CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH observa persistencia en afectación a los derechos humanos en Venezuela
5 de abril de 2019
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
observa con preocupación el continuo hostigamiento a defensoras y defensores
de derechos humanos y al personal médico en Venezuela, así como los efectos
que la falta de electricidad y la crisis política y social tienen sobre la
población.
La CIDH sigue recibiendo información sobre el continuo hostigamiento
contra defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones de la
sociedad civil y periodistas que denuncian violaciones a los derechos
humanos. Según la información proporcionada por organizaciones de derechos
humanos, desde el 11 de marzo de 2018 hasta la fecha, se ha observado
nuevamente una intensificación en el patrón de hostigamiento a raíz de
declaraciones estigmatizantes por parte de autoridades del Estado, a través
distintos medios de comunicación y redes sociales, que, de acuerdo con
información presentada, en las últimas semanas al menos 5 personas que
habían sido señaladas previamente en los programas de televisión han
resultado detenidas, sin orden judicial. La Comisión recuerda que las
declaraciones estigmatizantes contra personas defensoras de derechos humanos
pueden contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por
parte de distintos sectores de la población, lo que puede acarrear una
afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora,
aumentando su vulnerabilidad. Por lo que insta al Estado a cesar con las
detenciones arbitrarias y selectivas de defensoras y defensores de derechos
humanos.
Recientemente, la Comisión ha recibido información sobre la represión
llevada a cabo en perjuicio de profesionales de la salud, docentes
universitarios y estudiantes de pre y postgrado de medicina que ejercen su
profesión en los hospitales del sistema de salud pública, que documentan y
denuncian la emergencia humanitaria. En particular, de acuerdo a la
información presentada, funcionarios policiales, militares y colectivos
armados, atacaron al personal médico que, ante la visita de la Misión de la
Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de la Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH), exigían sus derechos en los centros
hospitalarios. Como consecuencia, al menos 6 estudiantes universitarios de
ciencias de la salud se han visto afectado su derecho a la educación y han
sido expulsados de los centros hospitalarios donde prestaban servicios, sin
que se haya respetado el debido proceso. Por lo anterior, la CIDH expresa su
profunda preocupación por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir,
castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la protesta, libertad de
expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma
más amplia y derecho a la educación e insta al Estado a cesar la
criminalización de las protestas pacíficas.
La Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (REDESCA) reiteran su preocupación por las graves
afectaciones a los derechos humanos de los habitantes del país en el marco
del apagón del sistema eléctrico, ocurrido con posterioridad al 7 de marzo
de 2019, prolongado intermitentemente hasta el 13 de marzo de 2019,
aproximadamente y que ha afectado nuevamente al menos a 20 estados del país
entre el 26 y 31 de marzo de 2019. La CIDH insta al Estado a dar respuesta
inmediata a esta crisis y buscar formas de apalear los efectos de la falta
de suministro eléctrico en el país, para lograr su pleno restablecimiento.
En particular, la Comisión y su REDESCA subrayan el grave impacto que los
cortes eléctricos sostenidos y periódicos pueden tener sobre el derecho a la
salud y vida misma de algunos pacientes de hospitales, incrementando su
situación de riesgo como consecuencia del existente desabastecimiento de
medicamentos e insumos médicos, el deficiente funcionamiento de equipos, la
mala condición de las instalaciones y el reducido personal sanitario. Esta
situación se ve agravada por la también falta de provisión regular de
servicios de agua potable y saneamiento como las graves consecuencias que se
pueden generar para el derecho a la alimentación, en particular de niños,
niñas, adolescentes, personas mayores y aquellas con ciertas enfermedades y
patologías médicas, e inclusive limitaciones al derecho al trabajo como
consecuencia del recorte de la jornada laboral anunciada por el gobierno por
causa de este problema.
Asimismo, la CIDH y su REDESCA observan con preocupación que debido a la
falta de energía eléctrica se ha producido una paralización sustancial de
las actividades académicas durante el mes de marzo. Según la información
proporcionada por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en el mes de
marzo de 2019, los estudiante de educación básica y secundaria solo tuvieron
6 días de clases. En cuanto a las instituciones de educación superior, la
Comisión fue informada que las universidades autónomas se vieron en la
necesidad de suspender sus actividades con posterioridad a cada apagón y que
hasta la fecha no existe un reporte sobre los días que permanecieron
cerradas, ni de los planes de recuperación de las actividades académicas.
La CIDH y su REDESCA recuerdan que el derecho a la educación es
considerado como el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de
todos los derechos humanos, sirviendo de catalizador para generar una
ciudadanía crítica y participativa así como para influir el propio
desarrollo de las personas y las sociedades. En particular, en la enseñanza
superior, la libertad académica de docentes y estudiantes como la autonomía
de las instituciones son pilares fundamentales para fortalecer las
estructuras democráticas y evitar presiones o intervención de naturaleza
política. La Comisión también resalta que el derecho a la educación permite
atenuar el impacto psicosocial en situaciones de emergencia o conflicto,
reforzar la capacidad de ayuda a las personas afectadas en el contexto de
crisis y ofrecer herramientas para la estabilidad y reconstrucción social.
Por otra parte, la CIDH reitera su preocupación ante el cierre de los
pasos fronterizos entre Venezuela, Colombia y Brasil, decretado por el
Estado venezolano el 22 de febrero de 2019 y el impacto que este tipo de
medidas pueden tener sobre el derecho de cualquier persona a salir del
territorio de su país, así como el derecho a buscar y recibir asilo. En este
sentido, la Comisión exhorta nuevamente al Estado a adoptar todas las
medidas necesarias restablecer los pasos fronterizos y garantizar el derecho
de todas las personas a salir del territorio venezolano, así como de
solicitar y recibir asilo o protección complementaria.
En consonancia con lo anterior, la CIDH expresa su preocupación con relación a las múltiples dificultades y obstáculos que enfrentan las personas venezolanas para obtener o renovar sus pasaportes, así como para la expedición de otros documentos como cédulas de identidad, partidas de nacimiento, certificados de nacido vivo, certificado de antecedentes penales o el trámite de apostilla de documentos. La CIDH sigue recibiendo información que indica que las personas venezolanas enfrentan múltiples dificultades para la tramitación o renovación de estos documentos. La CIDH insta al Estado venezolano a garantizar los derechos a la personalidad jurídica e identidad mediante la emisión oportuna de los documentos antes descritos, así como el acceso y goce de otros derechos en Venezuela y los países de la región.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 091/19