo, se ha tenido conocimiento sobre nuevas
detenciones que habrían tenido lugar en la actualidad.
“El contexto de privación de libertad en Nicaragua constituye una de las
principales preocupaciones de la Comisión”, sostuvo el Comisionado Joel
Hernández, Relator para los Derechos de Personas Privadas de Libertad. “A
pesar de las obligaciones que tiene el Estado, y que derivan del deber que
tiene respecto de las personas bajo su custodia, éstas siguen enfrentándose
a una situación muy grave de riesgo que atenta contra su vida e integridad”,
agregó.
La CIDH viene siguiendo con atención los últimos desarrollos en el país y el 27 de febrero tomó conocimiento de que 100 personas privadas de la libertad habrían recibido “el beneficio de convivencia familiar y otras medidas cautelares” acorde a Nota de prensa del Estado. En sentido, la CIDH llama el Estado nicaragüense a aclarar las condiciones jurídicas de dichas liberaciones, así como sobre el número de personas liberadas.
La CIDH advierte que las personas defensoras y las organizaciones de la
sociedad civil continúan siendo afectadas por actos de intimidación y
hostigamiento. El 7 de febrero, la Red Nicaragüense por la Democracia y el
Desarrollo Local (Red Local) en Managua, fue allanada sin orden judicial. En
dicho allanamiento, los agentes del Estado requisaron documentos, una caja
fuerte y un vehículo. Además, la administradora y el contador de la
organización habrían sido detenidos y trasladados al Ministerio de
Gobernación donde fueron sometidos a interrogatorios y amenazas. Otras
personas trabajadoras de la Red Local también fueron asediadas en sus
propias casas por agentes de la policía nacional. Todo ello derivó en la
suspensión de actividades de la Red Local, la cual trabaja en
democratización y proyectos de desarrollo local y agrupa alrededor de 20
organizaciones de base correspondientes a 111 municipios del país.
Asimismo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha denunciado
vigilancia policial constante a través del despliegue desproporcionado de
agentes en las inmediaciones de sus oficinas, lo cual tendría por efecto
intimidar a quienes habitualmente acuden a presentar denuncias por
violaciones a derechos humanos. Además, según fuera informado en la
audiencia pública sobre la
“Situación general de derechos humanos en Nicaragua”, realizada en el
marco del 171 Periodo de Sesiones de la CIDH, el hostigamiento policial
contra ésta y otras organizaciones limita gravemente el trabajo de las
defensoras y defensores, especialmente de quienes defienden legalmente a las
personas judicializadas por su participación en las protestas.
La CIDH también ha recibido denuncias relacionadas con la participación
de las estructuras partidarias a nivel local y comunitario (por ejemplo, a
través de los denominados “Consejos del Poder Ciudadano”) para realizar una
caracterización política de las organizaciones que operan en el país.
Asimismo, recibió información sobre la presentación de un proyecto de
reforma tributaria que facultaría a las autoridades para otorgar exenciones
o gravámenes del impuesto a la renta a organizaciones de la sociedad civil
sobre la base de una evaluación discrecional en torno a sus actividades.
Estas medidas, en caso de que sea aprobadas, podrían facilitar el control
político de las organizaciones civiles y contribuir a perpetuar el ambiente
hostil para la defensa de los derechos humanos en el país, caracterizado por
las cancelaciones de personerías jurídicas de organizaciones, el
allanamiento arbitrario de sus bienes y documentos, la criminalización de
sus actividades de defensa y denuncia, y la expulsión de defensores.
Al respecto, la CIDH recuerda que las defensoras y defensores de derechos
humanos, desde distintos sectores de la sociedad y en algunos casos, desde
las instituciones estatales, brindan aportes fundamentales para la vigencia
y fortalecimiento de las sociedades democráticas. De allí que el respeto por
los derechos humanos en un Estado democrático dependa, en gran medida, de
las garantías efectivas y adecuadas que gocen las defensoras y defensores
para realizar libremente sus actividades.
“El Estado de Nicaragua debe cesar la represión y la criminalización de
quienes participaron en las protestas sociales, liberar a todas las personas
detenidas en ese contexto, restituir la personalidad jurídica de todas las
organizaciones que les ha sido cancelada, dar las garantías de juzgar
imparcialmente los hechos ocurridos a partir de abril de 2018, así como
restablecer los derechos la libertad de expresión y a la información”,
señaló la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora de País.
La Comisión Interamericana llama al Estado de Nicaragua a desarrollar un diálogo efectivo y legítimo. Para tal fin, dicho proceso debe orientarse bajo los principios de representatividad, incluyendo a los familiares de las víctimas y distintos sectores sociales, paridad en el diálogo de los distintos sectores sociales y de género, libertad de los presos políticos, y credibilidad en el cumplimiento de los acuerdos. Además debe permitirse en la práctica las manifestaciones públicas, cesando la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos a fin de desactivar el ambiente de intimidación y represión en todo el país. Igualmente, la CIDH recuerda que, en cualquier caso, el Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación.
La CIDH se pone a disposición de Estado de Nicaragua para apoyar el proceso de diálogo y la puesta en marcha de los acuerdos que se alcancen en materia de derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 051/19