CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH y su REDESCA expresan solidaridad al pueblo de Bahamas por los daños ocasionados por el huracán Dorian y llaman a urgente implementación de respuesta basada en los derechos humanos
23 de septiembre de 2019
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su profunda solidaridad al pueblo de Bahamas, y en particular a las personas que resultaron damnificadas por los daños ocasionados por el huracán Dorian desde el domingo 1 de septiembre en dicho país.
Luego de tres semanas del paso del huracán de categoría 5 que destruyó gravemente parte del país, especialmente las islas de Abaco y Grand Bahama, información preliminar a disposición de la CIDH y su REDESCA contabiliza la muerte de al menos 52 personas y aún 1,300 personas desaparecidas. Según la Cruz Roja, alrededor de 13,000 viviendas habrían sido destruidas o dañadas y aproximadamente 70,000 personas fueron afectadas y estarían en necesidad de asistencia humanitaria. Teniendo en cuenta la fuerza devastadora del mismo y los trabajos de rescate en curso, se prevé que estas cifras aumenten con el paso del tiempo. Declaraciones del Ministerio de Salud del país también reportan serios daños al principal hospital de Gran Bahama, y se dio aviso sobre daños a la infraestructura del mayor almacén de petróleo en la zona. Al respecto, según la empresa propietaria -Equinor-, al momento del desastre, habían 1.8 millones de barriles de crudo almacenados y se han observado filtraciones fuera de los tanques.
La CIDH y su REDESCA recuerdan que la Asamblea General de la OEA ha reconocido que “el cambio climático genera impactos negativos en todo el Hemisferio provocando la degradación de la calidad de vida y del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”. También subrayan que los vínculos entre el cambio climático y la ocurrencia de desastres ambientales cada vez más recurrentes amenazan el ejercicio de varios derechos humanos, incluyendo la generación del desplazamiento forzado de personas y el aumento de la desigualdad y la pobreza. Asimismo, notan que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como la alimentación, el agua potable y saneamiento, la vivienda o la salud, son por lo general amenazados y limitados severamente en estos casos de emergencia humanitaria, que también afectan al derecho al desarrollo.
Las estrategias contra el cambio climático no deben ser aisladas. Los Estados de la OEA en su conjunto deben coordinar esfuerzos entre sí para superar aquellos desafíos que esta situación plantea, incluyendo aquellos relacionados con la igualdad y la justicia ambiental. La Comisión y su REDESCA recuerdan que el artículo 30 de Carta de la OEA establece el compromiso de los Estados miembros de alcanzar la justicia social y el desarrollo integral como condición indispensable para la paz y la seguridad; asimismo, el artículo 31 del mismo instrumento establece que ¨el desarrollo integral es responsabilidad común y solidaria de los Estados miembros en el marco de los principios democráticos y de las instituciones del sistema interamericano¨. Por su parte el artículo XI de la Declaración Americana reconoce y protege el derecho a la preservación de la salud y el bienestar. De manera más específica, el artículo 26 de la Convención Americana establece una obligación de cooperación entre los Estados para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que debe considerarse incluido el derecho a un medio ambiente sano.
Las obligaciones de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos contenidas en el marco jurídico interamericano de protección a los derechos humanos, determinan ciertas exigencias a los Estados dentro de los espacios de regulación e institucionalidad relacionada con el medio ambiente. Así por ejemplo, la Corte IDH ha expresado que los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho al acceso a la información en relación con posibles afectaciones al medio ambiente, el acceso a la justicia y el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente y el acceso a la justicia.
Cabe asimismo recordar que, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el disfrute de los derechos humanos de todas las personas depende de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la social, la económica y la ambiental. En igual sentido, la Carta Democrática Interamericana considera “esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones”.
Con esas bases, la Comisión y su REDESCA recuerdan al Estado de Bahamas que las estrategias y planes para abordar la emergencia humanitaria así como la posterior reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por el huracán deben poner los derechos humanos en el centro. En palabras de la Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño: “deben priorizarse a las personas y grupos en mayor situación de vulnerabilidad, junto con los medios o instalaciones clave para la garantía de los derechos humanos, tales como hospitales, escuelas, instalaciones para la provisión de agua potable y saneamiento o centros de provisión de alimentos, así como el acceso a medios de financiamiento asequibles y oportunos para la recuperación de las viviendas afectadas”. Además afirmó que: “El Estado de Bahamas también debe diseñar políticas específicas a mediano y largo plazo para la adaptación y resiliencia a este tipo de desastres naturales”.
En este marco, la Relatora para Bahamas de la CIDH, Margarette May Macaulay afirmó que: “El Estado de Bahamas también debe identificar y proteger especialmente a las personas en riesgo de tráfico o explotación sexual, en particular mujeres, niños y niñas, quienes suelen estar una posición mayor de vulnerabilidad en este tipo de emergencias. Añadió que: “Del sistema interamericano se puede desprender que los Estados tienen la obligación de adoptar un marco jurídico e institucional que responda a los daños ambientales significativos que puedan afectar los derechos humanos”.
Por su parte, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, subrayó: “Las personas en situación de pobreza son quienes se ven más afectadas en estas situaciones ya que sus viviendas son menos resistentes, tienen menos recursos para mitigar y hacer frente individualmente a los efectos de los desastres naturales y el cambio climático, así como mayores obstáculos para acceder a protección social y financiera para recuperarse de los impactos del huracán. En general, están más expuestas a las enfermedades y riesgos para su vida e integridad personal, así como menos preparadas para superar posibles aumentos del precio de bienes y servicios básicos. Por ello, con arreglo a un enfoque de derechos, su atención debe priorizarse”.
Finalmente, la CIDH y su REDESCA hacen un llamado a los Estados de la región a apoyar inmediatamente y de manera coordinada con ayuda humanitaria para la población afectada de Bahamas, así como con las acciones de mitigación de los daños producidos por el huracán Dorian. En general, los Estados deben aunar esfuerzos y cooperar de manera decidida y concreta con estrategias y planes regionales que den una respuesta integral, adecuada y oportuna a desafíos ambientales compartidos y a los efectos que estos causan sobre los derechos humanos de las personas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La REDESCA es una Oficina de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.
No. 237/19