Washington, D.C. –
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato
del concejal venezolano Edmundo Rada y observa con preocupación que el mismo
se encuadra dentro de un patrón de persecución, hostigamientos, amenazas y
agresiones contra las personas que han decidido participar en política y son
identificadas con la oposición.
La CIDH condena categóricamente este crimen y advierte que debe ser
plenamente esclarecido por las autoridades venezolanas. Conforme a los
estándares interamericanos en la materia, debe iniciarse sin dilación una
investigación seria, imparcial y efectiva. Asimismo, la investigación debe
ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la
determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y,
eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los
hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes
estatales.
Edmundo Rada era un reconocido concejal del municipio Sucre por el
partido Voluntad Popular. Según información de conocimiento público, el
diputado habría desaparecido el día 16 de octubre en horas de la mañana. Su
cuerpo sin vida fue encontrado al día siguiente con dos impactos de bala y
parcialmente calcinado. La Comisión recibió información sugiriendo que el
crimen se habría cometido como represalia por haber participado en la
organización del recorrido del presidente de la Asamblea Nacional, Juan
Guaidó, en el sector del Petare el pasado 28 de septiembre.
Desde hace años, la CIDH ha venido dando seguimiento cercano a la crisis
política, social y económica que atraviesa Venezuela. En este marco, ha
podido corroborar de manera consistente la existencia de un clima de
persecución contra dirigentes de la oposición. Particularmente, durante el
periodo de sesiones número 173, se llevó a cabo una audiencia sobre
persecución política en Venezuela. Allí se presentó evidencia indicando que
funcionarios públicos, diputados de la Asamblea Nacional, activistas
comunitarios, denunciantes de corrupción, líderes sindicales y personas que
son identificadas con la oposición siguen sufriendo de manera sistemática
actos como: campañas de criminalización y desprestigio; agresiones;
detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; y ejecuciones
extrajudiciales. Adicionalmente, las organizaciones de sociedad civil
denunciaron que, a por lo menos 26 diputados de la Asamblea Nacional, se les
habría levantado de forma arbitraria su inmunidad parlamentaria como parte
de una estratégica articulada de ataques contra la oposición y la disidencia
política.
El Comisionado Relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, reafirma que
“las instituciones nacionales del Estado de Venezuela deben adoptar las
medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad
personal de las personas que participen en política, y las altas autoridades
del Estado deben abstenerse de realizar declaraciones estigmatizantes que
generan un clima de animadversión”.
“Es urgente que se consolide la democracia en Venezuela y se brinden plenas garantías para la participación política”, agrega la Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 284/19