CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH y sus Relatorías Especiales RELE y REDESCA manifiestan grave preocupación por violaciones al derecho a la información en Nicaragua y sus consecuencias para el acceso a la salud en el marco de la pandemia Covid-19
27 de mayo de 2020
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales (RELE y REDESCA) expresan grave preocupación ante la ausencia de información fidedigna y la persistencia de desinformación oficial sobre el alcance de la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua, lo que violenta el derecho a acceso a la información de la población en un momento crucial para la salud de la población e impide evaluar la responsabilidad de las autoridades frente a la emergencia sanitaria.
El monitoreo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH ha constatado que el gobierno de Nicaragua ha proporcionado hasta la fecha información poco confiable sobre la cantidad acumulada de personas infectadas por COVID-19, las personas fallecidas y las personas recuperadas. Esta información, que sólo puede producir el Estado, es prioritaria y valiosa para garantizar la salud humana.
Sin embargo, la información aportada hasta el 22 de mayo de 2020 es confusa o inespecífica sobre el modo en que se han producido los contagios y elaborados e implementados los protocolos de seguimiento de los casos sospechosos. Tampoco hay una periodicidad preestablecida, lo cuál hace difícil determinar la cantidad y tipo de pruebas realizadas a diario, cuántas resultan positivas, así como la evolución y localización territorial de los casos. La información oficial tampoco permite conocer la situación del personal de salud y la capacidad hospitalaria para enfrentar la emergencia, entre otros indicadores.
En el martes 19, durante una conferencia de prensa, la Ministra de Salud reportó 254 personas infectadas desde el comienzo de la pandemia, de las cuales 199 se habrían recuperado. Durante una conferencia de prensa, las autoridades también reportaron 9 nuevos fallecimientos vinculados a Covid-19.
La Comisión toma nota de que varias investigaciones independientes cuestionaron las cifras oficiales comunicadas hasta ese momento (25 personas con Covid-19 acumulados y 8 fallecidos que lo habían contraído), al tiempo que llama al Estado a proporcionar información oportuna, completa y desagregada sobre la pandemia. En efecto, el Observatorio Ciudadano COVID-19 de la sociedad civil, y distintas investigaciones periodísticas, venían reportando una cantidad sustancialmente mayor de casos confirmados por medio de pruebas de laboratorio y personas que presentarían los síntomas de haber contraído COVID-19 en Nicaragua.
A través de una carta, nueve ex ministros de salud de Nicaragua también denunciaron irregularidades en el tratamiento de la emergencia sanitara, así como la producción y transparencia de la información respecto a la pandemia. Medios de comunicación independientes, con base en fuentes médicas, denuncian que se habrían confirmado aproximadamente 1300 casos positivos, pero la mayor parte de los casos se estaría ocultando. Los informes estiman que Nicaragua ingresó en una fase de contagio comunitario, aún cuando el gobierno no ha reconocido esta situación.
En los últimos días, distintos medios también dieron cuenta de entierros de personas fallecidas que habrían mostrado los síntomas que produce el virus; en muchos de estos casos las autoridades habrían ordenado realizar el sepelio de forma urgente y durante la noche, sin realizar las pruebas para detectar si estaban contagiados al momento del deceso.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en tanto, ha manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación sobre la falta de información en Nicaragua, como indica el reglamento sanitario internacional. Días atrás, Ciro Ugarte (Director de Emergencias en Salud de la OPS), explicó en conferencia de prensa que Nicaragua es el único país de la región en el que no se ha podido determinar la modalidad de transmisión del Covid-19, mostró preocupación por un posible aumento de casos no reportados oficialmente en Managua y Chinandega, y por el incremento inusual de los fallecimientos por neumonía atípica. La OPS reiteró el martes 19 su petición a Nicaragua para poder visitar el país y analizar la situación que se vive por el coronavirus y brindar una mejor cooperación.
“La CIDH ha insistido en el especial cuidado que las altas autoridades deben tener en sus pronunciamientos y declaraciones respecto de la evolución de la pandemia. En las actuales circunstancias, constituye un deber que las autoridades estatales informen a la población, y que, al pronunciarse al respecto, actúen con diligencia y cuenten en forma razonable con base científica”, expresó la comisionada Antonia Urrejola, relatora de país para Nicaragua. “El Estado de Nicaragua no está siguiendo estas recomendaciones, por el contrario, se han adoptado medidas contrarias a lo que la evidencia científica y las recomendaciones internacionales indican para combatir el contagio: la necesidad de adoptar políticas aislamiento social y abstenerse de promover aglomeraciones”, añadió la comisionada.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha reiterado durante la emergencia, el vínculo estrecho que existe en el contexto actual entre la disponibilidad de información pública por parte de las comunidades, para salvar vidas, adoptar precauciones y monitorear la respuesta del gobierno desde todo punto de vista.
“Los gobiernos están obligados, en virtud de las normas sobre derechos humanos, a proporcionar información fidedigna y desagregada sobre la pandemia, evitando promover la desinformación. También deben ser transparentes en relación con las medidas que las comunidades deben adoptar para protegrse, prestando especial atención a las personas con dificultades de acceso a los medios masivos y a Internet”, indicó el relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.
Del mismo modo, la CIDH y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han manifestado en forma reiterada su preocupación sobre el acceso de la población de Nicaragua al derecho a la salud, el segundo país más pobre de América Latina, lo que agrava la situación en el actual contexto.
“El impacto del COVID-19 en la vida y salud del pueblo nicaragüense es sumamente preocupante, en un contexto de escasez, desinformación oficial y persecución al personal médico y de salud. El Estado debe cumplir sin dilaciones con su obligación de respeto y garantía del derecho a la salud, lo que incluye la protección efectiva de las personas que trabajan en el sector salud en forma incansable”, indicó Soledad García Muñoz, relatora sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.
La REDESCA y la RELE son oficinas especiales de la CIDH, especialmente creadas para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de sus respectivos mandatos: sobre promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano (REDESCA); y para la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión (RELE).
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 119/20