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Comunicado de Prensa

CIDH presenta caso sobre Ecuador ante la Corte Interamericana

10 de julio de 2020

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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 19 de junio de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Hermanos Casierra y familia, respecto de Ecuador. El caso se relaciona con la muerte de Luis Eduardo Casierra Quiñonez y las lesiones de Andrés Alejandro Casierra Quiñonez por parte de agentes de la Armada Nacional en diciembre de 1999, y la situación de impunidad de lo sucedido.

En su Informe de Fondo la Comisión consideró que no existe controversia respecto de que Luis Eduardo Casierra fue herido y luego falleció, y que Andrés Alejandro Casierra resultó herido como consecuencia del uso de la fuerza letal por parte agentes de la Armada Nacional. La CIDH consideró que el Estado no aportó una explicación satisfactoria sobre el uso de la fuerza letal, que fuera el resultado de una investigación independiente, imparcial y con la debida diligencia. Asimismo, concluyó que el uso de la fuerza empleado por el Estado no tuvo una finalidad legítima, y resultó innecesario y desproporcionado. En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de Luis Eduardo, y del derecho a la integridad personal de Andrés Alejandro.

Adicionalmente, la Comisión observó que la investigación seguida a los miembros de la Armada Nacional que participaron de la muerte y lesiones de los hermanos Casierra se llevó a cabo ante la jurisdicción penal militar. La CIDH resaltó que, tratándose de violaciones de derechos humanos y puntualmente de violaciones de los derechos a la vida e integridad personal, los hechos no podían ser considerados posibles delitos de función y, por lo tanto, la investigación debió adelantarse en el fuero ordinario. En virtud de lo señalado, la Comisión concluyó que, al aplicar la justicia penal militar al presente caso, el Estado ecuatoriano violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, específicamente el derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial, así como a contar con un recurso judicial adecuado y efectivo.

Finalmente, la CIDH concluyó que el Estado vulneró el derecho a la integridad personal de los familiares de los hermanos Casierra identificados en el Informe de Fondo. Ello, en tanto la pérdida de un ser querido y las lesiones de otro, así como la ausencia de verdad y justicia, ocasionaron sufrimiento y angustia en perjuicio de sus familiares.

En su Informe de Fondo la Comisión Interamericana recomendó al Estado:

  1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el aspecto material como inmaterial, incluyendo medidas de satisfacción y una compensación económica.
  2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Andrés Alejandro Casierra Quiñonez y sus familiares, de ser su voluntad y de manera concertada.
  3. Iniciar una investigación en el fuero penal ordinario de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe. Tomando en cuenta la gravedad de las violaciones declaradas y los estándares interamericanos al respecto, la Comisión destaca que el Estado no podrá oponer la garantía de ne bis in ídem, cosa juzgada o prescripción, para justificar el incumplimiento de esta recomendación.
  4. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) la capacitación de los cuerpos de la Armada del Ecuador en cuanto a estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal; ii) establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas respecto de abusos cometidos por los miembros de tales cuerpos de seguridad; iii) fortalecer la capacidad investigativa de casos de uso de la fuerza letal, a fin de que las mismas sean compatibles con los estándares descritos en el informe; y iv) asegurar que la normativa interna y su interpretación sean compatibles con los estándares descritos en el informe en cuanto a la aplicación de la justicia penal militar.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 163/20