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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
comunica su decisión de declarar el cumplimiento total y el cese del
seguimiento del Informe de Solución Amistosa No. 102/14, relativo al Caso
12.710, Marcos Gilberto Chaves y Sandra Chaves y felicita al Estado
argentino por el cumplimiento total de las medidas incluidas en el acuerdo
de solución amistosa suscrito entre las partes en dicho caso.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por
la condena perpetua de Marcos Gilberto Chaves y su hija, Sandra Beatriz
Chaves, por el presunto homicidio del cónyuge de Sandra Beatriz Chaves,
dentro del marco de una investigación con violaciones al debido proceso y a
las garantías de protección judicial.
El 5 de agosto de 2014, las partes suscribieron un Acuerdo de Solución
Amistosa que fue homologado por la CIDH el 7 de noviembre de 2014.
Adicionalmente, las partes suscribieron tres actas de compromiso para el
cumplimiento del acuerdo, el 24 de julio de 2014, 31 de julio de 2014, y 19
de septiembre de 2017.
La CIDH valoró los resultados individuales en el caso y observó que el
Estado conmutó las penas privativas de libertad perpetuas impuestas a Sandra
Beatriz Chaves y Marcos Gilberto Chaves; brindó asistencia psicológica y
médica necesaria a favor de Marco Gilberto Chaves, Sandra Beatriz Chaves, y
sus hijos Luz María y Marcos Nicolás González Chaves; adoptó medidas
efectivas de reinserción, particularmente en el ámbito laboral, respecto de
Sandra Beatriz Chaves y Marcos González Chaves; brindó asesoría a Marcos
González Chaves para obtener los requisitos necesarios para tramitar una
licencia. Con posterioridad y a solicitud de la parte peticionaria, el
Estado le otorgó un trabajo en el Programa Secretaría Privada del Ministerio
de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia. Asimismo, el
gobierno de Salta capacitó a Luz Maria González Chaves como mediadora
comunitaria con un curso de formación y posteriormente le asignó un trabajo
en el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia.
Igualmente, la Comisión valoró los resultados estructurales del caso y
observó que a través de Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobernador de la
Provincia de Salta No. 2.654/14, que adquirió carácter de Ley Provincial No.
7.857, se declaró la emergencia pública en materia social por violencia de
género. Dicha declaración fue acompañada por la creación de cinco juzgados
específicos de violencia familiar y de género. Adicionalmente, se agotó el
concurso y designación de los jueces de violencia intrafamiliar y de género
que se encuentran en funciones desde el 31 de agosto de 2015. En el mismo
sentido se creó un cargo de fiscal penal; cinco cargos de defensores de
violencia intrafamiliar y de género; y se creó la Unidad de Evaluación de
Riesgo de Violencia de Genero en el ámbito del Ministerio Publico. Por otro
lado, el Estado inauguró un Hogar de Protección Temporal para mujeres
víctimas de violencia y sus hijos menores, se implementó la entrega de
botones de pánico y se elaboró un plan provincial para la prevención,
abordaje y erradicación de la violencia de género, entre otras medidas.
También es de indicar que, producto de este acuerdo de solución amistosa, se
creó el Observatorio de Violencia contra mujeres a través de la Ley No.
7.863 para el diseño e implementación de políticas públicas tendientes a la
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Otros impactos de este emblemático acuerdo incluyen la impartición de
cursos y talleres, por parte del Ministerio de Justicia, sobre perspectiva
de género y violencia intrafamiliar y de género, destinados a fuerzas de
seguridad provinciales, agentes de salud, docentes y público en general;
desarrollándose dichas actividades en Salta y barrios aledaños, y en
diversos municipios. En ejecución de esta medida, se suscribieron talleres
de colaboración con instituciones vinculados a esa temática, entre los
cuales destaca el Estado, el Convenio de Cooperación, Asistencia Técnica y
Complementación suscrito con el Observatorio de Derechos Humanos de la
Nación el 27 de abril de 2015. Dentro del marco de dicho convenio se realizó
el Taller de Justicia en Perspectiva de Género y Trata de Personas con fines
de explotación sexual, con la participación de agentes estatales y de la
sociedad civil. Se realizaron 18 capacitaciones, de las cuales 14 tenían un
componente de género. El total de las capacitaciones con componente de
género incluyo a 1400 participantes de distintas agencias estatales como
cuerpos de Policía Municipales, Profesionales de Centros de Salud
Municipales, Cuerpos de Policía Provinciales, Cuerpos de Policía Federales,
Gendarmería Nacional, Aeroportuaria, Oficina de Rescate y Acompañamiento de
Víctimas de Trata de Personas, Periodistas, Estudiantes de Ciencias de la
Comunicación, Personal de Servicio Penitenciario, Personal de los Juzgados
de Familia, entre otras.
La Comisión Interamericana siguió de cerca el desarrollo de la solución
amistosa lograda en el presente caso y valoró altamente los esfuerzos
desplegados por ambas partes durante la negociación y posterior etapa de
seguimiento del acuerdo de solución amistosa. En virtud de la información
proporcionada por las partes y tomando en consideración la indicación de la
parte peticionaria de la satisfacción plena sobre el cumplimiento de la
totalidad de los compromisos asumidos en el acuerdo de solución amistosa y
las actas de compromisos. La CIDH declaró el cumplido totalmente el acuerdo
de solución amistosa y, en consecuencia, decidió cerrar la supervisión del
cumplimiento de este acuerdo de solución amistosa.
La CIDH congratula los esfuerzos realizados del Estado argentino en
buscar la resolución de casos ante el sistema, a través del mecanismo de
solución amistosa, y lo felicita por la total implementación del acuerdo de
solución amistosa. Asimismo, felicita a la parte peticionaria por todos los
esfuerzos realizados para avanzar en el cumplimiento del acuerdo de solución
amistosa.
Para mayor información sobre el procedimiento de solución amistosa, visite
la página web.
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